Jubilación temprana para campesinos, afros e indígenas: la historia del artículo que se coló a último minuto en la reforma pensional de Petro

El senador indígena Richard Fuelantala mantuvo en vilo la aprobación de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro la noche del pasado martes en la plenaria del Congreso de la República. El congresista del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) se salió del recinto en medio de la votación del último artículo del proyecto de ley, molesto porque sus compañeros del gobiernista Pacto Histórico habían rechazado su propuesta de disminuir la edad y las semanas de pensión para las poblaciones étnicas y rurales de Colombia. Sin él, se rompía el cuórum de 53 parlamentarios necesarios para votar la reforma y el proyecto legislativo más importante que tiene vivo el Gobierno en el Congreso no se podía aprobar.

Vestido con una ruana blanca, símbolo del campesinado, el senador explicó en un corredor del Capitolio los sustentos de su propuesta: “La esperanza de vida de la población rural, según la ONU, es de 20 años de vida menos que la del resto”, dijo. El congresista, que hace parte de la coalición de Gobierno, lleva menos de un semestre en el cargo. Llegó al Senado en noviembre de 2023 en remplazo de Polivio Leandro Rosales, cuya elección anuló el Consejo de Estado. En su gran estreno legislativo, Fuelantala puso ejemplos de departamentos en Colombia donde la esperanza de vida es mucho menor a la de las ciudades capitales. “En el Chocó la esperanza de vida es 66 años, en Guainía y el Amazonas es de 66,8 años. De nada sirve que aprueben una renta básica a los 65 años, cuando la esperanza de vida es de 66″, dijo con convicción. Sus argumentos, sin embargo, no fueron suficientes para que el Gobierno apoyara la idea. De hecho, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió que la propuesta es inconstitucional. Cuando las mayorías votaron en contra, el senador originario del departamento de Nariño se salió. Si sus aliados no lo apoyaban, no habría reforma pensional.

En videos que circulan en redes sociales quedó registrado que el director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López, hasta noviembre senador por el Pacto Histórico, y el mismo ministro Velasco, salieron a buscar a Fuelantala. Lo encontraron en una sala anexa donde le pidieron, casi le rogaron, que volviera a entrar. Tras unos minutos, el médico veterinario y zootecnista de la Universidad Caldas aceptó regresar, pero con condiciones. Entró a la plenaria entre aplausos y pidió la palabra: “Solicitamos un trato diferencial para la población rural colombiana. El Gobierno nacional ha dicho que ellos, los más vulnerables, son el centro de las políticas públicas. Por eso someto nuevamente la proposición para que se reconsidere y se vuelva a votar”, dijo, dejando claro su exigencia.

El ahora senador fue concejal del municipio de Cumbal, Nariño, entre 2001 y 2003, y alcalde de 2005 a 2007. Más adelante trabajó como subsecretario departamental de Agricultura, designado por el actual embajador en Argentina, Camilo Romero. Su preocupación por el campesinado encaja en su trayectoria: no solo es su área de estudios, sino que ha sido líder del sector lácteo, presidente de la organización Dignidad Ganadera y cofundador de Dignidad Agropecuaria, una sombrilla de movimientos de pequeños trabajadores rurales que impulsó un fuerte paro agrario en 2013.

También es esperable su defensa de los derechos de las comunidades étnicas. De hecho, en la plenaria recibió el apoyo del senador afro Paulino Riascos, del partido Alianza Democrática Amplia (ADA), que propuso incluir en el régimen diferenciado de pensiones a los pueblos negros, palenqueros y Rrom o gitanos. “Yo soy parte del Gobierno nacional, estoy votando, pero estoy igual de inconforme que mi compañero porque se nos hundió el artículo étnico, con enfoque diferencial, de la reforma”, dijo Riascos.

Entre los dos, y con la ayuda del representante a la Cámara David Racero, y de varios asesores de los ministerios de Trabajo y del Interior, redactaron a mano, con un lapicero negro, un artículo nuevo que recogía sus preocupaciones. El artículo quedó en el proyecto como el 94, y se titula “Trato diferencial a los pueblos indígenas, comunidades negras, raizales y palenqueras y campesinado”. Dice: “Todas las menciones específicas a un número de años o de semanas que se exigen como requisito para un beneficio deberán ajustarse a la baja en razón a la diferencia entre la esperanza de vida general de los colombianos y la esperanza de quienes perteneces a estas comunidades”.

El artículo, que fue aprobado a toda velocidad por las mayorías del Senado para salvar la reforma, establece que, en el primer año de vigencia de la ley, el DANE deberá calcular esa diferencia en la esperanza de vida. Con base en ese dato, el Ministerio de Trabajo determinará el número de años y de semanas que se aplicarán a cada uno de los grupos étnicos mencionados para que puedan tener derecho a la pensión o a la renta básica (el subsidio para los adultos mayores en edad de jubilación que no cotizaron la suficiente para una mesada).

El problema, ahora, es si la Cámara de Representantes avala ese tratamiento diferenciado. Aunque el presidente Gustavo Petro no se ha referido en concreto al nuevo artículo, publicó un video en el que promete que le dará pensión a millones de campesinos. “Si el campesinado cafetero sostuvo a Colombia, a su Estado, a sus políticos, magistrados y presidentes, durante un siglo, ¿por qué no tienen pensión hoy? Nosotros se la vamos a dar”, escribió en su cuenta de X.

Sin embargo, algunas voces políticas y gremiales, ajenas al Gobierno, han expresado su preocupación frente a la idea de adelantar la pensión para esos grupos étnicos y sociales. La principal crítica es que no hay un estudio fiscal que determine si es o no viable económicamente o cuál será el impacto de ese cambio sobre la sostenibilidad de un sistema que, según la ministra de Trabajo, en todo caso se debe revisar hacia 2050 porque se acabarán los ahorros.

El economista José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, es uno de quienes han prendido las alarmas: “A último minuto se introdujo un artículo en la reforma pensional que potencialmente crea un sistema pensional diferente para el 41% de los colombianos. Un sistema sin claridad en parámetros y costos. Sabemos que hay comunidades rezagadas y con retos enormes. No obstante, una discusión de tanta importancia no se puede improvisar”. López señala que la población campesina representa 29% del total, cerca de 15 millones de personas; las comunidades indígenas, gitanos o Rrom, raizales y palenqueras agregan otro 5% y el pueblo afrodescendiente, negro y mulato representa un 7% adicional. En total, serían casi 20 millones de personas quienes tendrían condiciones de pensión distintas.

La senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, que se opuso a la reforma pensional del Gobierno, rechazó el nuevo artículo. “Es preocupante el impacto fiscal de este proyecto de ley en los términos propuestos por el Gobierno. La Cámara de Representantes deberá evaluar atentamente los riesgos de los artículos que pretendan añadirle a la reforma sin estudio previo”. Quedan dos meses para que la Cámara estudie este artículo, al igual que toda la reforma, tiempo suficiente para que deje de ser una medida incluida a última hora y haga parte del debate.

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