¿Fiscal de quién?

La forma como quedó creada la Fiscalía en la Constitución del 91 —“El Fiscal General de la Nación será elegido para un periodo de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el presidente de la República y no podrá ser reelegido”— es la norma que tuvo al país en el sobresalto de la elección del reemplazo de la fiscal encargada Martha Mancera. También es la causante de que, cada vez que el presidente elabora la terna para fiscal, se busque la paternidad de quienes la integran. En el caso actual, se ha dicho que el presidente Gustavo Petro no conoce a ninguna de las ternadas, por lo que la gente empezó a especular sobre la autoría del triunvirato. Algunos señalaron al señor ministro de la Defensa, Iván Velásquez, pero él rechazó el rumor y a la gente hay que creerle lo que dice. Total, no sabemos quién le recomendó al presidente los nombres de Angela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda. El 26 de septiembre, el presidente cambió a la doctora Amparo Cerón y designó a la exmagistrada Luz Adriana Camargo Garzón.

El intento de la Corte para escoger a la fiscal se ha visto perturbado por el intento de asalto al Palacio de Justicia, felizmente frustrado por la fuerza pública, y por la publicación de trinos de uno de los esposos de una de las ternadas, que en nada la comprometen pero que de todas maneras afectó el respaldo que en alguna de las votaciones de una jornada anterior había alcanzado, aunque no lo suficiente para haber sido escogida. Le faltaron tres votos. El asunto ha llegado a ser tan dramático que el Reporte Coronell, en La W, habló de una conspiración para favorecer la interinidad en la Fiscalía mediante la estrategia de enredar el proceso. Lo que nadie se imaginó es que el último obstáculo fuera el protagonizado por la doctora Amelia Pérez, quien presentó su renuncia a la terna cinco minutos antes de que la Corte procediera a votar y considerara que no tenía la competencia para aceptarla o rechazarla. Ni que la terna permanecía idéntica. La Corte escogió por mayoría, como fiscal general de la Nación, a la exmagistrada Luz Adriana Camargo Garzón, designación que cayó muy bien entre los que considerábamos necesario poner fin a la interinidad. Tiene una hoja de vida impecable. La Corte se quitó un piano de encima.

La única manera de resolver de fondo este problema de buscarle dueño al fiscal es volviendo a la tesis original del proyecto del Movimiento de Salvación Nacional en la Asamblea Constituyente del 91, consistente en poner la política criminal del Estado en cabeza del presidente de la República, entregándole las funciones de la Fiscalía al ministro de Justicia. Es la mejor manera de evitar el parto doloroso de cada cuatro años para elegir fiscal general de la Nación. El presidente, elegido por el pueblo, responderá por la lucha contra el crimen y será más fácil evaluar si la política de seguridad y la lucha contra la corrupción mejoraron o empeoraron. Si falla cualquier hecho que tenga que ver con la seguridad o la lucha contra el crimen y la corrupción, será culpa del jefe de Estado.

Además, como lo ha demostrado el exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, al reformar las funciones del fiscal cuando se adoptó el sistema acusatorio y perdió las funciones judiciales, no se justifica que pertenezca al poder judicial. Debe hacer parte del poder Ejecutivo, como en los países donde hay sistema acusatorio.

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