Cinco años para reducir el núcleo duro de ETA

Con mucho retraso, pero los flecos pendientes del cese definitivo de ETA, declarado hace cinco años, se cierran. El pasado mes de abril, ETA se desarmó unilateralmente en Francia y ahora la mayoría de sus presos asumen la legalidad penitenciaria y la reinserción individual, tras concluir el debate iniciado en diciembre.

En el colectivo de presos está el núcleo más duro y resistente a la normalización del complejo mundo etarra. Le ha costado cinco años más que a la izquierda abertzale asumir la legalidad y, además, han quedado desligados de esa decisión casi un centenar de los más de 300 presos etarras, una cifra superior a la prevista por los abertzales.

Los abogados de los presos etarras tendrán que explorar ahora las posibilidades de la legalidad penitenciaria, que han despreciado durante décadas, para aliviar la situación carcelaria (permisos, cambios de grado, etcétera) de sus clientes. Pero tendrán que hacerlo en el marco de la ley que exige como condición el rechazo a la violencia, el reconocimiento del daño causado a las víctimas y su indemnización dentro de sus posibilidades.

Esta decisión histórica del colectivo de presos etarras supone la rectificación de una penalización añadida durante décadas a sus propios presos y es otra expresión de la victoria de la democracia sobre el terrorismo. Como está clara la victoria de la democracia sobre el terrorismo, tampoco tiene sentido que el Gobierno del PP mantenga su inmovilismo en nombre de un relato que no ofrece dudas. ETA reconoció su derrota al no lograr ningún objetivo político ni con su cese definitivo de la violencia ni con su desarme, ni ahora con su asunción de la legalidad penitenciaria.

En manos del Gobierno del PP está la posibilidad de acercar presos etarras a las cárceles vascas así como la excarcelación de los enfermos graves. Todos los partidos vascos, menos el PP, lo han reclamado. También lo ha hecho el lehendakari Iñigo Urkullu en una carta enviada al presidente Mariano Rajoy en la que le pide una reunión urgente para abordar este asunto. Tras cinco años del cese definitivo de ETA acreditado, un desarme reconocido internacionalmente y una decisión mayoritaria de los presos etarras de aceptar la legalidad, se dan las condiciones para que el Gobierno mueva ficha. Sin terrorismo no hay razones para que a los presos etarras se les apliquen unas condiciones penales extraordinarias pensadas para combatir el terrorismo. Aplicar las condiciones comunes a otros presos sería otra muestra de la superioridad de la democracia sobre ETA.

Solo queda pendiente la disolución de ETA, que se materializará antes de fin de año, con una fórmula que debaten los restos de lo que fue la última organización terrorista europea en desaparecer.