Un bebé emberá muere en Bogotá bajo custodia del ICBF

Ni siquiera tres meses alcanzó a vivir Jadiel Grepson Queragama. El pasado 21 de abril alrededor de las 4:00 p.m. el bebé emberá falleció a causa de una falla respiratoria. Su mamá biológica, Claudia Queragama, recibió la noticia varias horas después, pues el recién nacido llevaba 10 días bajo la custodia de una madre sustituta designada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El caso de Jadiel se suma a la de 38 indígenas que han muerto desde que llegaron desplazados a Bogotá 15 pueblos originarios e iniciaron una minga en el Parque Nacional en septiembre de 2021. El 80% han sido menores de 10 años.

Frente al caso de Jadiel, el Distrito no se ha pronunciado hasta el momento. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un comunicado en el que asegura que “el día 21 de abril [el bebé] presentó algunas complicaciones respiratorias y fue trasladado al servicio de urgencias donde fallece por sus complicaciones de salud de base”

Esta no es la primera vez en la que un menor de edad muere en protección de esta entidad. El pasado 20 de febrero Deisy Eliana Queragama, de 11 años murió a causa de un paro respiratorio como consecuencia de una neumonía severa que padecía, según los médicos del Hospital San José. Los días anteriores había estado viviendo en un Centro de Emergencia del ICBF en el marco del proceso de restablecimiento de sus derechos.

La familia de Jael vivía en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida y la de Deisy en en La Rioja. Los dos hacen parte de las familias del pueblo Emberá que firmaron hace ya un año acuerdos con las administraciones distrital y nacional, que permitió que los aproximadamente 5.000 indígenas que ocupaban el Parque Nacional fueran trasladados a diferentes UPI de Bogotá. Aún así, lo que en su momento fue una esperanza para miles de personas desplazadas se ha ido desvaneciendo, pues el lento cumplimiento de lo pactado ha tenido un impacto mortal en la vida de los más pequeños, incluso cuando están bajo cuidado y tutela estatal.

Los casos de niños y jóvenes indígenas en custodia estatal se han vuelto cada vez más recurrentes. Según cuentan algunos líderes de Autoridades Indígenas de Bakatá (AIB), dadas las condiciones indignas en las que viven dentro de los centros y su precaria situación económica, los jóvenes y sus familias se ven obligadas a trabajar en la calle, vivir de la caridad de extraños o comer en situaciones insalubres. En ello coincide Eduardo Mumundia, líder emberá en la UPI La Florida, “cocinamos con leña, el humo ha enfermado a muchos niños. El ICBF dijo que el caso de Jael fue por abandono, pero no fue así, su grave estado de salud fue producto de cómo vivimos aquí”, explica.

Para hacerle frente al problema de hacinamiento de las UPI, que agrava la salud de muchos indígenas, en diciembre la Sociedad de Activos Especiales -la entidad estatal que administra bienes incautados a la mafia y la delincuencia- anunció que, producto de los diálogos de emergencia entre líderes indígenas y el presidente Petro, dispondría de tres predios para reubicarlos, uno en Risaralda y dos en Bogotá. EL PAÍS se comunicó con la entidad para conocer en qué iba este proceso, pero no obtuvo respuesta. Una respuesta que tampoco han obtenido las Autoridades Indígenas en Bakata, la organización que agrupa a estas comunidades en la capital y que han sido voceros de estos pueblos ante el gobierno.

Otro punto pactado es hacer retornos seguros de los indígenas a sus territorios. La Unidad de atención a las víctimas, encargada de llevarlos a cabo, informa que 210 personas de la UPI La Florida y 457 de la UPI La Rioja han expresado la voluntad de retornar a sus territorios.

A pesar de esos anuncios, las Autoridades Indígenas en Bakata afirman que esos puntos no han sido socializados con ellos, lo que a su juicio es clave pues las AIB agrupan la mayoría de las comunidades originarias asentadas en la capital. Asimismo, sostienen no saber de los predios prometidos y denuncian que en muchos de los procesos de retorno de las más de 100 familias que han decidido regresar a su territorio, no se les ha hecho partícipes.

Pero, sobre todo, claman que las instituciones apoyen a las familias de los niños fallecidos, como debió ocurrir en el caso de Camila Evao de dos años de edad. La niña murió el 16 de febrero pero su entierro se tardó más de un mes y se logró gracias a que su madre — quien no hablaba español ni había sido informada sobre la ruta a seguir — pasó días enteros llorando frente a Medicina Legal para que le entregaran a su hija. Una trágica imagen que sus líderes temen se siga repitiendo.

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