La política de las ‘jugaditas’
La reforma pensional se aprobó con críticas por las maniobras de lado y lado. Ahora depende de la revisión de la Corte Constitucional
Es lamentable que una reforma tan importante y necesaria como la pensional no haya salido del Congreso de Colombia con total certeza y genere dudas ante la posibilidad de que se caiga en la Corte Constitucional por lo que pasó al final: se aprobó sin ser debatida en la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde se acogió por mayoría el texto como salió del Senado. Los partidarios del proyecto respondieron con esa controvertida maniobra a las muchas “jugaditas” que usaron desde la oposición para bloquearla. Ese “pupitrazo”, dicen algunos juristas, la pone en riesgo ante la Corte Constitucional.
En el país había consenso sobre la necesidad de hacer una reforma pensional desde hace tiempo. La que presentó el Gobierno del presidente Gustavo Petro tenía un importante nivel de respaldo, se debatió en el camino, se modificó con aportes de distintos sectores y, como es natural, motivó mucho debate por los detalles: los montos de cotización, las comisiones de los fondos privados, los costos, la vigilancia de los dineros del ahorro pensional, el momento para ponerla en marcha y las excepciones sobre la norma general, entre otros puntos de discordia. Contrario a lo que hoy se afirma desde sectores de oposición, hubo debate amplio y modificaciones al texto original aunque en el último paso se haya votado sin cumplir ese requisito.
Cada artículo mueve múltiples intereses y es natural que en la democracias se enfrenten las distintas posiciones para tratar de ganar las mayorías en el Congreso. Lo que es menos democrático es el uso del pupitrazo, sabotear el trámite, abusar con los recursos para enredar lo que es obligación para los congresistas: el debate y la discusión sobre las reformas. Sin embargo, desde hace tiempo la política se hace mucho más con las estrategias algo turbias de la politiquería y menos con los argumentos y la búsqueda de responder a los intereses colectivos.
Hace unos días algunos celebramos los acuerdos que se venían logrando para sacar adelante varios proyectos en el Congreso sobre la base de la discusión y la búsqueda de acuerdos entre las distintas bancadas. Hoy, volvemos a la realidad de la política. En esta ocasión el Gobierno y su bancada, con el apoyo de congresistas de varios partidos, se jugaron la carta de aprobar lo que pasó en el Senado con todo el riesgo que corre en la Corte, porque la oposición también usó todas las herramientas posibles para interrumpir el debate. Según la ponente del proyecto, Martha Alfonso Jurado, se presentaron 150 impedimentos, 100 recusaciones, 800 proposiciones para 94 artículos y en dos ocasiones se logró romper el quórum. “Nos llevaron contra la pared y a la sin salida. Era esto o que se hundiera la reforma”, dijo la representante.
Todas las estrategias que ella cita son de uso frecuente y corriente en el Congreso. Que sea así no significa que sean prácticas convenientes o que le sirvan a la democracia. Lo deseable es que se cumplan los debates, que no se abuse de los recursos de procedimiento, que no se hagan bloqueos al ejercicio democrático y se llegue a decisiones por la vía de la concertación y los acuerdos o por la votación para que sean las mayorías las que se pronuncien. Sin embargo, lo deseable en política nunca es lo real. Las jugaditas, las triquiñuelas pesan más que el debate de fondo.
Con la reforma pensional quedó claro que el Gobierno tenía los votos necesarios en la Cámara. No era entonces la falta de respaldo lo que llevó al pupitrazo, fue el temor a una dilación en el Senado en el momento de la conciliación. Eso habría hundido la reforma. Se perdieron los ajustes hechos en la comisión séptima de la Cámara que, según varias voces de expertos, mejoraban el proyecto y corregían errores que pueden generar vacíos.
A pesar de todas las dificultades, la aprobada es una reforma que se había aplazado por décadas y puede mejorar el panorama actual, en especial porque apunta a resolver la inmensa desigualdad entre los pocos que tienen acceso a una pensión y los muchos que viven la vejez en la miseria. También corrige la inequidad, menos discutida, entre los pensionados de fondos privados y los de Colpensiones. En la reforma por lo menos se plantean las mismas reglas de juego para todos los trabajadores a la hora de recibir una pensión. Hoy eso no es así.
Será motivo de debate lo que pase en el futuro con los pensionados de clase media que se verán afectados con este cambio. En los detalles hay mucho debate, en el fondo, una reforma que va en el que parece ser el sentido correcto desde el punto de vista de equidad social. Lo que viene ahora es esperar la decisión de la Corte Constitucional, hacer el complejo proceso de reglamentación y la pedagogía sobre lo que fue aprobado porque hay mucha desinformación, generada por los intereses políticos.
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