En Bogotá el horror está viajando en carretas y bolsas de basura. Desde hace más de un mes la aparición de cadáveres con signos de tortura aterroriza a ciudadanos de distintos barrios de la ciudad. Los titulares se repiten con la misma fórmula pero con cambios de lugar: La Policía halla un cuerpo en una bolsa plástica en el centro de Bogotá, en Teusaquillo, en San Cristóbal, en Engativá o Usme, hasta sumar al menos 12 muertos. El último hallazgo macabro ocurrió este jueves en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital colombiana. Dos venezolanos, de 25 y 30 años, aparecieron muertos en una carreta, de las que suelen usarse para reciclaje. Las autoridades atribuyen los asesinatos a una venganza por las rentas del narcotráfico entre bandas criminales.

El comandante de la Policía de Kennedy, Luis Acosta, confirmó que los dos migrantes venezolanos, ambos con antecedentes penales, murieron por heridas de arma de fuego y presentaban golpes en el cráneo y en la espalda. “Estaban en una carreta abandonada y tapada con bolsas de basura”, explicó. Los cuerpos fueron abandonados en la madrugada por dos hombres y una mujer, que aún no han sido detenidos. Los vecinos del barrio alertaron a la Policía después de ver la sangre corriendo por la carreta.

La ciudad apenas se recuperaba del impacto de otro caso similar. El del cadáver de un hombre hallado en una calle, envuelto en un colchón rojo, y asesinado con sevicia. La necropsia realizada por los forenses del Instituto Nacional de Medicina legal evidenció que tenía 161 heridas con arma cortopunzante. El informe concluyó que la muerte fue producto de actos de “extrema violencia y crueldad”, aseguró la Fiscalía.

La captura de dos hombres acusados de transportar y abandonar el cuerpo sin vida de un hombre, el pasado 27 de marzo, en el centro de la ciudad, llevó a la Policía a identificar la casa donde lo asesinaron y abrió una caja de pandora acerca del punto de partida de otros asesinatos. Se le conoce como la casa de los masajes o la casa verde, que resultó ser en realidad un centro de golpes y torturas, tal como se escuchó durante la audiencia de la captura. “Hay seis registros de noticias criminales que remiten a esta casa”, dijo la Fiscalía.

La existencia del lugar avivó una vieja discusión acerca de si en Bogotá existen o no las llamadas casas de pique, como se conoce a los lugares donde se descuartizan personas en Buenaventura, en el Pacífico colombiano. También elevó la magnitud del problema que enfrenta la capital, golpeada por un deterioro de la seguridad, que también se expresa en constantes hurtos callejeros con violencia.

El secretario de seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, rebajó la dimensión de lo ocurrido en la casa de los masajes, el eufemismo de casa de asesinato. “De acuerdo con la Fiscalía, algunos homicidios podrían estar asociados a la casa. Pero no hay, según la investigación de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín), un patrón generalizado que indique que en esta casa o en otra, hay un ejercicio sistemático de homicidios en ese sentido”.

El hallazgo de cadáveres en bolsas que ha conmocionado a la ciudad no es nuevo. Hugo Acero, experto en seguridad y exsecretario de seguridad de la Alcaldía de Bogotá, recordó que en 2019 se encontraron seis cuerpos; en 2020, durante los momentos más estrictos de la cuarentena, fueron tres; en 2021, se registraron dos casos (uno de ellos relacionado a un feminicidio); hasta llegar a los 12 en lo que va de este año.

Venganza

Bogotá es una ciudad enorme, de siete millones de habitantes, y en ella confluyen decenas de bandas delincuenciales con estructuras criminales organizadas. Las autoridades relacionan estos asesinatos con algún encontronazo entre dos grupos. Marisol Gómez, concejala por Bogotá, dice que hay una correlación con el aumento de la producción de cocaína en Colombia. Según la ONU, aunque el número de hectáreas sembradas disminuyó un 7% en 2020, se produjo un incremento en la producción.

“Antes la mayoría de la cocaína salía del país; ahora no. Durante la pandemia aumentó el consumo y los narcos vieron en las ciudades como Bogotá una plaza excelente”, asegura Gómez, que también ha estudiado el conflicto armado. Por eso, afirma, grupos delincuenciales como el Clan del Golfo, La Cordillera o los Caparrapos, que operan en distintas zonas del país, tienen empleados en las ciudades y se disputan los espacios de microtráfico.

En ese coctel de pospandemia, desempleo y el narcotráfico, los migrantes venezolanos están en el medio, apunta Gómez. “Ellos son el nuevo caldo de cultivo, porque son jóvenes sin trabajo”. En Colombia, hay más de millón y medio de migrantes venezolanos y según Medicina Legal, entre 2017 y 2021, fueron asesinados 1.761. Las últimas cifras de la Policía indican que en 2020 fueron capturados 11.800 venezolanos por diferentes delitos.

El concejal Diego Cancino insta a la Alcaldía a admitir el “tamaño del problema” y a presentar un diagnóstico más detallado sobre este fenómeno que atemoriza a los ciudadanos. “Necesitamos saber quiénes son los responsables y si es que las prácticas paramilitares de años atrás en ciudades como Buenaventura o Barrancabermeja están permeando profundamente la ciudad de Bogotá. Necesitamos un diagnóstico claro”, añade.

Acero considera que esto va más allá de microtráfico. “Lo que hay detrás de este tipo de asesinatos con sevicia y evidencia de tortura son estructuras criminales organizadas, que actúan con el estilo que usaban en otra época Pablo Escobar o los paramilitares”. El experto sostiene que, durante años, las administraciones locales han minimizado el impacto de esas organizaciones criminales que, además de al narcotráfico, se dedican a la trata de personas y pagadiarios o gota a gota (préstamos a usura cuyos cobros se exigen con violencia).

Los expertos dicen que hace falta que las autoridades golpeen también la capacidad financiera de esas estructuras. “La Policía y la Fiscalía no solo deben capturar a quienes transportan los cuerpos, que suelen ser habitantes de calle que se prestan para cometer ese delito, sino también a los que mataron, a los jefes que ordenaron que se torturara. Mientras no se detenga a los que dan las órdenes, esto va a continuar”, concluye Acero.

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