La denuncia por cartelización de contratos en Medellín que asciende a 30 millones de dólares

No son tiempos plácidos para el alcalde Daniel Quintero. A tres meses y medio para que finalice su cuatrienio, con una aprobación del 28% —la más baja para un mandatario de Medellín desde que Invamer hace su encuesta periódica— y ante un triunfo casi que inminente de sus opositores en las elecciones que determinarán a su sucesor, ahora enfrenta un escándalo por cartelización en la contratación llevada a cabo por Metroparques, una empresa pública del municipio. Una investigación de la veeduría Todos por Medellín reveló que unos 120.000 millones de pesos (poco más de 30 millones de dólares) fueron entregados a 22 empresas relacionadas entre sí, que se concertaron para dar una apariencia de competencia. Los hechos ya están en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La SIC, que es la institución gubernamental encargada de proteger la libre competencia, define la cartelización como un acuerdo entre sociedades para afectar ese normal funcionamiento de los mercados. Eso fue lo que ocurrió en la capital de Antioquia entre 2020 y 2023, según denuncia Todos por Medellín. Varias secretarías del municipio, el Instituto de Deportes y Recreación (INDER) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un esquema asociativo de seis municipios encabezados por Medellín, firmaron contratos interadministrativos con Metroparques, una empresa industrial y comercial perteneciente a la Alcaldía de Medellín que, a diferencia de ellos, no está sujeta al régimen de contratación pública y, por lo tanto, puede contratar más libremente. En total, le giraron 390.714 millones de pesos (unos 97,6 millones de dólares).

Eso se dio después de que en 2020, el primer año de la administración de Daniel Quintero, Metroparques amplió su objeto social. Pasó de dedicarse exclusivamente a aprovechar la industria del entretenimiento, manejando el aeroparque Juan Pablo II y el Parque Norte de la ciudad, a encargarse del cuidado de espacios públicos y zonas verdes, entre otros. El alcalde argumentó en aquel entonces que la empresa pública estaba arrojando pérdidas y que, al permitirle hacer más actividades, podía recuperarse —la misma Alcaldía le quitó recursos al Jardín Botánico, que es mayoritariamente de socios privados, para dirigirlos a Metroparques. Con eso, además, le abrió la puerta para ofrecer sus servicios a varias entidades públicas, con las que firmó contratos interadministrativos, para luego delegar su ejecución en empresas privadas. Metroparques eligió a esas empresas a través de convocatorias.

Todos por Medellín estudió esos concursos, en los que Metroparques invitaba a empresas para tener mínimo tres interesados compitiendo entre sí, lo que en principio asegura que consiga mejores precios. La veeduría encontró que el 44% del dinero lo recibieron 22 empresas y encontró múltiples irregularidades. Por ejemplo, muchas de las empresas que competían entre sí tenían nexos familiares o comerciales, que en algunos casos las ganadoras contrataban a las perdedoras para ejecutar el contrato y que los requisitos exigidos eran adulterados para direccionar la contratación hacia una empresa.

Todos por Medellín puso uno de los ejemplos en conocimiento de las autoridades hace más de un año, en agosto de 2022. En esa ocasión, Metroparques contrató con Fundación Tenarco, tras seleccionarla en una convocatoria con dos participantes más. La veeduría encontró que los tres interesados, aparentemente rivales, se certificaban mutuamente la experiencia que exigía Metroparques y que, a su vez, contrataban con otras sociedades, con las que compartían gerentes, directivos y revisores fiscales. Este proceder se repitió en varias oportunidades, en lo que Todos por Medellín llama ocho “redes de empresas”.

“La Corporación de Servicios Profesionales (Serproan), la Corporación Para La Alianza Estratégica Empresarial (Corales) y Construamericana tienen el mismo revisor fiscal, además de compartir personas que tuvieron la calidad de accionistas o administradores en algún momento. Aún así, Metroparques los invitó a participar en dos procesos de contratación, en lo que denominamos como la terna de uno”, asegura Piedad Restrepo, vocera de la veeduría. También señala que los representantes legales de Construamericana, Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, y Serproan, Juan Camilo Sánchez Salazar, son madre e hijo.

Para Restrepo existe una responsabilidad por parte de los servidores públicos de Metroparques. “La cartelización no es un asunto de las empresas que engañan. Aquí lo que estamos evidenciando es que Metroparques es parte fundamental en este proceso porque es el encargado de definir a quiénes invita”. En su criterio se configuran tres posibles delitos: peculado, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado.

Además de la cartelización, la veeduría encontró que 15 empresas contratadas por Metroparques no tenían los activos suficientes para mantener su operación, lo que significaba que debían subcontratar; que 29 tuvieron crecimientos muy acelerados de sus ingresos gracias a esos contratos; que cuatro presentaron estados financieros diferentes en un mismo periodo de tiempo y que tres habían sido embargadas. Miembros de Todos por Medellín fueron a los domicilios que registraban algunas en la cámara de comercio, encontrando que estaban cerradas en horarios laborales o que operaban en garajes.

El alcalde Quintero calificó los hallazgos de la investigación como “bobadas”. Ante Blu Radio, desestimó la denuncia. “Estoy indignado. Son unas investigaciones sin fondo, sin ninguna consideración ni respeto hacia la institucionalidad. Tienen unos intereses políticos y económicos muy fuertes y se llegó a calificar a esta administración, que ha dado una batalla durísima contra la corrupción, como una parecida o una asociada al caso Samuel Moreno. Esta noticia, en medio de elecciones, no nos sorprende”, explicó este jueves.

Justo esta semana, la Personería de Medellín anunció que iniciará un proceso disciplinario en contra de Andree Uribe, exsecretaria de Salud de Quintero y quien ocupó su cargo cuando éste fue suspendido por la Procuraduría por participación indebida en las elecciones nacionales de 2022. Para las votaciones del 29 de octubre aparece como gran favorito el exalcalde Federico Gutiérrez, detractor de Quintero. El excandidato presidencial de la derecha ronda el 51% de intención de voto en las encuestas, muy lejos del segundo, el exsecretario de No Violencia de Quintero y primo de la primera dama de la ciudad, Juan Carlos Upegui. La ficha del continuismo, en contraste, está sobre el 11%.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.