El hermano de Petro vuelve a entrometerse en los asuntos del Gobierno sin ostentar ningún cargo

El hermano menor del presidente, Juan Fernando Petro, cada cierto tiempo es cuestionado por estar en reuniones con políticos o mafiosos que dejan un mal sabor. La última de estas reuniones ocurrió el lunes pasado, en la ciudad de Medellín, donde se reunió en un restaurante con 11 alcaldes de pequeños municipios en la costa norte del país—todos de la zona que se denomina Urabá Antioqueño. Petro hermano no quería que fuera una reunión que saliera en la prensa, y cuando el periodista del medio IFM Noticias lo encontró allí, Juan Fernando pidió que le quitaran el celular. “No puede salir ninguna foto de aquí”, dijo el hermano del presidente, según narró luego el director del medio. La foto salió. La información de lo que se habló, también. Juan Fernando Petro, quien no es funcionario público, escuchó a los alcaldes hablar sobre educación, salud o paz, y prometió enviarle sus preocupaciones al presidente. Los alcaldes narraron al medio La Silla Vacía que ya habían intentado comunicarse por otra vía institucional con el mandatario pero, al no resultar, buscaron al hermano menor.

“¿Uno a quién busca para enviar una razón? A la mamá, al papá o al hermano”, les dijo uno de ellos. La familia aveces funciona mejor que el Estado.

Una vez salió a la luz la reunión, el hermano pasó entonces a responder preguntas. ¿Por qué estaba allí? ¿Es mensajero del presidente? “Si recorrer lo municipios es un crimen, que entonces me metan a la cárcel”, respondió a Caracol Radio, y confirmó que no tiene ningún rol oficial en el gobierno para hacer de mensajero. Su objetivo, dice, es acercarse a las comunidades para entender sus preocupaciones y transmitirlas a ‘alguien’ con poder. “Yo no soy la Institución, yo no soy la gobernabilidad, pero tiene que ver un berraco ministro, un gobernador, un diputado, alguien que le importe lo que sucede allá”, dijo.

El hermano del presidente es conocido en la opinión pública no tanto por su trabajo como activista—trabajaba en la ONG Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos— sino por sus reuniones cuestionadas. En abril del 2022, cuando Gustavo Petro aún era candidato, Caracol Noticias reveló que Juan Fernando había entrado a la cárcel La Picota a reunirse con políticos condenados (por corrupción o homicidios) que querían entrar al programa de paz del futuro presidente. Gustavo Petro salió entonces a defender a su hermano diciendo que estaban solo conversando sobre un posible “perdón social”. Meses después, Petro ganó la presidencia.

Al año siguiente, en 2023, nueva reunión, o reuniones. Se denunció en varios medios que Juan Fernando Petro estaba ofreciendo beneficios penitenciarios a los narcos a cambio de dinero—Univisión reveló que ofreció amnistía a un narco para evitar su extradición a Estados Unidos a cambio de miles de dólares. En ese momento el presidente envió un mensaje más condenatorio a su hermano: pidió a la Fiscalía que lo investigue.

“Mi compromiso con Colombia y los colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia”, escribió el mandatario en una carta pública. Al hermano no le gustó nada el mensaje. “Decide colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal, para colocarnos como blanco de ataques injuriosos”, respondió Juan Fernando. Poco tiempo después pasó a decir en televisión que el presidente Petro tiene Asperger. El mandatario volvió a poner distancia. “Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”, aclaró el presidente.

Pero cada tanto aparece otra reunión. La revista Cambio reveló a principios de febrero que Juan Fernando Petro estuvo, en 2022, en una reunión con altos funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar para definir contratos que beneficiarian a un concejal cuestionado. Diana López Zuleta, periodista y colaboradora de este diario, contó el año pasado que Juan Fernando se casó en 2020 y, entre las presentes en la reunión de celebración, estaba la esposa de un famoso político condenado por homicidio llamado Kiko Gómez. “La amistad entre el hermano del presidente y la esposa de un criminal no es delito, pero sí es cuestionable si deriva en beneficios para el condenado”, escribió Zuleta. Gómez recibió beneficios muy sospechosos para el traslado de una cárcel de Bogotá a Barranquilla.

“En este país todo es una sospecha”, dijo el hermano a Caracol Radio defendiéndose de las sospechas sobre la última reunión con los 11 alcaldes del Urabá Antioqueño. Pero no es solo una sospecha. Son varias.

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