El Grupo de Puebla pide que el caso de Nicolás Petro no se convierta en “un arma política contra la institucionalidad democrática”

El escándalo que tiene apocado al presidente colombiano Gustavo Petro, en el que su hijo mayor y aliado político, Nicolás, aceptó que la campaña de su padre recibió financiación por fuera de los libros reportados, movilizó a uno de los foros más visibles de la izquierda latinoamericana. Y lo hizo en favor de las instituciones democráticas y en defensa del mandatario. El Grupo de Puebla, un foro de líderes progresistas, publicará este miércoles una comunicación que EL PAÍS revela en exclusiva, en la que señala que “se están produciendo graves irregularidades mediante la instrumentación de este caso, con la finalidad específica de dañar al presidente Petro”. También recuerda que el mandatario de izquierda se ha comprometido “a brindar todas las garantías para que el proceso siga su curso”.

Liderada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia) y Rafael Correa (Ecuador), la misiva que reúne 38 firmas denuncia que el escándalo se ha utilizado en un ‘golpe blando’ contra el presidente colombiano, sin dar nombres concretos de quién estaría utilizando la estrategia que llaman ‘lawfare’ (el uso de vías judiciales y legales para derrocar gobiernos de izquierda). “Vemos con profunda preocupación la postura de varios políticos de sectores reaccionarios de la región, incluidos algunos expresidentes, que haciendo uso indebido de informaciones falsas, engañosas e imprecisas sobre el proceso judicial que investiga a uno de los hijos del actual presidente colombiano por posible financiación irregular de su campaña anuncian y legitiman escenarios de ruptura democrática que solo caben en sus mentes autocráticas”, se lee en el comunicado.

Los firmantes, que incluyen a juristas del Consejo latinoamericano de justicia y democracia creado por el grupo de Puebla, como los españoles Baltasar Garzón y Enrique Santiago, señalan al fiscal general Francisco Barbosa de participar en el ‘golpe blando’: “Pedimos al Fiscal General de la Nación, quien ha hecho pública su animadversión personal con el presidente Petro, que se abstenga de convertir este caso en un proceso mediático de judicialización política, en un nuevo caso de lawfare”.

La comunicación se da menos de una semana después de que el país quedara conmocionado por el anuncio de un fiscal en la audiencia en la que pedía a un juez mantener detenido a Nicolás y a su expareja, señalados de enriquecerse al quedarse con supuestas donaciones a la campaña presidencial de Petro en 2022. Ese día Mario Burgos, fiscal encargado del caos, anunció que el primogénito colaboraría con la justicia, aceptando los cargos y revelando pruebas de que parte de esos recursos sí se habían usado en la campaña. Para un país que ha vivido sucesivos escándalos de financiación ilegal de campañas, violación de topes e incluso ingreso de dineros ilegales, era un mazazo. También para un presidente elegido con la bandera del cambio.

La denuncia se produce tras varios meses en los que el Grupo de Puebla ha denunciado como episodios de guerras jurídicas muy variados escándalos judiciales contra políticos progresistas, como los que han afectado a Dilma Roussef o Luiz Inácio Lula de Silva en Brasil, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, al boliviano Evo Morales o al ecuatoriano Rafael Correa.

En el caso del actual Gobierno colombiano, la bancada de su movimiento político ya ha acudido al sistema interamericano de justicia con argumentos similares. En junio, el mismo presidente denunció un ”golpe blando” en contra suya y de su movimiento, después de decisiones de la justicia contra dos congresistas del Pacto Histórico y en medio de un choque jurídico no resuelto con la procuradora general Margarita Cabello sobre la viabilidad de que ésta pueda suspender a funcionarios elegidos democráticamente. En esta ocasión, ni el presidente ni ningún miembro del Gobierno ha hablado de un “golpe blando” por el caso de su hijo Nicolás. Por el contrario, los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores se han solidarizado en la mañana de este miércoles con el fiscal Barbosa, quien ha denunciado un plan de la guerrilla del ELN para asesinarlo —algo que los cabecillas que participan de una mesa de negociaciones con el Gobierno han negado, señalándolo como un intento de saboteo.

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