Apoyemos el proceso de paz con el ELN

De acuerdo con la Constitución, es un deber de los ciudadanos apoyar al jefe del Estado en sus esfuerzos por consolidar la paz. Este derecho se halla estrechamente relacionado con el respeto efectivo de los demás derechos iguales e inalienables de todo hombre. Si el presidente diseña una estrategia para conseguirla, no queda más remedio que acompañarlo; él es el único que puede intentarlo bajo su responsabilidad. Puede que uno no coincida con el modelo, pero lo deseable es que se disminuya la violencia, aunque el proceso sea largo y confuso, y en el caso actual apenas está comenzando. Como dijo el experimentado y sabio consejero Juan Camilo Restrepo, “hay que destacar que es un esfuerzo y enfoque nuevo. Tratan de negociar con muchos y eso es algo que no había ocurrido. Es audaz y ojalá salga bien, aunque no va bien. Todos los ceses del fuego van mal, ahora hay que ver cómo les va con el ELN. Ojalá salgan bien las cosas”.

El espaldarazo de las Naciones Unidas es importante. Ampliar por unanimidad del Consejo de Seguridad el mandato de la misión que opera en Colombia para verificar el cese al fuego con el ELN es buena prueba. No menos valiosa es la colaboración de la Iglesia católica en las conversaciones con las bandas criminales en Buenaventura y Medellín. La verificación del cumplimiento del cese al fuego le corresponde a las Naciones Unidas, y las labores de monitoreo, a la Conferencia Episcopal a través de las diócesis y arquidiócesis.

En su discurso del 7 de agosto en el Puente de Boyacá, el presidente, lápiz en mano, volvió a defender su proyecto bandera de la paz total y lo enmarcó dentro del gran acuerdo nacional con una visión muy coincidente con la propuesta del ELN, en el sentido de edificar el acuerdo entre el Gobierno y los diferentes sectores de la sociedad civil y la oposición. Es indispensable construir consensos -dijo- para encontrar soluciones a las dificultades largamente postergadas, y la definió así: “Esa paz esquiva también está en el diálogo y búsqueda de acuerdos que permitan proteger la vida de la gente en lugar de profundizar la violencia y las hostilidades del enfrentamiento armado que acaban el tejido social, juventudes, los pobres, con Colombia. Eso es la paz total”.

Coincide, como ya dijimos, el concepto presidencial con la creación del comité nacional de participación, condición preponderante del ELN para conseguir un papel destacado de la sociedad civil según lo acordado por las partes en la última reunión en México. Son aproximadamente 90 personas que redactarán y sistematizarán las propuestas sobre las transformaciones para la paz que llegarán a la mesa de negociación. Los protocolos respectivos dicen que la fase de participación es hasta 2025, y solo hasta ese año comenzarán las negociaciones sobre los temas gruesos. La gran pregunta que surge de estas deliberaciones es si las conclusiones de la mesa de negociación son o no vinculantes y por tanto si esa condición excluye o vincula al Congreso para su discusión.

La amenaza de un atentado al señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y que la información de inteligencia señale a algunos mandos del ELN constituye un obstáculo de inmensa gravedad. Mientras no se devele la verdadera posibilidad de esta monstruosa operación, el proceso queda herido de muerte. Si se trata de un invento para sabotear el transcurso del proyecto más importante de la Nación, es igualmente grave. Resulta indispensable identificar a sus autores para castigarlos severamente con el mayor rigor.

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