La Procuraduría acusa a Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la contratación de un túnel

La Procuraduría General de la Nación ha tenido un miércoles intenso. Después de sancionar en la mañana al excandidato presidencial Rodolfo Hernández, ha emitido por la tarde un pliego de cargos contra uno de los rivales de Hernández en las últimas elecciones: Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia (2012-2015). Ha señalado al político de centro por presuntas irregularidades en la contratación del túnel del Toyo, en el municipio de Giraldo, a 70 kilómetros de Medellín y parte de la vía entre esa capital y el mar Caribe. Para el ente de control, Fajardo suscribió de manera directa un convenio interadministrativo con una entidad pública, cuando a su juicio debía haber abierto una licitación pública.

El pliego de cargos refiere a un contrato de más de 1,3 billones de pesos con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), de propiedad de la misma Gobernación. Según la Procuraduría, el IDEA no tenía capacidad para asumir las obligaciones que estipulaba el acuerdo y Fajardo no podía alterar cláusulas establecidas para la administración de los recursos. “Al parecer, [el gobernador] fue irresponsable en el ejercicio de su función, ya que permitió, habilitó y dispuso la modificación ilegal del convenio interadministrativo”, se lee en un comunicado.

El Ministerio Público cuestiona, además, que Fajardo no involucrase a otras entidades que inicialmente estaban implicadas y considera que se vulneraron principios de transparencia. Para la entidad, se incurrió en “una falta gravísima cometida a título de dolo”. Asimismo, en la misma decisión, cerró la investigación contra los otros 10 funcionarios que había vinculados al caso, incluyendo el actual gobernador del departamento y entonces alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.

La acusación contra Fajardo llega al final de un día en el que el Gobierno de Gustavo Petro y sus aliados han cuestionado a la Procuraduría por una supuesta falta de imparcialidad. La bancada del Pacto Histórico en el Congreso anunció en la mañana que llevará al ente de control ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una presunta persecución contra los congresistas que responden al presidente. Seis legisladores están en riesgo, según la colectividad, de ser suspendidos o destituidos por la entidad que dirige Margarita Cabello, exministra de Justicia de la administración de Iván Duque. Petro los ha respaldado: “Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política”.

La procuradora, sin embargo, negó cualquier tipo de parcialidad y explicó que se habían archivado varios procesos contra líderes del Pacto Histórico. “No hay colores [políticos], hay denuncias. Cuando hay denuncias, hay que abrir [investigaciones]. Y si se abre y hay que cerrar, se cierra”, remarcó en la mañana tras una audiencia de rendición de cuentas en Bucaramanga (Santander). Horas después, la entidad anunciaba que inhabilitaba a Rodolfo Hernández a ejercer cargos públicos por 14 años, tras encontrarlo responsable de interés indebido en la celebración de un contrato de basuras —el caso Vitalogic— cuando era alcalde de Bucaramanga (2016-2019).

El presidente ha cuestionado a la Procuraduría tras el anuncio de la acusación contra Fajardo. Ha enfatizado en Twitter que se opone a que el ente de control tenga facultades de sancionar funcionarios, sean aliados suyos o políticos de la oposición. “Todo esto solo tiene el fin de evadir lo que realmente está sucediendo. A ningún funcionario elegido popularmente ni a ningún ciudadano o ciudadana la Procuraduría puede quitarle derechos políticos. Sean aliados míos o no”, ha subrayado el mandatario.

La decisión del Ministerio Público no es el primer golpe contra Fajardo. La Fiscalía lo imputó en abril de 2021 por supuestas irregularidades al contratar un préstamo en dólares cuando era gobernador de Antioquia. Por esos días, quedó en duda la independencia de la entidad acusatoria, que todavía encabeza Francisco Barbosa, un amigo íntimo del presidente Iván Duque. Ahora, el pliego de cargos de la Procuraduría es un obstáculo más para un dirigente que todavía tiene aspiraciones políticas. Aunque no se ha lanzado para las próximas elecciones regionales de octubre, Fajardo estrenó el pasado febrero un nuevo partido político, Dignidad y Compromiso. “No hay cambio en Colombia si no cambia la forma de la política”, aseguró en ese entonces en una entrevista con EL PAÍS.

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