El Invima cumple más de un año sin jefe

Los funcionarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) han dejado de visitar durante más de un año zonas alejadas del país para cumplir con sus labores de vigilancia y control. Hasta septiembre no hubo contratos de transporte para trasladar a los encargados de hacer inspecciones sanitarias en zonas conflictivas, por ejemplo. Un problema de desgreño administrativo relacionado con la ausencia de un director en propiedad y también un tema de estudio para los analistas políticos que evidencian ausencias similares en otras plazas importantes de entidades públicas.

La directora encargada del Invima, Mariela Pardo, asumió el cargo el 23 de marzo. Un aterrizaje forzoso en reemplazo del médico epidemiólogo Francisco Rossi. Por entonces se debatía un desabastecimiento relativo de medicamentos, magnificado por un sector de la prensa y con varios matices mal explicados. Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia, reconoce que el lío viene de administraciones anteriores. Pero asegura sin titubeos que se trata de una “entidad con ineficiencias acumuladas, retraso en los trámites, carencia de unidad conceptual en algunos procesos y favorecimiento de acciones irregulares”.

Y es que el Invima no es solo el organismo estatal que regula los medicamentos en Colombia, sino que además es la agencia encargada de vigilar, controlar y garantizar que los alimentos sean productos seguros. Por eso, resulta inexplicable para los expertos que, tras la experiencia de la pandemia y la información de la que ahora se dispone sobre la importancia de esta agencia, las autoridades colombianas hayan caído en un descuido profundo. “En muchas regiones de Colombia se ha dejado de hacer muestreos para verificar la calidad de los alimentos durante más de un año”, reconoce el veterinario y epidemiólogo José Gonzalo Sánchez.

El estado de interinidad a la cabeza de la agencia ha significado también falta de continuidad y muy poca claridad en la línea a seguir. El atraso en el proceso de etiquetado de los productos altos en azúcar, grasa y sodio, con una información clara de esos alimentos, es un ejemplo. La medida debía entrar en vigencia el pasado 14 de junio y a día de hoy marcha a paso de tortuga. El descontento de diversos actores de la sociedad civil que han empujado durante años el proyecto es evidente. Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, una onegé centrada en la protección de la niñez, califica la situación de “terrible”.

Desde su organización se hizo incidencia política para que el Congreso aprobara la denominada “Ley de comida chatarra”, que incluye la rotulación de los productos con un sello negro de advertencia sobre los excesos en la composición de uno u otro producto. Lo que en otros países se ha bautizado “etiquetado saludable”. Pero desde hace un año “no hay interlocución con el Invima, no hay con quién pedir una cita. No hay forma de saber a ciencia cierta por qué hay productos que aún no tienen el etiquetado”. EL PAÍS no obtuvo respuesta de la responsable de prensa de la entidad.

Lo cierto es que, para septiembre, las solicitudes de empresas que necesitaban una prórroga para agotar los viejos etiquetados antes de estampar los nuevos con los sellos negros, ascendían a 46.000. El Invima ha reconocido que tiene un atasco y por lo pronto solo ha respondido a alrededor de 23.000 solicitudes. Desde Red Papaz se quejan de que en ese proceso “no ha habido ponderación. A todas les dieron el plazo máximo”. A lo anterior se suma que el regulador ya había recibido el dinero de casi la totalidad de las empresas para adelantar dicho trámite. “Por eso falta el rotulado de advertencia en tantos productos”, contesta José Gonzalo Sánchez; “nunca se pensó en contratar gente, o diseñar un plan de contingencia”.

Por su parte, los estudios de calidad de productos lácteos, bebidas alcohólicas o carnes, que se llevan a cabo periódicamente para evitar ligerezas en plantas y fábricas del país, han sido mínimos: “Si no hay transporte, no hay forma de cumplir con las normas para trasladar las neveras de forma que se garantice la conservación de las muestras”, explica José Gonzalo Sánchez. Todo lo anterior se traduce en un panorama riesgoso para millones de consumidores que han estado expuestos todo este tiempo a intoxicaciones u otras enfermedades: “La situación es muy preocupante”, remata el veterinario.

La presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF), Clara Rodríguez, sostiene que la falta de un “nombramiento en propiedad para la dirección de nuestra agencia regulatoria es una muestra de falta de liderazgo”. También admite que la inestabilidad generada ha afectado la confianza en temas centrales como “la ejecución de la nueva reglamentación sanitaria”. Para el Gobierno de Gustavo Petro, que promovió la reindustrialización farmacéutica del país desde su campaña presidencial, resulta inaplazable posesionar a un director que tome “decisiones de forma efectiva y no se siga retrasando”, concluye la representante del gremio de las farmacéuticas locales más pequeñas.

El último director en propiedad del INVIMA fue Julio César Aldana, un médico cirujano amigo del expresidente Álvaro Uribe que había asumido el cargo en enero de 2019, designado por el mandatario conservador Iván Duque (2018-2022). Aldana, especialista en lectura de diagnósticos por imágenes, se mantuvo en el cargo durante los primeros 43 días tras la toma de posesión del presidente Petro el 7 de agosto del año pasado, mientras le era aceptada la renuncia. Desde entonces el mandatario no ha definido un nombre para dirigir la entidad adscrita al Ministerio de Salud.

¿Las motivaciones? Fuentes cercanas al oficialismo sostienen que, al igual que en otras vacantes, se mezcla un círculo político acostumbrado a hacer oposición más que a gobernar, así como también cierto bloqueo a la hora de jugársela por alguien en un cargo que tiene varios candidatos de la red más cercana al presidente. Un asunto que solo ha ahondado el sentimiento de incertidumbre que salta cada cierto tiempo desde la esfera pública hasta el sector privado.

Desde la Asociación de Laboratorios de Investigación, que agrupa a los grandes laboratorios internacionales, María Clara Escobar, su presidenta ejecutiva, lamenta que la falta de director haya significado un bloqueo del “diálogo con los actores de la industria y la atención de los requerimientos de los usuarios”. La vocera de las multinacionales asegura que las audiencias o conversaciones para adelantar el registro de nuevos productos está “casi eliminado”.

“El Invima requiere con el mismo nivel de urgencia un proceso de reestructuración”, explica Carlos Francisco Fernández, que dirige el gremio tradicional de las farmacéuticas colombianas y ‘multilatinas’, “para que, sin dejar de lado su papel de salvaguarda del bienestar de todos, sin perder su categoría como agencia regulatoria, armonice con el país en términos de desarrollo”. Julio César Aldana, último director en propiedad, resume: “El Invima va a cumplir 30 años. Pero ninguna entidad pública puede funcionar si está acéfala. Hay muchos colombianos preparados para asumir el cargo de una agencia que tiene mucho prestigio internacional. La salud pública está más allá de las filiaciones políticas”.

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