No es el mismo río

Apenas normal que comparen el actual escándalo del presidente Petro con el ingreso de dineros del Cartel de Cali en la campaña presidencial de Samper en 1994. Sin embargo, mucha agua ha pasado bajo del puente. No es el mismo río. Las similitudes encierran enormes diferencias sobre la relación entre narcotráfico y política en Colombia.

En 1994 fueron directamente los narcotraficantes quienes aportaron el dinero. Los hermanos Rodríguez Orejuela, capos del cartel de Cali, convocaron a una reunión de narcos para recolectar varios millones de dólares. La razón era contar con un gobierno amigo, lo de siempre. Por debajo, los Rodríguez tenían un plan más ambicioso. Aspiraban que Samper apoyara una política de sometimiento a la justicia con rebaja de penas. El contexto era propicio. Pablo Escobar, el capo enemigo que hacía la guerra contra el estado, acababa de ser abatido. El cartel de Cali aparentaba ser la fuerza más poderosa, capaz de convocar al resto de narcotraficantes. El fiscal de entonces, Gustavo de Greiff, estaba comprometido en una política de sometimiento cómo solución al narcotráfico.

Pero todo se fue al traste cuando se conocieron las grabaciones que vinculaban la campaña de Samper con dineros del narco. El presidente ya no disponía de capital político para ofrecer un acuerdo. Además, cuando convocaron a los demás narcos recibieron un portazo en la cara. Los capos del Norte del Valle rechazaron de plano la propuesta, se convirtieron en el principal cartel del país. Al tiempo, se engendraba un paramilitarismo mucho más poderoso, las AUC. Estos ejércitos privados controlarían, junto a las Farc, las principales zonas de producción y tráfico de cocaína.

Vinieron años de mucha guerra. El estado avanzó. Desmovilizó a las AUC y a las Farc. Y, aunque puede argumentarse que Colombia perdió la guerra contra las drogas porque hoy se produce más cocaína que nunca, también puede argumentarse que la guerra se ganó si se interpreta el triunfo como la expansión de la autoridad del estado a lo largo del territorio. Las organizaciones armadas que ejercen el poder sobre el narcotráfico ya no dominan ciudades, cada vez están más replegadas a áreas periféricas. Su incidencia en la política nacional es mucho menor.

El contraste del triunfo del estado contra la violencia organizada es el incremento del poder político de un sector económico que se fortaleció con la acumulación de capital desde el narcotráfico. Lavadores, contrabandistas, contratistas del estado y políticos corruptos, sin estar necesariamente vinculados al tráfico de cocaína, fueron deteriorando la democracia desde sus adentros. A medida que los grupos armados y las mafias perdían poder, la influencia sobre las agencias del estado para proteger actividades ilícitas y asegurar el acceso a los recursos del estado, comenzó a convertirse en uno de los principales medios de producción de riqueza en Colombia. Un senador de un pueblo perdido, quien alcanzó a ser uno de los grandes electores nacionales hasta que fue enviado a prisión por vínculos con grupos criminales, lo resumió en una frase: “la política es mejor negocio que el narcotráfico”.

Desde entonces la financiación por empresarios especializados en contratación pública, lavado de dinero y contrabando se ha constituido la fuerza determinante de los resultados de muchas elecciones al congreso, las gobernaciones y las alcaldías. Son ellos, no los narcotraficantes, quienes definen una parte importante del mapa de la representación política en Colombia.

La campaña de 2022 refleja la situación de 1994 a la luz de estos cambios. Petro también ofreció un acuerdo. Propuso el “perdón social” como mecanismo de asimilación de estas fuerzas a la legalidad. Al igual que Samper el acuerdo cayó al olvido luego de ser elegido. Ahora que se sabe, por boca de su propio hijo, del financiamiento de políticos corruptos y contratistas, algunos vinculados anteriormente al narcotráfico y al lavado, las probabilidades de perdón social son aún más remotas.

Como Samper su destino pareciera ser defenderse para evitar ser depuesto. Es la prioridad, por encima de los cambios sociales que prometió. La construcción de mayorías que aseguren su gobernabilidad va a pasar por la compra de esos mismos políticos que han hecho de la democracia un negocio.

El estado ganó la guerra pero la corrupción le ganó al estado.

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