La participación social en la salud que propone Petro es limitada

Aunque la reforma a la salud que radicó en días pasados el Gobierno Nacional en cabeza de la ministra Carolina Corcho no ha enfrentado ni su primer debate, su articulado sigue suscitando dudas y debates. Uno de ellos es la participación que le da en el sistema propuesto a los sectores sociales, pues desde presidencia se ha insistido que uno de los objetivos es “el cierre de brechas sociales y territoriales”.

La principal instancia que plantea la reforma para incluir una participación plural es la creación de un Consejo Nacional de Salud. Sería un espacio de gobernanza “adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social con autonomía decisoria” , consigna el proyecto. Tendría entre sus funciones “la concertación de iniciativas en materia de política pública de salud, iniciativas normativas, evaluación del funcionamiento del Sistema de Salud y generación de informes periódicos sobre el desenvolvimiento de dicho consejo”. Es decir, sería una suerte de junta asesora del Ministerio.

El Consejo estaría conformado por alrededor de 40 personas, como representantes del Gobierno, delegados del sector empresarial, de las centrales obreras, de las asociaciones campesinas y de comunidad LGBTIQ+, hasta representantes de las facultades de ciencias de la salud, entre otros. A la par se crearían Consejos Regionales y Territoriales integrados y con funciones similares.

Santiago López, sociólogo y experto en salud pública, opina: “Tal y cómo están planteados, supondrían un avance en la participación, pues es la posibilidad de que las organizaciones sociales se fortalezcan alrededor de pensarse su derecho a la salud”. Y agrega: “Donde antes solo se veían afiliados, ahora se reconocerían territorios. Actualmente hay un sistema que responde por la enfermedad de sus pacientes, pero no hay planes integrales para intervenir los territorios. Las personas que comparten un contexto y riesgos similares se enferman de manera parecida”.

Dentro de las labores de los consejeros estarían proponer al Ministerio políticas públicas e iniciativas de reglamentación del sistema de salud. Además, tendrían funciones de veeduría sobre el sistema y la administración de los recursos. Para López esto podría llevar a una integración más eficaz de los enfoques diferenciales: “Tener en cuenta la opinión de la gente es importante porque muchos de los enfoques que hoy se tienen a la hora de construir una política pública de salud son supeditados a las decisiones técnicas de hombres blancos de corbata”.

Sabrina Pachón, directora de Polimorfas, una corporación de y para mujeres con diversidad funcional, expresa una opinión similar: “Pensarse espacios para la conversación sociedad-Estado en cuanto a la salud desde los territorios, y no solo desde una visión en Bogotá, es una apuesta ambiciosa pero necesaria en un país diverso y desigual”. Sin embargo, apunta a que los retos son exigentes. “Esto implicaría un ejercicio de organización y gestión eficiente desde la institucionalidad territorial que convoque y garantice una participación social”.

Inclusión sin incidencia

Varios gremios médicos, como el Colegio Médico Colombiano y la Federación Odontológica Colombiana, aplaudieron la creación de los consejos en una carta pública. Pero también hicieron sugerencias: “consideramos que para ser más operativo debería tener un número menor de consejeros y que se reevalúe su conformación”.

Esta posición se repite en otros sectores que valoran la intención, pero tienen preguntas. Así lo sostiene Miguel Ángel López, cofundador de MásQueTresLetras, corporación que presta servicios enfocados en la defensa de derechos de personas con diagnóstico de VIH. “Nos parece interesante que sea este Consejo el que haga veeduría a la atención de enfermedades de alta y mediana complejidad (donde posiblemente se ubicaría el VIH). Pero quisiéramos que estuviera claro el papel que tendrían las consejerías, si tendrían derecho de voto. Y si en estas habrá cabida para las organizaciones de base comunitaria, que somos los que terminamos atendiendo las falencias del sistema de salud”.

El artículo 12 del proyecto detalla que el Ministerio podría no seguir las decisiones adoptadas por el Consejo. La Ley 100 creó en su momento el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) que tenía un propósito parecido y fue eliminado en 2007 porque su función asesora parecía ser innecesaria. Ese es el riesgo que enfrenta el proyecto actual.

Justamente, ciertas asociaciones de pacientes ven en la propuesta hondos vacíos que fortalecen su incertidumbre frente a la concepción de la participación social. El presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, explicó a EL PAÍS sus reparos al proyecto. Para él, contrario a lo que pretende el Gobierno, reduciría la participación, ya que entre los 40 consejeros solo habría siete de los pacientes. En contraste, habría ocho del Estado (cinco de ellos del Gobierno Nacional) y otros ocho de los trabajadores de la salud y sus centros de formación. “Segmenta y restringe el ejercicio de la participación de los pacientes en el sector salud. Que sea solo un representante en una instancia desmotiva la conformación de asociaciones”, afirma.

Por eso, la organización Pacientes-Colombia citó varias marchas en contra de la reforma para el próximo viernes, 3 de marzo, en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Montería y Sincelejo. Esa misma organización radicó su propia propuesta de reforma, denominada Salud para la vida, que se suma a otros proyectos de modificaciones del sistema distintos a los del Gobierno, una impulsada por el partido de oposición, Centro Democrático y otra desde el Partido Liberal. Así, como es de esperar, la primera participación será la del trámite legislativo de una reforma de alta tensión y futuro incierto.

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