En 2022, el Ejército colombiano advirtió la presencia de la inteligencia de Nicaragua en San Andrés, según una filtración de Guacamaya

En abril de 2022, mientras Colombia esperaba la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las diferencias limítrofes con Nicaragua, el Comando General de la Fuerzas Militares preparaba un documento para el presidente Iván Duque calificado de “ultrasecreto”. El texto hace parte de los Archivos secretos del Ejército, los cientos de miles de documentos filtrados por el colectivo hacktivista Guacamaya a través de Forbidden Stories, un consorcio de periodistas con sede en París a los que tuvo acceso EL PAÍS.

El documento, enviado con “copia a la presidencia”, advertía la presencia de oficiales de inteligencia nicaragüense en territorio nacional y concretamente en San Andrés y Providencia, el centro de la disputa limítrofe. “Muy probablemente la Estructura, Organización y funcionamiento del G2-11 del Ejército de Nicaragua ya tenga proyección de células en Colombia”, se titulaba el apartado de inteligencia enviado en el archivo “8 de abril de 2022 Narrativa presidencial”.

“El G.2-11 es la denominación táctica que se le da a una persona que se incorpora al sistema de inteligencia de Nicaragua para realizar misiones de exploración en los estados no afines al régimen y proyectar la realización de trabajos de inteligencia de países no alineados”, decía el documento destinado al Ejecutivo.

También hacía un resumen histórico de este grupo y aseguraba que funciona en relación con Rusia, Cuba y Venezuela. “La inteligencia de Nicaragua trabajaba con oficiales con poca preparación y con recursos económicos insuficientes; pero el apoyo de las agencias de inteligencia de los demás países socialistas fortaleció a la institución y ha venido incrementando sus actividades encubiertas para penetrar o infiltrar organizaciones gubernamentales, privadas y sociales del mismo país con proyección de países no amigos del régimen”, se lee en uno de los apartados.

En Nicaragua, analistas y expertos en seguridad dijeron a este diario que la inteligencia de ese país “es un muro inexpugnable” y poco se sabe de estos grupos, pero no sorprende que operaran desde hace tiempo en Colombia. Precisamente ahora hay un terremoto en el aparato sandinista por el arresto del jefe de la inteligencia política de Daniel Ortega. Adolfo Marenco fue relevado de su cargo a finales de 2022 y ahora se encuentra en la cárcel El Chipote, la peor mazmorra del régimen sandinista.

El documento militar colombiano anclaba el fortalecimiento de ese grupo en las relaciones del presidente Daniel Ortega con Rusia y Vladimir Putin. “Las relaciones se centran en los niveles diplomático y militar, estos dos países comparten entrenamiento y capacitación a través de sus agencias de inteligencia en forma continua”, continuaban los militares colombianos en su informe.

El análisis de inteligencia también definía al G.2-11 como un “sistema de estructura de carácter táctico que se articula en áreas y posibles lugares de operaciones del enemigo a nivel territorial” y “cuya misión es la de establecer núcleo, búsqueda de información, estudio de terreno, exploración de objetivos y la creación de redes auxiliares”. Con base en eso es que concluye que ya estaría operando en San Andrés y Providencia.

En el último punto del documento, los militares colombianos sugieren líneas de inteligencia o acciones para continuar con la investigación. Uno de ellos es identificar el respaldo que tiene ese grupo de parte de organismos de otros países, como el G2 cubano, que según los colombianos “le da lineamientos” al de Nicaragua.

Durante el mes de abril el presidente Iván Duque no se refirió al tema. El 21 de ese mes la Corte Internacional de Justicia dictó una sentencia que declaró que Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua. El fallo exigió a Colombia “cesar inmediatamente” las actividades pesqueras en territorio nicaragüense, algo que celebró el Gobierno de Daniel Ortega. Según expertos colombianos en el diferendo, la sentencia también dijo que las nuevas mediciones que realizó Managua no estaban en conformidad con el derecho internacional.

El día de esa decisión, en San Andrés y con un enorme buque de fondo, el presidente Duque habló sobre la sentencia. “El Gobierno ratifica el mandato institucional de defender la soberanía e integridad de las islas”, dijo. Agregó que “en ningún caso la presencia de la Armada es amenaza del uso de la fuerza como lo pretendió Nicaragua” y “que la Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico”.

La discusión continuó un mes después cuando Ortega dijo que Colombia no quería cumplir la sentencia para mantener el negocio del narcotráfico. Duque le respondió que era un dictador y que él defendería la soberanía de Colombia.

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