Se acabó el bien común

En Colombia se derogó el “Bien Común” por la vía de los bloqueos. Si a una comunidad, por incapacidad del Estado, se le desatiende la prestación de un servicio, puede apelar al mecanismo de “interceptar, obstruir o cerrar el paso de una vía” poniendo en peligro la prestación de un servicio esencial: el agua, la electricidad o el transporte de materias primas para la industria y los alimentos.

Las autoridades, si se presenta dicha circunstancia, deben inmediatamente proceder a adelantar un diálogo con los protestantes en lugar de aplicar la fuerza para impedir que se interrumpa la asistencia de un beneficio a la totalidad de la población.

El caso más reciente se presentó en una población denominada El Guavio en el departamento de Cundinamarca, donde funciona una importante hidroeléctrica, parte esencial del sistema de interconexión. Sus pobladores se quejan con razón del estado lamentable de sus vías de acceso a la población, pero por justas que sean las reclamaciones no pueden agravar las circunstancias poniendo en riesgo el suministro de energía a Cundinamarca, Meta, Guaviare (más o menos dos millones de personas) y agudizar y empeorar el preocupante aumento de las tarifas. Si no arreglan nuestras deterioradas carreteras, aquí nos tendrán 24 horas protestando, expresaron los organizadores. La batalla que ganó la comunidad en el Guavio, tituló el diario El Espectador. Como es natural, el mal ejemplo se extendió a otras hidroeléctricas: Termocandelaria, La Miel y Merilectrica. Se obstruyó el ingreso de funcionarios.

Y, claro está, no se descarta que se aproveche el episodio del Guavio, donde los promotores del bloqueo consiguieron satisfacer sus pretensiones para repetir el entuerto con “los aereopuertos, los puertos, las refinerías, las vías y otras infraestructuras críticas para la economía nacional y también cualquier empresa privada. Todos legitimados por la política gubernamental de dialogar, concertar, charlar y no actuar” como dejó dicho con claridad el ex vicepresidente Vargas Lleras en su columna dominical. En efecto ya pasó en el Canal del Dique donde los habitantes del Norte de Bolívar y el sur del Atlántico realizaron un bloqueo por 10 días para que se tomaran medidas de prevención a posibles inundaciones. Para el medio de comunicación Alerta Caribe, el chistecito costó más de diez mil millones de pesos.

El concepto Bien Común es muy claro. La constitución se refiere a él dos veces, la primera para obligar a los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa en representación del pueblo a actuar consultando la justicia y el bien común; y la segunda para limitar la actividad económica y la iniciativa privada a los límites del bien común. Estas restricciones no se aplican a las comunidades porque sus intereses están por encima del Bien Común.

Es preocupante que la derogatoria de hecho del Bien Común no cause un escándalo mayor. Si frente al delito se antepone el diálogo como lo recomienda y practica el gobierno Petro estamos frente a un problema mayúsculo de solidaridad con la ley frente al delito.

“El consenso sobre la validez de unas normas éticas universales se ha perdido.” El oportunismo justifica las violaciones de la ley y convierte a los protestantes que bloquean en héroes cuando estos han logrado triunfar.

Con la invasión de tierras que se ha presentado en varios departamentos se repite el mismo fenómeno. El gobierno dió un plazo para abandonar las tierras invadidas y esta orden perentoria no se cumplió. Los delitos de invasión y bloqueo son primos hermanos.

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