Juliette de Rivero: “No hay que reinventar cosas, las soluciones están planteadas en el acuerdo de paz”

La representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dice que apoyan la paz total del Gobierno de Petro y que la política de seguridad debe tener en el centro la protección de la población civil

Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.ONU Derechos Humanos

Juliette de Rivero es la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y llegó al país en 2020 en medio de la pandemia del coronavirus. Un año después, vivió el estallido social y generó diversos informes críticos frente al Gobierno de Iván Duque por la represión policial que dejó varios jóvenes muertos. Ahora, con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, participa en encuentros de mediación entre manifestantes y la Policía y habla de los mensajes que el nuevo Ejecutivo ha enviado hasta el momento, de la política de seguridad y la necesidad de una estrategia de desmantelamiento de estructuras criminales al tiempo que se avanza en acuerdos humanitarios.

Pregunta: ¿Cómo desde la ONU entienden este concepto de paz total del gobierno de Gustavo Petro?

Respuesta: Vemos con muy buenos ojos la propuesta de paz total porque creemos que también tiene un enfoque de paz integral, que aborda aspectos que tienen que ver con la seguridad y la paz duradera.

P. ¿Y qué recomendaciones le hacen al gobierno para aterrizarlo?

R. Hemos hecho varias recomendaciones que están contenidas en el último Informe, donde analizamos la violencia territorial en los dos últimos años, sus formas y el impacto que ha tenido sobre los derechos humanos. El primer grupo tiene que ver con cómo se desmilitariza el territorio y ahí creemos que es importante implementar la política de desmantelamiento que estaba prevista en el acuerdo de paz y que no ha sido elaborada. El acuerdo en ese punto le pedía al Estado en cabeza de los presidentes liderar en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad una política de desmantelamiento de estructuras [criminales]. Y eso aún no ha sucedido. Muchas de esas estructuras son herederas del conflicto del pasado y operan en todo el territorio, pero no hay una estrategia para desmantelarlas. En simultáneo a eso tiene que haber rutas de sometimiento, un marco legal eficaz de sometimiento que pueda ser una vía para algunos de los grupos.

P. También hablan de acuerdos humanitarios

Newsletter

El análisis de la actualidad y las mejores historias de Colombia, cada semana en su buzón
RECÍBALA

R. Creemos que hay que escuchar el llamado para acuerdos humanitarios que viene desde los territorios y sobre todo desde las poblaciones afectadas, que incluye la posibilidad de iniciar un proceso con el ELN, pero también acuerdos de respeto de mínimos humanitarios, la protección a la vida y los estándares de Derecho Internacional Humanitario. Y, por último, algo sobre lo que hemos insistido mucho es que el Estado debe tener una estrategia para la protección de la población civil. En el anterior gobierno se dejó esto en manos de la Fuerza Pública, que tuvo como estrategia dar de baja o capturar a líderes de estas organizaciones y grupos armados. El objetivo central no necesariamente era la población civil y el Estado debe dirigir sus esfuerzos hacia eso.

P. ¿Qué podrían hacer en concreto?

R. Por ejemplo, plantearse actualmente cómo ayudar a levantar los confinamientos del Chocó o cómo intervenir puntos específicos donde se está haciendo reclutamiento de niños y niñas. Orientar realmente la acción de la Fuerza Pública y del Estado en su conjunto en torno al tema de la protección por la situación tan grave que se está viviendo en los territorios.

P. Menciona la política de desmantelamiento del acuerdo de paz. Incluso si el conflicto ha cambiado en estos años, ¿cree que no tendrían que inventar nada, que todo está ahí?

R. Sí, claro, muchas veces lo hemos dicho y se lo repetimos también a los embajadores que vienen llegando a Colombia. Para eso no hay que reinventar cosas, no hay que diagnosticar. Las soluciones están planteadas de manera muy completa en el acuerdo de paz. Creemos que la apuesta del Gobierno al proponer una paz total también incluye la implementación correcta del acuerdo de paz que, más allá de ser un acuerdo entre un grupo y el Estado, trata de resolver temas de fondo, las causales profundas del conflicto y también lo que significa la herencia del mismo, es decir la del paramilitarismo y estructuras de ese tipo. Y por eso se plantea el desmantelamiento como un eje central. No es por nada que, en el concepto de este acuerdo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es presidida por el presidente.

P. En su Informe dicen que la estrategia del anterior gobierno de atacar las cabecillas de grupos armados no fue efectiva. El actual ha dicho que todavía no tienen claros los “objetivos de valor”. Van a tener que seguir buscando a los cabecillas, ¿qué deberían hacer diferente esta vez?

R. Para nosotros, el primer objetivo tiene que ser proteger a la población civil. O sea, la estrategia militar y del Estado debe tener como objetivo la población y su protección, porque realmente están expuestos a un nivel de violencia tan alto que ese debería ser el primer objetivo. Segundo, debe ser una estrategia integral, no solo militar y estar acompañada por todo el aparato del Estado y resolver los temas de fondo. Avanzar en la resolución del tema de tierras, consolidar lo que se inició con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial [PDET]. Se tienen que crear alternativas también a las economías ilícitas y el Estado debe estar más presente y fuerte en esos lugares. Las autoridades locales son muy débiles frente a los grupos armados, entonces se las tiene que consolidar tanto como a las otras ramas del Estado, como es el aparato de justicia, las fiscalías, etc. Creemos que es el conjunto de cosas que puede empezar a dar respuesta, pero un enfoque solamente militar ha demostrado no funcionar.

P. Han pasado tres semanas y hasta ahora solo se han enviado mensajes públicos y no se conoce la política de seguridad. ¿Cuáles cree que van en el camino correcto y cuáles no?

R. Valoramos los mensajes y el enfoque que se utiliza, que para nosotros es de derechos. Por ejemplo, el hecho de que se anuncian cambios en la política de drogas, del freno a la erradicación forzada y el uso del glifosato es muy importante porque la erradicación forzada ha generado violencia entre Fuerza pública y comunidades y tampoco ha servido para para encontrar soluciones duraderas teniendo en cuenta los derechos de los campesinos. Entonces, darle prioridad a un enfoque más social de sustitución de cultivos es muy importante y también coherente con el acuerdo de paz. En el anuncio de suspender los bombardeos por los riesgos que existen de afectar la vida de jóvenes que han sido reclutados de manera forzada por estos grupos. El enfoque que se le está dando al manejo de la Fuerza Pública y el anuncio de que se utilizará el diálogo como la herramienta de manejo de la protesta social es algo muy significativo y necesario para Colombia.

P. Más allá de los símbolos, ¿ustedes cómo ven el aterrizaje de esas ideas y enfoques? Porque finalmente las urgencias son grandes en un país como Colombia.

R. El reto es inmenso porque los niveles de violencia y la ausencia del Estado son algo histórico que hay que cambiar. Pero creemos que Colombia tiene la capacidad para hacerlo. A diferencia de muchos países que salen de contextos de guerra, Colombia tiene grandes capacidades institucionales, grandes pensadores académicos. Es importante tener estrategias territoriales y una estrategia nacional donde la protección de la población civil sea el objetivo. Ese es el elemento que debería de unir toda la política de seguridad del Estado. También, reforzar el sistema de seguridad en términos de rendición de cuentas, transparencia e implementar las reformas de todo el aparato de seguridad para que exista más control de autoridades civiles acerca del funcionamiento del aparato de la Fuerza Pública en territorio.

P. En el Informe hablan de relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos [Pnis]. La Policía ha anunciado algo en ese sentido, pero hay críticas acerca de que no se puede hacer de un solo tajo. No solo involucra a campesinos sino a una cadena que seguramente se está reacomodando.

R. Claro. El Pnis es un programa enfocado en los campesinos y quienes están cultivando la planta. Nos parece importante el enfoque porque ayuda a esas personas a salir de ese círculo en el que se encuentran y que, aunque les genera ingresos, también los pone en un contexto de violencia que vulnera sus derechos. Pero la política de desmantelamiento tiene que ver más con las estructuras delictivas que permiten que todo esto ocurra. Entonces, el Pnis es importante a nivel del acompañamiento que se le da al campesinado. Ojalá sin que ellos sean los primeros objetivos de la política antidrogas. Pero el desmantelamiento tiene que atacar las estructuras que permiten todo esto, incluso las estructuras financieras que lo facilitan. Es la visión del acuerdo de paz y es ambiciosa, pero los problemas acá son estructurales y de mucho tiempo. Si no se atacan esas estructuras se puede hacer mucho a nivel del cultivador, pero esa no es la solución tampoco.

P. Recibieron, junto al gobierno, un plan de choque para líderes sociales.

R. Nos parece muy bueno que se haya elaborado un plan de choque para estos 100 primeros días, porque es importante tomar medidas urgentes para proteger la vida de líderes y lideresas que son quienes se enfrentan a estos grupos casi solos. Había que hacer ajustes en la manera en que está funcionando la institucionalidad para proteger a estos defensores. Es muy saludable que exista este plan y se hayan podido priorizar los territorios más afectados, aunque no son los únicos, pero por lo menos donde se está viviendo en los más altos grados de violencia. Haber dado esa prioridad en las primeras semanas de gobierno es muy importante porque hay que tener resultados concretos en el territorio. Claro que no es una garantía absoluta, pero el hecho de que ahora se estén articulando estos puestos de mando unificado para la protección de los líderes en siete regiones, es un primer paso importante que saludamos. Y claro, esto no reemplaza una política pública que será elaborada con más detalle y más tiempo.

P. Llama la atención una coincidencia en las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, el Informe de la ONU y algunos de los mensajes que da el gobierno. ¿Qué tanto puede ayudar?

R. Es totalmente inédito que exista esta confluencia de visiones y que haya llegado al poder un gobierno con una propuesta de una paz total y reciba con los brazos abiertos las propuestas de la Comisión de la Verdad, que son tan importantes porque hablan de las causas estructurales del conflicto. Eso permite renovar y rescatar la implementación del acuerdo de paz. Para nosotros existen oportunidades ahora de cambiar la forma en que el Estado ha estado gestionando el país en términos de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como el reconocimiento de los campesinos, como sujeto de protección. Son medidas y oportunidades muy grandes para este país que hay que aprovechar muy rápido en este gobierno.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS