Una comisión de juristas vascos quiere mediar entre presos y Gobierno

El proceso hacia el final de ETA es singular, comparado con el de otras organizaciones terroristas. Se trata del desmantelamiento de una organización armada a plazos, en el que la banda da pasos hacia su disolución sin negociar contrapartidas con el Gobierno. Nada que ver con el final del IRA irlandés, el referente inicial de ETA, ni con las guerrillas latinoamericanas, como las FARC, que estos meses negocia su fin con el Gobierno colombiano.

El reconocimiento, este sábado en Durango (Bizkaia), de las vías pacíficas y del rechazo a la violencia por los 63 etarras excarcelados por la anulación de la doctrina Parot y que encarnan la época más dura del terrorismo etarra, es otra secuencia más, en este caso espectacular, de ese proceso. Una secuencia vinculada al anuncio del colectivo de presos de asumir la legislación penitenciaria y la reinserción individual, el 28 de diciembre, ha sido el jalón más importante en el proceso de desmantelamiento de la banda, tras su anuncio de cese definitivo de la violencia, el 20 de octubre de 2011.

Ahora, los más de 500 presos de ETA tendrán que decidir cómo materializan su anunciada decisión de asumir la legalidad penitenciaria, que comporta un rechazo individual al terrorismo, el reconocimiento del daño causado a las víctimas y la asunción de las indemnizaciones a estas.

Ante el rechazo del Gobierno de Rajoy a una interlocución de la izquierda abertzale y de los facilitadores internacionales, el Foro Social —la organización pacifista vasca Lokarri y expertos internacionales en resolución de conflictos—, que pidió en primavera al colectivo de presos que asumiera la legalidad penitenciaria, ha nombrado una comisión cuya pretensión es mediar entre el colectivo y los partidos vascos y las instituciones para gestionar la reinserción individual de los reclusos.

Integran la comisión juristas conocidos en Euskadi como la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Garbiñe Biurrun y el exdecano del Colegio de Abogados de Bizkaia Nazario Oleaga. Les acompañan Michel Tubiana, presidente de honor de la Liga de Derechos Humanos, y Jordi Armadans, director de la Fundación por la Pau, entre otros.

La comisión no ha contactado aún con el colectivo de presos y, por ello, aún no ha llegado ninguna solicitud de reinserción individual a las instituciones penitenciarias, como confirmó anteayer el ministro del Interior, Jorge Fernández.

La izquierda abertzale tiene como próximo hito la manifestación prevista para el próximo sábado en Bilbao por el cambio de la política penitenciaria del Gobierno, que sus organizadores prevén multitudinaria, tras el gesto de los reclusos de asumir la legislación.

El Gobierno vasco, del PNV, tiene algunas dudas de que el colectivo de presos pase de las palabras a los hechos inmediatamente, y no descarta que los más de 500 reclusos demoren sus peticiones individuales de reinserción.

Otro de los rasgos singulares de este proceso de final de ETA, además de los avances unilaterales, es su lentitud. Han pasado dos años desde que la banda anunció el cese definitivo del terrorismo hasta que ha dado este otro paso importante: la asunción de la legalidad por el colectivo de presos.

La izquierda abertzale admite que esa lentitud es consecuencia de que los terroristas solo dan un paso cuando hay acuerdo interno suficiente y está conjurada la escisión. En la primera mitad de 2012, el colectivo de presos debatió asumir la legalidad penitenciaria, pero al no decantarse una mayoría abrumadora, renunció a ello para evitar la escisión. La izquierda abertzale trata de conjurar que el desmantelamiento de ETA culmine con otra escisión. Y ese riesgo, aunque improbable, es mayor al negarse el Gobierno del PP a mantener una interlocución con la banda terrorista.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, está a la expectativa de que los 500 presos de la banda confirmen si asumen la reinserción individual. En caso afirmativo, tratará de convencer con más argumentos a Rajoy, con quien se reunirá a fines de enero, para que avance en el cambio de la política penitenciaria, pese a su reticencia, con el acercamiento de presos a cárceles de Euskadi y una variación de grado progresivo, empezando por los presos con menor condena. Pero la reclamación estrella será el traspaso de prisiones a Euskadi.

Tras este paso, el siguiente jalón decisivo del proceso de desmantelamiento de ETA es su desarme. Fuentes del Gobierno vasco prevén que puede materializarse antes de que se inicie el ciclo electoral en España con las europeas de mayo. A este argumento se une que ETA está pendiente de responder al Foro Social sobre el desarme. El Foro se dirigió en primavera al colectivo de presos y a la propia ETA. El colectivo contestó el 28 de diciembre. ETA tiene pendiente su respuesta.