David Racero: “La procuradora Cabello sigue los pasos del exprocurador Ordóñez”

David Racero (Bogotá, 36 años) ha sido el encargado de presidir la Cámara de Representantes en el primer año del Gobierno de Gustavo Petro. En medio de la tempestad política que sacude al Ejecutivo y con una coalición resquebrajada, las grandes reformas a la salud, laboral y pensional se han ralentizado en el que debería ser el momento culminante de su trámite legislativo. “En la práctica, las reformas sí están quietas”, concede Racero, con tono sereno, en esta entrevista con EL PAÍS en su despacho en el Capitolio. La bancada del Pacto Histórico ha acudido al sistema interamericano para denunciar una persecución desde los organismos de control, como lo hizo Petro cuando era alcalde de Bogotá. En esa línea, Racero acusa al fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello de asumir el papel de opositores políticos cuando deberían ser los principales garantes institucionales.

Pregunta. ¿La agenda legislativa del Gobierno queda paralizada ante la crisis de Gobierno provocada por los audios de Armando Benedetti?

Respuesta. No tenemos afán de correr por correr para aprobar las reformas. Y lo que ha ocurrido es una ralentización del debate. En la comisión séptima de la Cámara de Representantes, las dos o tres veces que se ha convocado no ha habido quórum; en la plenaria, el jueves pasado se fueron saliendo los partidos políticos. Hay unas discusiones internas que llevan a algunos a evitar dar el debate. Dentro de los partidos –especialmente el Liberal, La U y el Conservador– hay congresistas muy afines a las reformas y al Gobierno que quieren votar las reformas. Hay otros que se oponen rotundamente, y por eso hay unas discusiones muy intensas en las propias bancadas. Yo les he pedido, de manera respetuosa, que dejen en libertad a los congresistas. Como presidente de la Cámara, mi papel es ser garante de la discusión. Y si no veo condiciones, prefiero más bien ir más pausado. En la práctica, las reformas sí están quietas en el Congreso.

P. ¿Han llegado a considerar los pedidos de varios sectores por archivar el proyecto de reforma a la salud?

R. No. El Pacto Histórico no se ha planteado esa posibilidad, y entiendo que el Gobierno tampoco. Al final, si la mayoría del Congreso decide hundirla, pues que se hunda. Tenemos que ser sinceros: el Pacto Histórico no se va a prestar para aprobar reformas que nada reformen, no vamos a hablar de cambio para que nada cambie. Si tienen que hundirse, que los partidos que las hundan asuman esa responsabilidad. Insisto, el trámite se tiene que dar de la mejor manera, con las mejores condiciones. De manera íntima, creo que este Congreso va a aprobar las reformas. Con modificaciones, por supuesto, como ha pasado, pero este Congreso comprende que el país está esperando cambios y que este es el momento de realizarlos.

P. Usted ha dicho que las mayorías parlamentarias del Gobierno se refrendan en cada proyecto. ¿Cuentan con las mayorías para sacar adelante alguna reforma en particular?

R. Considero que esta reforma a la salud se va a aprobar en plenaria de Cámara y pasará a Senado, donde será otra discusión. Cada vez se concreta un texto más consensuado, más robusto que el que se presentó; hoy hablamos de un modelo mixto. Veo con muy buenos ojos la reforma pensional y veo más difícil el trámite de la laboral. Hoy en la comisión séptima tenemos cuatro ponencias diferentes, puede que en esa tengamos o más modificaciones o discusiones mucho más profundas y de más calado.

P. ¿Les va alcanzar el tiempo?

R. Para este semestre, no. Tristemente no seré yo el que firme las leyes cuando sean aprobadas, ya es imposible. Con que podamos aprobar la reforma a la salud en plenaria de Cámara es un gran avance, y ojalá podamos tramitar por lo menos en comisiones séptimas tanto laboral como pensional.

P. ¿La comisión de acusaciones acabará acaparando los focos sobre el Congreso?

R. Esa comisión de acusaciones será un campo de combate muy fuerte. Esperamos que haya unas rigurosas investigaciones y un debido proceso. No somos ingenuos, estamos en el Congreso, donde la política se vive todo el tiempo, y ahí es donde está la complejidad de esa comisión, que le da facultades de jueces a los congresistas. Lo que se pide siempre es garantías y transparencia.

P. ¿Y la conformación de esa comisión ofrece garantías a la oposición?

R. En la práctica, la comisión de acusaciones se estructuró según el número de congresistas por partido, como cualquier otra comisión. Esa distribución en las comisiones no es aleatoria, parte de una participación que la ley le otorga a los partidos. Todos los partidos mayoritarios tienen participación.

P. ¿En que consiste la denuncia que acaban de presentar contra el fiscal, Francisco Barbosa, justamente ante la comisión de acusaciones?

P. En la politización extrema de la Fiscalía, el fiscal no solamente ha pasado el límite de la confrontación política, que es indebida, no le corresponde ni le compete, también ha rayado los límites de la legalidad. El pasado 23 de mayo en un medio nacional le dijo a los directores de la Policía, de la DIJIN y la SIJIN, que no todas las órdenes deben ser acatadas. Nunca en la historia de Colombia había pasado algo por el estilo. Nos parece de suma gravedad que el fiscal no esté respetando la separación de poderes. Pretende generar inestabilidad en la fuerza pública. Todo eso va a ese golpe blando que se puede estar gestando. No es un invento cuando nosotros hemos sido víctimas constantemente de estos atropellos de quienes utilizan las instituciones como mecanismo político de persecución. Eso está pasando con el fiscal y con la procuradora.

P. La semana pasada acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sienten que hay una persecución contra la bancada del Pacto Histórico?

R. Sí, la procuradora Cabello está siguiendo los pasos del exprocurador [Alejandro] Ordóñez, y esa historia ya la conocemos. Por eso decidimos de manera pronta hacer ese anuncio e ir a la Comisión Interamericana, porque ya nos está pasando. La procuradora insiste en suspender y cercenar los derechos políticos de personas que han sido elegidas popularmente, cuando la Convención Interamericana ha dicho de manera categórica que ese tipo de decisiones solamente las puede proferir un juez penal. La procuradora, que es una instancia meramente administrativa, se extralimita. En el fondo no es tanto cercenar los derechos de quienes somos elegidos, de un grupo político particular, sino de los ciudadanos y ciudadanas electores.

P. ¿Es ese el golpe blando del que habla el presidente Petro?

R. Sí, en alusión a una estrategia que ha ocurrido en Suramérica hacia presidentes que han sido elegidos democráticamente. Al final es un golpe político tramitado en el Congreso. Involucra una serie de actores y de factores, pero tiene denominadores comunes, como generar un momento de zozobra social, de terrorismo económico, de impugnación social e irreal. En el fondo es propiciar un desgaste en la opinión pública del Gobierno de turno que justifique que se pueda hacer un tipo de golpe como estos.

P. ¿Quién es el responsable de esa politización de la justicia? ¿A quién señalan concretamente con casos tan disimiles?

R. Para nada es un secreto aquí en Colombia: es el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello. Ellos han asumido ese papel de oposición política cuando deberían ser los principales garantes institucionales. Son ellos los que han asumido una politización de sus entidades y poco a poco disponen más de las armas y las herramientas que creen tener para perseguir miembros del Pacto Histórico. Tenemos un fiscal que viene aquí al Congreso a amedrentar a los congresistas, a decir que él no va a permitir, entre comillas, la aprobación de las leyes. ¿Quién es él para decir que no permite la aprobación de las leyes?

P. Su elección podría quedar en entredicho por el Consejo de Estado por doble militancia. ¿Atribuye al Consejo de Estado una intención de persecución política?

R. Soy completamente respetuoso ante los jueces. Eso ha sido una directriz de la bancada del Pacto Histórico, acatamos estoicamente las decisiones. Una cosa diferente a la procuradora y el fiscal. Desde la semana pasada se viene anunciando un posible fallo en mi contra en el Consejo de Estado. ¿Qué he hecho yo? Esperar, respetando la separación de poderes. No tengo ningún contacto con ningún magistrado. Esperamos lo que determine la sabiduría de los jueces, que deberían actuar en derecho. Ese es un consenso social, que respetemos el fallo de los jueces, o si no este país se vuelve inviable.

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