Corto circuito

Era el fenómeno que se presentaba cuando se iba la luz en la casa de uno y que ahora se puede repetir pero en el país si, como está anunciado, el presidente Gustavo Petro asume los poderes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Vale decir, intervenirse a sí mismo, como dijo el estudioso representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez. La comisión existe por delegación presidencial y la preside la ministra de Minas y Energía. La pérdida de la estabilidad jurídica ad portas.

Dos cargas de gran volumen se enfrentan entre sí para producir el corto circuito: el aumento de la inflación del 10.84 % y las abultadas tarifas de energía en la costa Caribe de poco menos del 50%. La inflación y las tarifas están desbordadas.

Para solucionar el grave problema es necesario reducir la tarifa en la región Caribe y ello implica cambiar los contratos con los operadores del servicio: Afinia de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín y Air-E, de pertenencia de la Empresa de Energía de Pereira, que se rige por el régimen privado. Ese cambio, en mi opinión, es un enigma. Las tarifas se diseñaron para garantizar las inversiones en el sistema mediante un indicador suministrado por el DANE y evitar las pérdidas de la ejecución. El cambio de las reglas del juego bajando la tarifa a cachuchazo limpio, como ya lo anunció el gobierno conducirá al detrimento del esquema.

Aprendimos a manejar el sistema a punta de equivocaciones.

Recordar el apagón de los noventa con racionamientos de siete horas en los que la gente manifestaba “se fue la luz” cuando la quitaban y “llegó la luz” cuando regresaba, fue un verdadero calvario. Felizmente no se ha repetido la interrupción del fluido gracias al diseño de los costes. Bajar las tarifas a la brava en reemplazo de la CREG constituye un error garrafal. El manejo de la cuestión es técnico y no político aunque el tamaño del lío conduzca a una sinsalida y éstas sean políticas y no técnicas.

Estamos cerca de volver a los regímenes departamentales y municipales para manejar las electrificadoras; pasaríamos así del corto circuito al incendio total.

No se puede olvidar el proceso de Electricaribe. La empresa se cansó de no obtener los ingresos calculados y por consiguiente no invirtió lo pactado, el servicio se fue deteriorando a la misma velocidad que las reclamaciones y las protestas, algunas violentas. Los mandatarios departamentales, los locales y los políticos presionaron al Gobierno para intervenir a la empresa. Los estratos uno y dos, barrios muy pobres, no tenían capacidad de pago y la cartera se deterioró. Los indicadores eran fatales. La empresa fue intervenida en 2016 y vino el racionamiento. El gobierno no tuvo alternativa. La Superservicios asumió el manejo de la compañía con un agente especial.

El Gobierno asumió la carga pensional y le inyectó $ 860 mil millones en inversiones. En 2020 se hizo la subasta para escoger a los operadores y resultaron ganadores EPM (Afinia) y el Consorcio de Energia de la Costa (Air-E).

El servicio de energía ha mejorado pero el aumento de las tarifas nos está llevando a repetir la mala película del 2012. La reducción de la tarifa anunciada por el Ministerio de Minas y Energía (no sabemos de cuánto) les parecerá insuficiente a los usuarios y tampoco lo resistirán los operadores. El camino más corto para llegar a los apagones. Ya lo advirtió el columnista Ramiro Bejarano en su columna dominical “Lo que faltaba: ¿apagón a la vista?”.

Contribuye, y de qué manera, al despelote energético, el bloqueo a la hidroeléctrica del Guavio; por más razones que asistan a los protestantes, los bloqueos constituyen un riesgo letal para el desarrollo. Tres turbinas apagadas dan la medida de la gravedad del procedimiento adoptado por los bloqueadores.

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Posdata. Cuantos minutos de comerciales nos tenemos que “mamar¨ los colombianos para ver los noticieros de televisión.

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