La lucha de la verdad contra el olvido

La semana pasada, los periódicos de los Países Bajos registraron en grandes titulares que en 2025 se hará pública la información sobre miles de personas investigadas y juzgadas por colaborar con los nazis. Hasta ahora sus datos estaban protegidos para no afectar a quienes siguieran vivos. Las consecuencias de la apertura de esos archivos serán distintas para los descendientes de las víctimas y de los responsables: a los primeros les dará acceso a información que quizá desconozcan; a los segundos les preocupa, dicen, seguir siendo estigmatizados por los hechos cometidos por sus padres o abuelos, y que se reabran viejas heridas que siguen sin sanar.

En una noticia similar, el Tribunal Supremo de España anunció que el pleito interpuesto contra Google —con infructuosos resultados— por el hijo del secretario judicial del Juzgado Especial de Prensa franquista que firmó la sentencia de muerte de Miguel Hernández, servirá a los jueces para estudiar y perfeccionar el precedente jurisprudencial de lo que llama “el derecho al olvido digital”. La Audiencia Nacional rechazó el año pasado las pretensiones del hombre, que busca que su padre deje de aparecer en referencias de internet relacionado con la condena al poeta. El argumento del tribunal para oponerse fue claro: las informaciones que el descendiente pretende que se retiren “revisten un interés público incuestionable”.

La tercera noticia reúne, de alguna manera, los temas de las dos anteriores: el consorcio periodístico Forbidden Stories (Historias prohibidas), que recupera y continúa investigaciones que no pudieron ser concluidas por periodistas amenazados, encarcelados o asesinados, reveló que la empresa Eliminalia, con sede en Barcelona, suscribió contratos millonarios con personas de varios países involucradas en delitos o en prácticas cuestionables, interesadas en que se borre su huella digital. Uno de ellos, según El Espectador, es el hermano y testaferro de un sanguinario jefe paramilitar colombiano. Su caso sería uno, apenas, entre varios en los que Eliminalia contribuyó a desaparecer referencias a personas implicadas en el lavado de activos de la extrema derecha armada.

Por coincidencia, las tres noticias fueron publicadas simultáneamente y podrían servir para plantear en Colombia reflexiones que convergen en el mismo debate pendiente: si hay límites al derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la identidad plena de los responsables directos y de otras personas involucradas en la guerra como colaboradoras, o facilitadoras por acción o por omisión. El Acuerdo de Paz delegó la misión de esclarecer la verdad histórica, judicial y el paradero de los desaparecidos a los organismos del Sistema Integral para la Paz: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), respectivamente. Sólo la JEP, que es el único organismo judicial del Sistema, puede determinar las responsabilidades individuales; la Comisión de la Verdad sólo podía, por mandato, esclarecer las responsabilidades colectivas y mencionar en su Informe Final, entregado en junio de 2022, los nombres de quienes ya hubieran sido condenados por la justicia ordinaria o hubieran reconocido su participación, voluntariamente, ante la propia Comisión. Sin embargo, podían negarse a ser mencionadas en el documento, si así lo deseaban.

Luego de las reformas de las que fue objeto tras el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, que supuso el rechazo de la versión suscrita por el expresidente Juan Manuel Santos y las extintas FARC en Cartagena de Indias una semana antes, el Acuerdo de Paz estipula que los que denomina “terceros civiles” —personas no pertenecientes a alguno de los grupos contendientes, pero que colaboraron de algún modo con sus acciones, como empresarios, campesinos, alcaldes, entre otros— pueden someterse a la JEP y colaborar con el Sistema, pero voluntariamente. Esa voluntariedad se extiende a los expresidentes y otros funcionarios que gozan de un fuero constitucional que elimina cualquier posibilidad de que sean llamados a comparecer ante la JEP por hechos relacionados con el conflicto, a no ser que ellos mismos soliciten —de manera muy poco probable— que esa Jurisdicción conozca su caso, tras haber sido procesados en la Corte Suprema de Justicia, que sería el tribunal de competencia.

Según datos de la JEP, hasta el 17 de febrero de este año 9.840 exmiembros de las FARC, 3.558 de la fuerza pública, 95 agentes del Estado diferentes de la fuerza pública y apenas 71 terceros civiles suscribieron actas de compromiso y sometimiento ante esa Jurisdicción. Aunque algunos nombres se conocen; en otros casos hay pruebas contundentes de su responsabilidad, pero la justicia ha sido ineficaz; o de otros más hay fundadas sospechas, muchos terceros civiles, con o sin fuero, siguen sin ser investigados. La impunidad de la que gozan y el silencio en el que permanecen es una victoria para ellos y una derrota para la justicia.

En varios eventos de reconocimiento públicos y privados propiciados por la Comisión de la Verdad, o en audiencias de la JEP, las víctimas han exigido —con el dolor aún vivo, sin importar cuántos años pasen— que los involucrados de todos los bandos acepten su responsabilidad sin medias tintas, digan realmente toda la verdad, y den los nombres de quienes ordenaron cometer los crímenes y de sus colaboradores. La demanda de verdad es acuciante y es un derecho, sobre todo, de ellas; pero toda la sociedad tiene derecho a saber.

Si la identidad plena de los responsables se mantiene en secreto, como es la pretensión de los descendientes de los perpetradores y colaboradores de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, así como de los testaferros de los paramilitares que pagaron a Eliminalia por borrar su huella, estarían en grave riesgo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, y la memoria histórica. Saber qué pasó, por qué pasó y quién lo hizo, entre muchas otras preguntas, es necesario para impartir justicia y reparar las heridas infligidas en la medida de lo posible. Conocer el pasado de la guerra e identificar a quienes participaron en ella —incluyendo a los civiles— es crucial para construir, en el presente, las condiciones para que no haya más víctimas en el futuro, para que la crueldad no se repita. Es y debería ser, además —como dijo la Audiencia Nacional de España—, un asunto de público interés. Es, ni más ni menos, una parte importante de la lucha de la verdad contra el olvido.

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