El juez Ruz imputa a Ángel Acebes en la causa de los papeles de Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz elevó este martes el listón de la responsabilidad penal en el caso de los papeles de Bárcenas, sobre la contabilidad secreta del PP. En un auto —resolución razonada— emitido este martes, el magistrado citó como imputado a Ángel Acebes, secretario general del PP entre octubre de 2004 y junio de 2008. El juez sospecha que el antiguo número dos de la formación conservadora y exministro de Justicia e Interior autorizó el uso de 446.300 euros de la contabilidad b entre 2004 y 2005 para comprar acciones de Libertad Digital.

Acebes, el primer secretario general que tuvo Mariano Rajoy al acceder a la presidencia del PP en octubre de 2004, es el más alto cargo del PP imputado tanto por el caso Gürtel de corrupción como por los papeles de Bárcenas, investigación derivada de aquella. Sus antecesores en el puesto Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos y su sucesora y actual secretaria general, Dolores de Cospedal, han comparecido también ante el juez, pero siempre como testigos.

Acebes, que deberá comparecer el próximo 28 de octubre ante el juez, está imputado por apropiación indebida por omisión. Supuestamente, con su actuación, el exsecretario general facilitó que los extesoreros del PP Luis Bárcenas, ahora en prisión, y Álvaro Lapuerta se quedaran con 149.600 y 209.500 euros respectivamente que debían haber retornado a la caja de la formación política.

Ruz atribuye a Acebes haber autorizado el uso de los fondos del PP opacos al fisco para salir en auxilio de Libertad Digital, grupo de medios liderado por Federico Jiménez Losantos y que creció al calor del ala más derechista del PP y de la teoría de la conspiración sobre los atentados islamistas del 11-M. El magistrado basa su imputación en las declaraciones prestadas por el extesorero del PP Luis Bárcenas el 15 de julio de 2013, dos semanas después de ingresar en prisión, y el pasado 10 de abril.

En aquellas comparecencias, el antiguo responsable de las finanzas del PP y encargado de la contabilidad paralela en la que se consignaron aportaciones de efectivo por valor de 7,5 millones de euros de empresarios de la construcción beneficiados por contratos públicos, apuntó a Acebes.

Según Bárcenas, el entonces presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, pidió a Acebes que le ayudase a buscar personas que suscribiesen la ampliación de capital de Libertad Digital. En octubre de 2004, Lapuerta expuso a Acebes la posibilidad de adquirir los títulos con fondos de la caja b. Bárcenas relató al juez Ruz que Lapuerta le trasladó la autorización de Acebes para disponer de los fondos ocultos.

Las salidas de fondos de la caja b para la compra de acciones de Libertad Digital figuran en nueve apuntes de la contabilidad de Bárcenas. El plan consistía en que personas de confianza de Bárcenas —como su amigo y testaferro Francisco Yáñez; su esposa, Rosalía Iglesias o el propio Lapuerta— recibían el dinero, suscribían las acciones y posteriormente las volvían a vender en el mercado reintegrando el dinero adelantado por el PP. Sin embargo, la mujer de Bárcenas se quedó con sus 149.000 euros, que sirvieron al matrimonio para financiar un chalé en Baqueira Beret.

Ruz, que en octubre y diciembre de 2013 rechazó imputar a Acebes, modifica su criterio inicial. Para ello, se acoge a los estatutos del PP vigentes en aquella época y que otorgaban al secretario general “la dirección de todos los servicios” de la formación. También aplica jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en la que se reconoce que el delito de apropiación indebida puede cometerse por omisión, al no vigilar la conducta de sus subordinados. El magistrado cita la "responsabilidad" de Acebes "respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación", enmarcada en la ampliación de capital de Libertad Digital, y al hecho de que estos fondos acabaran "siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos".

La imputación de Acebes le genera problemas para su continuidad como miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, al que se incorporó en abril de 2012 y por el que cobra 253.000 euros anuales. La nueva circunstancia obliga a la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán a estudiar la continuidad del exministro en su máximo órgano.

El Reglamento del Consejo de Administración establece que los consejeros deberán poner su cargo a disposición y dimitir cuando, entre otros supuestos, “perdieran la honorabilidad, solvencia, competencia, disponibilidad o el compromiso con su función necesarios para ser consejero de la sociedad”.

Por otra parte, el Código Ético de la empresa para sus profesionales, que puede afectar también a los consejeros, obliga a notificar la apertura de cualquier procedimiento penal que pueda “perjudicar la imagen o los intereses del Grupo”, informa Miguel Ángel Noceda.

El juez también cita como testigos al expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte; y a dos compradores de acciones de este grupo: el exdirector general del Ministerio de Justicia Alberto Dorrego y el empresario Borja García Nieto.