La Fiscalía solicita la detención domiciliaria del gobernador Carlos Caicedo

La Fiscalía ha anunciado este lunes que realizará tres imputaciones contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y que solicitará que sea detenido en su domicilio. Lo investiga como presunto responsable de malversar 1.670 millones de pesos a través de tres contrataciones irregulares en Santa Marta, cuando era alcalde de esa capital. El caso, titulado como Robo de Magdalena, incluye acusaciones por otras dos obras vinculadas a gobernaciones anteriores. La estimación es que, en total, cinco contratos derivaron en la pérdida de 74.779 millones de pesos entre 2013 y 2019. De ellos, 73.109 millones se vinculan a la Vía de la Prosperidad, realizada durante las administraciones de Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga.

La entidad acusatoria solo pide la detención domiciliaria para Caicedo porque de los tres imputados es el único gobernante en ejercicio: “La medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público”. Las obras implicadas en su caso son la construcción de una biblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino, la adecuación del Coliseo de Gaira y la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas. Los delitos incluidos son los de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.

Tres de las cinco obras se vinculan a la administración de Caicedo como alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015, mientras que las otras dos se relacionan a las gobernaciones de Luis Miguel Cotes (2012-2015) y su tía y sucesora Rosa Cotes de Zúñiga (2016-2019). Las cinco suman un valor de 457.000 millones de pesos, de los que 74.779 estarían implicados en la malversación de fondos. “Se identificaron diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados”, ha declarado la Fiscalía en un comunicado.

Las acusaciones señalan que la contratación de la Vía de la Prosperidad en 2013 se realizó con posibles anomalías en los estudios previos y en la estructuración del presupuesto. Asimismo, la Gobernación le incorporó, entre 2017 y 2019, varias adiciones que derivaron en la pérdida de más recursos. Por ello, Cotes y Cotes de Zúñiga serán imputados por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Cotes de Zúñiga también será acusada con este último delito por tres contrataciones de servicios de contabilidad que fueron realizadas de manera directa y sin concurso de méritos.

El grueso del monto implicado en los delitos está relacionado a la Vía de la Prosperidad, una carretera paralela al río Magdalena entre los municipios de Sitionuevo y Ciénaga. “Pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado”, ha denunciado la entidad acusatoria. Para la Fiscalía, los dos exmandatarios “habrían generado millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos”. El valor total de la contratación fue de 432.010 millones de pesos, frente al total de 457.000 millones de pesos que se suma con las otras cuatro investigadas.

Caicedo es una de las principales figuras de la izquierda colombiana en el Caribe. Ha sido rival del presidente de la República, Gustavo Petro, que en 2018 lo derrotó en una consulta para definir la candidatura presidencial de la Gran Coalición por la Paz. Gobernador de Magdalena desde 2020, destacó el pasado noviembre como anfitrión de un centenar de dirigentes progresistas iberoamericanos en un encuentro del Grupo de Puebla. Denunció, junto a ellos, el uso de instrumentos jurídicos para destruir las carreras políticas de dirigentes de izquierda en la región.

El gobernador comenta por teléfono a este periódico que se enteró por los medios del pedido de detención domiciliaria y que todavía estudia sus siguientes pasos. “Hay una desproporción absoluta, el objetivo es sacarme del cargo”, afirma. Según él, la Fiscalía incluye obras terminadas de su Alcaldía dentro del Robo del Magdalena con el objetivo de que parezcan parte de su mandato actual en la Gobernación y “generen confusión” en la ciudadanía y en la prensa. “Los que realmente se robaron el Magdalena son los clanes familiares que gobernaron hasta hace tres años, pero en la investigación solo incluyen a una familia contra la que no piden medidas de aseguramiento”, agrega en referencia a los Cotes.

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