Colombia petrificada

El primer año de gobierno de Gustavo Petro ha sido como estar en una montaña rusa. Unas veces se remonta la cuesta y se siente la adrenalina de un gobierno dispuesto a romper los paradigmas, pero otras es imposible no sentir el vacío en el estómago que se produce cuando se va en caída libre. De hecho, su primer año de gobierno lo termina en medio de una nueva descolgada del tren que nos tiene de los pelos.

Esta vez, la caída libre ha sido por cuenta de un verdugo que nadie vio venir: su propio hijo Nicolás, un joven atormentado que creció sin el afecto del padre, lo aventó hace unos días y sin ningún reato, lo incriminó. Nicolás le dijo a la fiscalía que tenía pruebas de que su progenitor, es decir, el presidente Petro, supo que a su campaña presidencial entraron dineros que no fueron registrados en sus cuentas, lo que constituye un delito en Colombia.

Hasta ahora Nicolás Petro no ha dado pruebas de que su padre esté involucrado en esta trama corrupta y ha cambiado varias veces de versión. Primero dijo que su padre no sabía nada sobre la financiación ilegal a su campaña, después, que sí. Ahora acaba de exculparlo parcialmente en una entrevista al afirmar que su papá no tuvo conocimiento de los dineros que él les pidió a personajes muy cuestionados, utilizando el nombre de su padre, pero insinuó que el presidente sí supo de los aportes que hicieron reconocidos contratistas que no fueron reportados en las cuentas de la campaña. A pesar de que las versiones de Nicolás Petro son contradictorias, sus declaraciones en contra de su padre, han desatado una crisis que tiene al país petrificado.

No exagero al decir que esta crisis política que desató Nicolás Petro se inició por un acto de despecho, tal y como sucede en la tragedia griega.

Day Vásquez, su exesposa, dolida porque Nicolás le fue infiel y la abandonó para irse con su mejor amiga, decidió sacarse el clavo con su exesposo y en un ataque de celos, expuso sus vergüenzas en una entrevista para la revista Semana. Day contó cómo Nicolás, a espaldas de su padre, montó una red de corrupción aprovechándose de que era el hijo del presidente, por la que desviaron dineros que ellos mismos le pedían a contratistas non sanctos dizque para la campaña presidencial de su padre, pero que en realidad eran para sus bolsillos. A Nicolás, la Fiscalía le abrió de inmediato una investigación en su contra y cuando el hijo esperaba que su padre lo acompañara en tan difícil trance, el presidente, decidió marginarse. Le advirtió al país que no iba a utilizar su poder para incidir en el proceso en contra de su hijo y tras dejar claro que su compromiso era primero con la constitución, le deseó suerte en ese momento tan difícil.

En un país acostumbrado más a ver como los presidentes utilizan su poder para proteger a sus familiares que han tenido problemas con la ley, la reacción de Petro cayó como un bálsamo refrescante, pero la calma no duró mucho. Su hijo Nicolás consideró que su padre lo había dejado solo. Intentó llamarlo varias veces, pero no tuvo respuesta y según él mismo lo ha confesado en una entrevista, hasta intentó amenazarlo, haciéndole saber que si lo dejaban solo él podía contar muchas cosas de la campaña, pero tampoco tuvo respuesta.

Vino entonces otra descolgada en caída libre, luego de que fue capturado junto con su exmujer. Destrozado, decidió hundir el cuchillo y señalar a su padre.

Este acto de venganza golpea a Petro donde más le duele porque lo iguala a la política tradicional y corrupta, a la que mueve clientelas y compra votos y se nutre de una red perversa de contratistas, un mundo político del que Petro ha querido desmarcarse.

Su hijo le ha dado nuevos incentivos a sus enemigos y muy seguramente ellos van a utilizar esta tragedia familiar para sacarle provecho, magnificar el escándalo y llenarlo de superlativos, sobre todo ahora que vienen las elecciones regionales.

Los escándalos de financiación de campañas presidenciales en Colombia siempre han sido un circo. Los organismos de control encargados de investigar han sido ágiles para archivar esos procesos, a pesar de las evidencias. Eso pasó con la campaña presidencial del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga, en el 2014 investigada por haber recibido dineros de Odebrecht debajo de cuerda. Fue archivada por el Consejo Nacional Electoral por falta de pruebas, a pesar de que había evidencias de que esa campaña había recibido por debajo de la mesa 1,6 millones de dólares de Odebrecht (6 años después, sin que se sepa por qué, la Fiscalía desempolvó estas evidencias y acaba de imputar a Óscar Iván Zuluaga).

Con la campaña por la reelección de Juan Manuel Santos pasó algo similar. A pesar de las evidencias que mostraban cómo esa campaña había sido financiada con dinero proveniente de una mega carretera que iba a construir Odebrecht y su socio Episol, del grupo Sarmiento, la investigación fue archivada por vencimiento de términos por el Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no investigó a ninguna de las dos campañas del 2014 e impuso la tesis de que, en vista de que volarse los topes de las campañas no era un delito, la investigación la debería hacer el organismo encargado de las irregularidades electorales, que era el Consejo Nacional electoral. Ese vacío se subsanó en el gobierno de Santos, cuando se declaró la violación de topes como un delito.

Más grotesco aún es lo que hizo el actual fiscal general Francisco Barbosa cuando se destapó el escándalo sobre una posible financiación ilegal a la campaña de Iván Duque, su amigo de pupitre en la universidad. Según la denuncia, una banda criminal liderada por un empresario narco que luego fue asesinado en el Brasil habría recogido plata para financiar la segunda vuelta de la campaña de Iván Duque. La Fiscalía archivó la investigación sin haber hecho ninguna captura.

Con Petro las cosas parece que van a ser a otro precio. En esta ocasión los organismos de control no quieren hacerse los de la vista gorda como antaño y andan con las antenas puestas. Eso debería ser una buena noticia si no fuera porque no se ve que están muy interesados en investigar apegados a la ley. En un acto sin precedentes, el fiscal Barbosa allanó la casa de Nariño, como si fuera la cueva de Alí Babá, con el objetivo de hacerse a una información que hubiera podido pedir por un oficio. Sin pruebas, salió a insinuar que desde la Casa de Nariño estaban interceptando ilegalmente, cuando tiene engavetada una investigación que se abrió a partir de una denuncia que puso en su momento la campaña de Petro y en la que hay evidencias de que ésta habría sido interceptada por agentes de la policía que operaban desde las instalaciones del palacio de Nariño cuando Duque era presidente.

Se capturó a Nicolás Petro cuando ni siquiera había sido imputado, pero en otros casos en que los investigados son políticos de la derecha, la Fiscalía se muestra generosa y condescendiente. En la audiencia del hijo del presidente, la Fiscalía de manera arbitraria diseñó un organigrama para señalar las conexiones que tenía Nicolás Petro en el que metió a medio Gobierno. Este organigrama fue presentado posteriormente por varios medios como si todos esos nombres formaran parte de una red criminal. Serán tan arbitrarias las investigaciones de la Fiscalía que se dio el lujo de no poner en ese organigrama el nombre de Alex Char, el delfín del poderoso clan Char, a quien la Fiscalía de Barbosa ha decidido no tocar ni con el pétalo de una rosa a pesar de que tiene más de 30 investigaciones por corrupción y de que también aparece en los chats de Day Vásquez.

Muchos vaticinan que a Petro le va a pasar lo mismo que a Ernesto Samper, el presidente de talante progresista cuya campaña fue señalada de haber sido financiada por el cartel de Cali en las elecciones de 1994. No pudo sacar adelante su agenda de cambio porque se le fue el tiempo defendiéndose.

Si este país fuera el mismo de hace 30 años, la comparación sería válida, pero no lo es. Samper logró mantenerse en el poder porque siempre contó con el apoyo de los grandes poderes económicos que lo sostuvieron a pesar de que la embajada norteamericana y muchos medios y periodistas estuvimos en la otra orilla. Petro, que es el primer presidente de izquierda de Colombia, tiene (curiosamente) buenas relaciones con los norteamericanos, pero todavía es visto con desconfianza por los grupos económicos, que ahora también son los dueños de los pocos medios de comunicación que quedan en pie. Varios de esos medios se han convertido en los principales voceros de una Fiscalía cada vez más selectiva, generosa con sus amigos pero implacable con todo lo que tenga que ver con el gobierno de Petro. El presidente no la tiene fácil.

A pesar de este panorama, sería una estupidez decir que los culpables de que la agenda reformista de Petro esté atascada son los medios y las élites de siempre que se oponen a las reformas. Hasta ahora el gran responsable de que sus reformas no vayan a ver la luz es la falta de liderazgo que tiene Petro a la hora de armar una coalición de gobierno.

Sin embargo, esta tragedia que deja al descubierto a una familia presidencial disfuncional, que navega entre la venganza, el odio, los sentimientos de culpabilidad, los celos, la traición y el poder, es la mejor munición que tienen los enemigos de Petro para golpear su proyecto político. Todo lo que mueva los bajos instintos, vale oro en este mundo regido por las redes digitales.

Falta ver si el presidente, que es experto en recuperarse rápido de las caídas libres, logra salir de una pieza de esta montaña rusa de emociones en que nos tiene.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.