Colombia, en llamas

En los primeros días del año, la temperatura política en Colombia ha alcanzado máximos no registrados en muchos años, lo que anuncia un 2024 caliente, en el que la polarización aumentará, la oposición se radicalizará y el Gobierno deberá acelerar su marcha, recuperar a la opinión pública y demostrar orden, coordinación y resultados para cumplir los anhelos del presidente Petro de consolidar una organización capaz de reelegir su ideario en 2026.

A la par que arden las montañas en varias zonas del país y se hacen ciertos los pronósticos sobre el impacto del fenómeno de El Niño, que ha desnudado la crisis que vive la entidad estatal encargada de atender esa tragedia natural, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Gobierno vive un gran incendio político, en el que el presidente actúa como un gran bombero, por la suspensión provisional por tres meses del canciller Álvaro Leyva, ordenada por la procuradora Margarita Cabello, quien está a menos de un año de terminar su periodo legal.

Leyva enfrenta un juicio disciplinario por supuestas faltas que el Ministerio Público considera cometió a título de dolo, en uno de los escándalos que más ha llamado la atención de la opinión pública en los últimos meses y le costó la cabeza a la directora de la agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien se atrevió a cuestionar a Leyva y denunció su equivocada estrategia jurídica y sus agresiones verbales.

Se trata del contrato por 117.000 millones de pesos para la elaboración de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons, en el que se ha visto involucrado el hijo del canciller, y el presidente ha mantenido su posición de que Leyva solo cumplía órdenes suyas. Para la Procuraduría, el funcionario investigado presuntamente violó los principios que rigen la contratación estatal.

Independiente de los argumentos jurídicos y el resultado de este proceso de la Procuraduría ―a la que sectores afectos al Gobierno acusan de estar al servicio de la agenda política de la oposición, al igual que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, hoy en manos de amigos personales del expresidente Iván Duque―, el daño reputacional al Gobierno está hecho.

Para el embajador en Argentina, Camilo Romero, “hoy hay un riesgo democrático en Colombia por el secuestro de los entes de control a manos de la politiquería. Van es por el contradictor, la defensa de sus causas personales y los intereses de sus amigos, no por el bien común”. Es por ello que la Procuraduría ha sido señalada desde varios sectores como una de las entidades que debería ser reestructurada e incluso suprimida en una reforma a la justicia. Tanto la Fiscalía como la Defensoría tendrán nuevos jefes este año, en decisión que le corresponderá asumir al Congreso de la República.

El presidente Petro ha reaccionado con fuerza a la suspensión de su ministro ―quien encabezaba la eventual lista del cambio de Gabinete―, recordando sus días como alcalde de Bogotá, cuando el procurador Ordóñez le tumbó varios secretarios de despacho y lo destituyó, lo que fue un enorme favor que lo catapultó como víctima de la intolerancia de un fanático religioso. Gracias a Ordóñez, Petro construyó el mito comunicacional del líder perseguido por luchar por los derechos del pueblo, que venció a la caverna y volvió al poder con el apoyo del pueblo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia obligó revisar y adecuar la normatividad sobre los procesos disciplinarios de los mandatarios elegidos popularmente.

La salida temporal del canciller fortalece el discurso del Presidente de que hay una conspiración para sacarlo del poder ―antes incluso había hablado de un golpe blando― y de la necesidad de unir la variopinta alianza de movimientos y partidos que conforman el Pacto Histórico en una sola colectividad que permita “elegir otro gobierno progresista para que podamos profundizar esto, porque 200 años de olvido no se solucionan en cuatro años, pero hay que comenzar ya y a profundidad”.

Petro, en ese sentido, ha convocado a un congreso progresista, en el que participen las 1.500 personas elegidas en 2023. Esta iniciativa no ha encontrado el eco esperado, pues varios partidos ya anunciaron que no se fusionarán ni renunciarán a sus personerías jurídicas, lo que sería ceder su autonomía al sector orientado por el presidente, allanándole el camino a la candidatura que él imponga.

Mientras apaga incendios y enciende pasiones en los corazones de los sectores sociales y las poblaciones más marginales, el jefe de Estado ratifica que dará la pelea para garantizar que en la Casa de Nariño ondee la bandera de la izquierda por otros cuatro años. Por supuesto, la oposición, que no aún no ha presentado el anunciado tigre que retorne la derecha al poder, contraataca celebrando la derechización de la población, ante el creciente desencanto de los jóvenes con la izquierda y la asfixia colectiva por la incapacidad del Estado de blindar las ciudades de la acción depredadora de los delincuentes y la percepción de mano blanda con los grupos criminales.

Petro está en el campo de batalla apagando incendios. Un hombre como él, formado en el fuego de la revolución, se debe sentir en su medio ambiente natural. El 1 de mayo del año pasado, en la posesión de sus nuevos ministros, dijo: “Vamos hacia un campo de batalla. Hay que triunfar”. Y ordenó a sus funcionarios trabajar al doble del ritmo habitual. Alguno de esos ministros saldrá pronto en el anunciado remezón ministerial. Y usó en aquella ocasión, por primera vez, la palabra reelección. “He pedido que en donde están nuestras prioridades el Gobierno trabaje día y noche. Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial o sea que eso equivale a una reelección”, dijo.

Hoy, nuevamente, la palabra reelección está de moda. No porque quienes la usen vivan en la Luna, sino porque el presidente ha mandado las señales claras de que va por el poder presidencial en 2026, aun en cuerpo ajeno. Al igual que Álvaro Uribe, que está alimentando un tigre que le presentará al país pronto. Ojalá ese felino no esté muy cerca de las montañas, donde arde Colombia y la fauna sufre.

Petro está en campaña permanente, abriéndole camino a un acuerdo nacional, con el presupuesto estatal al servicio de su visión de país, fortaleciendo los sectores sociales, impulsando en el Congreso las reformas aplazadas por varias décadas, con cifras favorables en el campo económico y otras menos plausibles en protección de la vida de los líderes sociales y firmantes de paz, y seguridad. Pero no se ve claro que, con las encuestas en su contra, tenga asegurado el poder en 2026. Además, el incendio político no parece estar pronto a apagarse y dejará muchas cenizas a su paso.

El mandato presidencial de que “hay que alistarse y defender la paz. Hay que defender el derecho de los pueblos a la justicia y la equidad. Una de esas defensas es apurar el paso para lograr los objetivos del programa Colombia Potencia Mundial de la Vida”, quiere activar en toda Colombia la búsqueda del poder desde las bases populares. La campaña presidencial para reelegir lo que Petro llama un Gobierno Popular y Democrático comenzó fuerte. Sí, el presidente apaga incendios, pero también le echa fuego a un país polarizado, atizando el ambiente con su sentencia de que “no nos van a dejar gobernar”.

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