Quintero: el fin de un Gobierno que Medellín no quiere repetir

Termina la turbulenta alcaldía de Daniel Quintero que, tras su temprana renuncia en septiembre, tuvo a su figura política de confianza, Óscar Hurtado, como alcalde encargado. La administración estuvo marcada por una sucesión de escándalos que apuntan a presunta corrupción, confrontaciones persistentes con una variedad de sectores sociales, culturales y empresariales, y una presencia constante y resonante en los medios digitales y tradicionales. En líneas generales, Quintero se distinguió por un discurso que tendía a distorsionar la realidad y estigmatizar a quienes cuestionáramos sus acciones. Este período dejó una marca divisiva en la ciudad, evidenciando un estilo confrontacional que buscaba fragmentarla en lugar de unirla.

A pesar de su habilidad innegable para generar titulares día tras día con controvertidas declaraciones, Quintero concluye su mandato como el alcalde más impopular que Medellín haya conocido. Su nivel de desaprobación alcanzó un escandaloso 74%. Decidió renunciar antes de concluir su periodo para impulsar la candidatura de Juan Carlos Upegui, primo hermano de su esposa, Diana Osorio. Sin embargo, la renuncia no solo marcó una polémica más, sino que también significó el declive de Upegui, quien sufrió una derrota estruendosa con apenas el 10,14% de los votos, evidenciando el rechazo ciudadano a la gestión de la saliente Administración.

Quintero no solo sale por la puerta de atrás, sino que se convirtió en una vergüenza para quienes abogamos por una política alternativa. El exalcalde que asumirá el Gobierno a partir del próximo 1 de enero, ‘Fico’ Gutiérrez, administró entre 2016 y 2019 con gran popularidad, pero con resultados mediocres. Durante su periodo, los homicidios, el desempleo y el gasto en publicidad para promocionar su imagen aumentaron considerablemente. Quienes nos opusimos a sus políticas teníamos grandes expectativas con el triunfo de Quintero, a pesar de que varios no le hayamos votado. No obstante, todo se desvaneció rápidamente, pues desde el inicio de su período evidenció su interés en contratar irregularmente para favorecer a sus socios de campaña, además de polarizar la ciudad. La alcaldía de Quintero fue una oportunidad perdida para los políticos alternativos de Medellín.

Un gobernante obsesionado con maltratar a la población más pobre

Todo lo que dependía del Gobierno local para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, empeoró: la mal llamada renta básica que dijeron que otorgarían a cerca de 100.000 familias durante el cuatrienio se desmontó en el segundo año de mandato, la focalización de las transferencias monetarias se hizo sin criterios técnicos, muchas familias se quedaron esperando las encuestas del SISBEN (el mecanismo con el que se miden distintos factores socioeconómicos de las familias para dirigir mejor la oferta social). Pero quizás lo más doloroso para quienes vivimos en Medellín fue ver lo ocurrido con Buen Comienzo, el programa de atención a la primera infancia. Esta política, que fue merecedora de premios nacionales e internacionales en su mejor momento, se desdibujó y culminó con funcionarios y contratistas de la entraña de Quintero enjuiciados por corrupción.

Medellín queda con una infraestructura social en déficit: el 95% de los colegios públicos tienen problemas locativos que ponen en riesgo la prestación del servicio, lo que se agrava si tenemos en cuenta que la ciudad atiende porcentualmente a más estudiantes en instituciones públicas que Cali o Bogotá. Las unidades hospitalarias y centros de salud a cargo de Metrosalud, otrora la mejor red pública de salud de Latinoamérica, requieren cerca de 300.000 millones de pesos de inversión (aproximadamente 75 millones de dólares) solo en su planta física, sin contar el déficit de personal médico y de enfermería que hace rato es insuficiente para atender a las familias del régimen subsidiado, sin empleo formal, que debe tratar. Todo esto afectó especialmente a las familias más pobres de Medellín, pues las de mayores ingresos acceden normalmente a colegios y clínicas del sector privado.

La Ecociudad que nunca se materializó

Otro tema bastante doloroso es la agenda ambiental y climática. La Secretaría de Medio Ambiente tuvo el presupuesto más bajo de la historia en el 2021, las más de 4.200 quebradas de la ciudad quedaron abandonadas a su suerte y, en una ciudad con un déficit habitacional de más de 200.000 viviendas —de lo que los últimos dos gobiernos se han hecho los de la vista gorda—, miles de familias buscaron refugio en la ribera de estas, quedando expuestas a un alto riesgo de ser víctimas de avenidas torrenciales, inundaciones o movimientos en masa.

Además de esto, el Departamento de la Gestión del Riesgo, terminó inmerso en fuertes escándalos de corrupción. Al final del mandato, hasta los bomberos adscritos a este departamento denunciaban no tener las condiciones mínimas para realizar sus labores: carros de atención de emergencia sin seguros para transitar, mala calidad de su dotación de ropa y hasta radios inservibles para las labores del día a día. A esto se suma la pésima gestión del director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, cuyo único mérito para ocupar el cargo era su cercanía con el hermano de Quintero, Miguel. Su gestión fue tan paupérrima que el sistema de bicicletas públicas Encicla, que dependía de su cartera, terminó entregado a una empresa contratista que no tenía la idoneidad para operarlo y hoy está desmantelado casi en su totalidad.

En tiempos de cambio climático, la nula acción de un Gobierno en la adaptación se convierte en un peligro mortal para miles de familias, especialmente para las más pobres, cuya vulnerabilidad a la catástrofe climática ha sido ampliamente documentada por expertos.

Un manual de cómo ser corrupto

Podría extenderme mucho más demostrando cómo estos cuatro años resultaron un absoluto desastre, pero sin duda alguna lo que más tristeza genera es ver cómo se construyó un manual de cómo robarse una ciudad. Medellín tiene un gran conglomerado público con varias empresas industriales y comerciales del Estado, que no deben cumplir con los engorrosos requisitos de contratación pública que establece nuestra Ley 80, sino que pueden contratar, como decimos en Colombia, ‘a dedo’.

EPM es la más importante entidad del conglomerado —gira entre 1 y 2 billones de pesos al año a la ciudad en utilidades (más de 260 millones de dólares)— y sus principales inversiones, como Afinia e Hidroituango, están al garete por malos manejos. Otras entidades como el Hospital General de Medellín (en momento considerado como el mejor hospital de América Latina para atender a la primera infancia), o la Empresa de Desarrollo Urbano (fundamental para sacar adelante megaproyectos de la ciudad como el metro ligero de la 80), terminaron también gravemente cuestionadas por la crisis financiera en la que quedaron y por el no pago a varios de sus colaboradores.

El trabajo que queda para reconstruir el gobierno corporativo de estas entidades es sumamente demandante y requiere de liderazgos éticos que administren con pulcritud y visión estratégica para encarar los retos a futuro.

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