Los obispos también lloran

Como estaremos de jodidos los colombianos en materia de inseguridad que los obispos reunidos en conferencia episcopal manifestaron estar dispuestos a morir si la vorágine de la violencia continúa aumentando su ritmo cruel del último año. Dios quiera que la sangre no nos llegue al cuello en la forma valiente y atrevida como la sugerida por nuestro arzobispo primado y ahora cardenal de la Iglesia católica, su eminencia Luis José Rueda Aparicio, inspirado por la opción de ser Iglesia misericordiosa en Colombia y trabajar por la paz. Pero no solo con los grupos armados. La paz en las familias. La paz en las calles. La paz en todas partes.

Nadie puede poner en duda el esfuerzo permanente de la Iglesia Católica en los procesos para encontrar la paz que nos ha sido tan esquiva. Desde los encuentros en La Uribe, con el presidente Betancur. Los del Cauca, con el M-19 en la administración de Barco. Los de Caracas y Tlaxcala, con César Gaviria. No olvidar la intervención arriesgada y generosa del padre Rafael García Herreros en la política para acabar con el narcoterrorismo. La reunión de Maguncia en tiempos de Ernesto Samper. Los diálogos del Caguán del presidente Andrés Pastrana. El acuerdo de paz del Teatro Colón entre las FARC y el Estado bajo la batuta de Juan Manuel Santos. Ahora, en la llamada paz total del presidente Petro, el papel de la Iglesia ha sido decisivo. Siempre tolerantes y creativos buscando la concordia. Todo con la bendición del papa Francisco.

¿Por qué lloran los obispos en estos tiempos modernos de las luces? Porque las condiciones de seguridad en campos y ciudades se han degradado a niveles impensables. La incapacidad del Estado para copar la territorialidad de la nación es evidente y la poca efectividad del poder judicial en la lucha contra la corrupción es un fracaso. Todo lo que se refiere al manejo de lo público es corrupción. Todo acto administrativo es sospechoso sin mecanismo creíble para determinar si la sospecha es válida o calumniosa. El régimen departamental de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales está en entredicho. Los contralores y personeros disfrutan de una enorme incredulidad.

Estamos ad portas de una jornada electoral llena de nubarrones oscuros. La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de organizar el aparato electoral, tiene un director que no es confiable. La campaña electoral en parte de los territorios rurales es preocupante. La inseguridad en las capitales de departamento arrancó antes de la pandemia, dicen los expertos en el tema. En algunas ciudades, como Barranquilla y Buenaventura, el panorama es de terror. Bogotá está arrinconada por cinco delitos, tituló el diario El Tiempo.

El destacado gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien habla claro, le pidió al Gobierno Nacional que lo deje participar en la mesa de diálogos con las disidencias de las FARC para cantarles la tabla, porque tienen asilados a muchos alcaldes y a los candidatos a cargos de elección popular les exigen vacunas. A los que no son de sus simpatías, ni siquiera los deja entrar. De Choco y Norte de Santander, ni hablar: confinamiento de la población civil, que constituye un secuestro masivo, según un pronunciamiento del cardenal Rueda. La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha sido amenazada mediante un panfleto aterrador que firma una organización que se identifica como las Águilas Negras. Angustioso.

Sobre la mesa, la propuesta controvertible de Jóvenes en Paz, para pagar a cambio de no matar, sería la negación del orden jurídico. En lugar de llevarlos a la cárcel, darles un premio. Ser pillo paga, dijo el personero de Buenaventura.

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