La grieta de Viena en el consenso de la guerra contra las drogas

La semana pasada, como cada año desde hace casi siete décadas, tuvo lugar la sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) en la sede de la ONU de Viena. En este espacio, representantes de 53 estados miembros se reúnen a examinar y adoptar una serie de decisiones y resoluciones que marcan la política mundial sobre drogas. La CND se caracteriza por el conocido “consenso de Viena”: los países miembros llevan todo este tiempo acordando las resoluciones por consenso. Una manera de operar que no solo ralentiza los cambios en esta materia, sino que impide responder efectivamente a los nuevos desafíos y ha permitido que ciertos países bloqueen o veten resoluciones, términos o enfoques considerados reformistas.

Este año, además de la sesión regular, se llevó a cabo un segmento ministerial de alto nivel para revisar, a mitad de periodo, el progreso de los compromisos adquiridos en la Declaración Ministerial de 2019. Como era de esperarse, esta revisión no fue exhaustiva, detallada ni crítica. A pesar de reconocer que el “problema mundial de las drogas” continúa y que los mercados de drogas se están expandiendo, diversificando e intensificando, no se anunciaron grandes cambios en el camino a seguir. En resumen, el hámster sigue corriendo dentro de su rueda.

Pero este 2024 ha visto cuatro hitos que, puestos en conjunto, marcan una posible grieta en el consenso de la guerra contra las drogas a través de esta sesión en la CND.

El primero llegó con la presencia e intervención del secretario de Estado, Antony Blinken, durante ese encuentro inicial de alto nivel. Blinken centró su intervención en las drogas sintéticas, combinando el tono conservador característico de este espacio con indicios de una perspectiva más receptiva al cambio. Por un lado, solicitó mayor fiscalización de los precursores químicos que son usados de manera ilícita para producir las drogas sintéticas y anunció una inversión de aproximadamente 170 millones de dólares para combatir las amenazas de las drogas sintéticas en todo el mundo, posicionándolas como el nuevo enemigo a combatir. Algo que sugiere que está en marcha una nueva versión de la guerra contra las drogas en el continente americano.

Por otro lado, mencionó que, por primera vez, su país está priorizando la reducción de la demanda sobre la oferta, e instó a un mayor esfuerzo para reducir las muertes por sobredosis señalando que hay creciente evidencia sobre cómo la reducción de daños, el tratamiento y la prevención pueden salvar vidas. Además, desvelando la posible verdadera razón de su presencia, solicitó a los países presentes respaldar la adopción de una resolución patrocinada por EE. UU. que promueve estas medidas. Es decir, hay más corresponsabilidad y un esfuerzo por abordar el consumo de drogas desde enfoques de salud pública.

El segundo momento llegó con otra figura: Volker Türk. Por primera vez, un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace presencia en este recinto. Algo llamativo, dado que las políticas de drogas y los derechos humanos están intrínsecamente relacionados. Sin embargo, existe una marcada división entre estos dos ámbitos, representados respectivamente por las sedes de la ONU en Ginebra y Viena. Año tras año, por ejemplo, la vienesa Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publica anualmente su informe, que tiende a pasar por alto los efectos negativos de las políticas de drogas punitivas, represivas y estigmatizadoras, implementadas en varios países, que incluyen imposición de la pena de muerte, detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales y el aumento de la población carcelaria, como método para lograr un “mundo libre de drogas”.

Entonces, la presencia e intervención del Alto Comisionado, haciendo un llamado a poner en marcha un enfoque transformador en las políticas de drogas, es un hito. Sin embargo, también plantea la pregunta de cómo se va a capitalizar este momento para lograr que Ginebra, así como otras oficinas de Naciones Unidas, tengan un papel más destacado en la configuración de la política mundial sobre drogas.

Esto nos lleva al tercer momento clave, quizás el central: el quiebre del consenso de Viena. Por primera vez en la historia reciente, los Estados miembros recurrieron a votar y aprobar dos resoluciones: una sobre desarrollo alternativo (45 votos a favor) y otra sobre prevención de sobredosis de drogas mediante enfoques de salud pública (38 votos a favor). Según el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), aunque las negociaciones fueron largas y varios países que apoyaban las resoluciones no querían ceder ante ciertas peticiones, los patrocinadores, como Tailandia y EE UU, abogaron hasta el final por adoptar las resoluciones por consenso. Otros, encabezados por Irán y Rusia, que estaban obstaculizando las resoluciones, fueron quienes solicitaron la votación.

La resolución liderada por EE UU, conectada a la sugerencia de Blinken, generó gran controversia al incluir el término “reducción de daños”: un enfoque que busca minimizar los riesgos asociados con el uso de sustancias psicoactivas, priorizando los derechos humanos y la salud pública en lugar de la prohibición y criminalización. Curiosamente, un término al que, en el pasado, EE UU también se ha opuesto.

Ahora queda por ver qué implicaciones tendrá este precedente en futuras sesiones y en el debate internacional sobre el control de drogas. Por ejemplo, si habrá cierta nostalgia por haber roto la esencia de estas sesiones y esta votación fue solo una excepción, si países como Rusia, China e Irán lo utilizarán a su favor para continuamente criticar la posición de EE UU y sus aliados por “no estar comprometidos con un mundo libre de drogas”, o si la votación se empleará nuevamente para avanzar en políticas de drogas más progresistas. Lo que queda claro es que EE UU sigue teniendo un gran peso en estos espacios y, si no fuera el patrocinador de esa resolución, el resultado posiblemente sería otro.

El último hito es el liderazgo que Colombia está ejerciendo en este escenario, empujado por la embajadora del país, Laura Gil, en Viena. Aunque no siempre existe coherencia entre los discursos internacionales y las políticas implementadas a nivel nacional y local, era justo y necesario que el país reconocido como uno de los mejores alumnos en la (fallida) lucha contra las drogas comenzara a posicionarse como una voz de cambio.

Durante el segmento de alto nivel, de manera virtual, el presidente Petro fue más contundente que nunca en su discurso, calificando al sistema internacional de fiscalización como “anacrónico e indolente” y resaltando la necesidad de una ONU que no sea “sorda ni ciega”. Además, el canciller Murillo, presente en la CND, intervino para leer la declaración conjunta de 62 países, liderada por Colombia (algo impensables años atrás), que demanda una transformación en la visión de la política mundial de drogas. Y tanto el impulso de Colombia como los hitos anteriores son también el resultado del arduo trabajo y la incidencia de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Ante la decisión de Colombia de convertirse en una voz de cambio, también surgen algunas preguntas: ¿cómo aprovechará el país los últimos dos años de este Gobierno, considerando que una opción es que el próximo gobierno retome un enfoque pasivo y conservador en materia de drogas? ¿Cómo se mantendrá y consolidará el bloque de 62 países que buscan un cambio en esta área? Y, por último, ¿se aprovechará de alguna manera el hecho de que EE UU ya no sitúa a la cocaína en el centro de su discurso antidrogas?

Todos estos hitos juntos sugieren que, al menos en esta ocasión, el equilibrio se ha alejado del punto prohibicionista en el que se ha mantenido el sistema en las últimas décadas. Lo que no sabemos aún es si se consolidará el cambio de dirección o si el péndulo terminará por volver a su posición original.

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