Petro asegura que Pedro Castillo “se dejó llevar a un suicidio político”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lamentado este jueves que Pedro Castillo no consiguió movilizar al pueblo que lo eligió y “se dejó llevar a un suicidio político y democrático” en Perú, arrinconado desde el primer día “por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular”. En solidaridad con el destituido mandatario, también ha solicitado al sistema interamericano de Derechos Humanos expedir medidas cautelares en su favor.

El presidente colombiano ha recordado en una larga cadena en Twitter que cuando conoció a Castillo, destituido la víspera por el Congreso y detenido por la Policía, lo recibió “atribulado”, pues entonces, a finales de agosto, intentaban allanar el Palacio de Gobierno en Lima para detener a su esposa y a su hija. “Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra”, deslizó Petro en sus mensajes. “Me sorprendió que se quedaran encerrados en Palacio, aislados del pueblo que los eligió”.

“Indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular”, ha dicho el presidente colombiano. “La antidemocracia no se combate con antidemocracia”, concluyó al desear que Perú encuentre la senda del diálogo entre todos los sectores de la sociedad.

Su mensaje, de muy medida solidaridad con el destituido Castillo, se suma al del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien la víspera había achacado la crisis política en Perú a “los intereses de las élites económicas y políticas” que desde el inicio del Gobierno del profesor rural habían mantenido “un ambiente de confrontación y hostilidad”. López Obrador también confirmó este jueves que Castillo, que ha sido trasladado a la misma prisión donde cumple condena Alberto Fujimori, solicitó asilo en México. Tanto Petro como López Obrador han sido en el pasado defensores de la política de no intromisión en los asuntos internos de otras naciones.

Poco después de ese pronunciamiento, Petro, bastante activo en sus redes sociales con respecto a la crisis peruana, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicar la Convención Americana para expedir medidas cautelares en favor de Castillo, pues a su juicio “se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”. Eso a pesar de que la Comisión expidió este jueves un comunicado en el que “condena las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, reconoce la respuesta democrática de las instituciones del Estado y llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho”. También sostiene que las decisiones de varias instituciones públicas frente al anuncio de Castillo de disolver el Congreso fueron “en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”.

Castillo duró apenas un año y medio en el poder. La inestabilidad fue constante, con medio centenar de ministros y cinco gabinetes presidenciales, de diversas ideologías. Siempre se sintió solo, sin el apoyo de la nueva izquierda latinoamericana. Sus posturas conservadoras en materia de género o política criminal lo hacían un personaje incómodo para el eje progresista que avanza posiciones en la región.

Petro ya le había echado una mano a un debilitado Castillo a finales de agosto, cuando escogió a Perú como el destino de su primer viaje internacional para una cumbre presidencial de la Comunidad Andina. Había confirmado también su presencia en la suspendida cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba prevista para la próxima semana en Lima, después de que López Obrador y el chileno Gabriel Boric anunciaran ese gesto de respaldo. La reunión estaba prevista originalmente para realizarse en México, pero se canceló después de que el Congreso peruano le impidió viajar a Castillo.

El peruano, presa de la eterna crisis política, tampoco había podido asistir a la toma de posesión de Petro, el 7 de agosto, porque ya entonces el Congreso le había prohibido salir del país mientras se investigaban denuncias por corrupción. Desde ese momento, los legisladores de oposición presentaron tres mociones de vacancia para destituirlo por “incapacidad moral”. La de este miércoles finalmente prosperó, impulsada por la intención de Castillo de disolver el Legislativo en lo que ha sido ampliamente interpretado como un intento de autogolpe sin ningún respaldo de las fuerzas armadas.

La Cancillería colombiana ya había expresado el mismo miércoles su preocupación por la inestable situación en Perú, en un comunicado en que llamaba al diálogo entre todos los actores políticos “para salvaguardar la democracia”. “Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso”, señalaba esa comunicación diplomática.

El desenlace de la crisis peruana ha agitado también las aguas de la política colombiana, y atizado la polarización interna en una guerra de interpretaciones. Desde la orilla de la oposición, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, consideró a Perú “un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio”. La también senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, representante de los sectores de la derecha más radical, señaló que “los ejércitos con vocación son anticomunistas”, en referencia a que Castillo no contó con el apoyo de los militares. Petro se tomó el trabajo de responderle: “Está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular. Los ejércitos no tienen porque ser ni fascistas ni comunistas, los ejércitos son de la Nación”.

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