El plan de reforma de la Administración contempla la venta de 15.000 inmuebles

El Gobierno pondrá a la venta 15.000 inmuebles, entre ellos una decena de edificios singulares, para profundizar en el plan de reducción del déficit. Es una de las 217 medidas contenidas en la reforma de la Administración pública que el presidente Mariano Rajoy acaba de presentar para “luchar sin cuartel contra la crisis”. La reforma fue una repetida promesa del PP durante la campaña, demandada insistentemente por la CEOE y por buena parte de la ciudadanía. El texto, que se elevará este viernes al Consejo de Ministros, se limita por el momento a un análisis de duplicidades que completa otra de las grandes medidas de esta legislatura,  la ley de racionalización de la administración local, que todavía no ha iniciado el trámite parlamentario.

Sin cifras de ahorro comunicadas, el presidente quiso darle hoy toda la solemnidad al anuncio. Es, según Rajoy, la radiografía "más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público en la historia de la democracia". Los cambios propuestos esta mañana por el presidente, sin embargo, no van más allá de recomendaciones que las comunidades autónomas podrán adoptar o no.

"Quisiera acabar con un mito muy extendido sobre el tamaño de la administración pública: España se sitúa entre los países de la eurozona con menor gasto público, un 43%, seis puntos menos que nuestro entorno", explicó. "Nuestro mayor problema es el desplome brutal de los ingresos", resumió Rajoy. "La reforma de las administraciones públicas dio arranque en nuestro primer día de Gobierno", se defendió Rajoy, frente a las críticas de que el Ejecutivo ha tardado demasiado en presentar los grandes cambios prometidos en su programa electoral.

Estas son algunas de las 217 medidas, 120 relativas a duplicidades, contenidas en el estudio de 200 páginas que ha sido elaborado bajo la supervisión directa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En este proceso los ciudadanos han remitido al Ministerio de Hacienda más de 2.000 propuestas para eliminar burocracia.

Inmuebles.

Aunque el momento es, a todas luces, muy complicado para hacer ventas en el sector inmobiliario, el Gobierno quiere enajenar 15.000 inmuebles y reordenar los alquileres de sedes institucionales. Para ello se ha realizado un estudio de ocupación y se han reducido ya arrendamientos a través de la supresión de 356 contratos con un importe de 40 millones de euros. Se intentará que ningún edificio público esté vacío. Las ventas de inmuebles han reportado hasta ahora al Gobierno 88 millones de euros.

Funcionarios.

Las nóminas de los funcionarios se generan según unas pautas adoptadas en el año 1974. Cinco días antes del pago de las nóminas, el Estado hace una provisión del dinero que va a entregar a sus empleados. Un cambio en esta práctica, unido a la eliminación de las 132 cuentas bancarias desde las que la Administración realiza los pagos podría ahorrar, según el Gobierno, seis millones de euros.

Supresión de puestos de trabajo y servicios.

El Ejecutivo insiste en que ya se han eliminado 377.000 puestos públicos y que las nuevas medidas no incidirán en este capítulo, sino en la extinción de la burocracia. También insiste en que "ningún servicio esencial", se dejará de prestar. Entre las medidas a adoptar en materia de función pública está la creación de una bolsa de empleo que fomente "la movilidad laboral".

Ahorro ¿millonario?

El presidente no ha dado cifras sobre el ahorro que supondrán estas medidas. Las únicas pistas las da el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas, que cuantifica en 8.000 millones la eliminación de duplicidades administrativas junto a la reforma de los Ayuntamientos. Sin embargo muchos expertos han cuestionado que realmente se pueda llegar a alcanzar esta cifra. Es, además, dudoso que las Comunidades Autónomas vayan a aceptar de buen grado algunas de ellas, como la pérdida del control sobre las compras de suministros. La capacidad para que Madrid  las imponga es muy limitada y está sujeta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Centralizar contratos y cuentas.

"¿Qué sentido tiene comprar por separado?" se preguntó esta mañana Rajoy. El Estado tiene abiertas 4.823 cuentas bancarias y menos del 10% corresponden al Banco de España. Se creará una plataforma de compras centralizada y se controlará la deuda comercial del sector público para "que se pague a los proveedores, en buena parte pequeñas y medianas empresas". También habrá un registro único de empresas licitadoras.

Coto a los "chiringuitos" autonómicos.

El Gobierno quiere continuar con la supresión de organismos autonómicos como agencias meteorología, energía, o para la defensa competencia. "Desde el Estado se presta el mismo servicio", dijo Rajoy.  El mensaje fue claro para las autonomías, sobre las que el Estado tiene poca capacidad de imponer estas reformas. "Si se aplicasen las 120 propuestas de reducción de duplicidades se aumentaría el ahorro de las comunidades autónomas", explicó el presidente.

Menos "ventanitas".

"Una notificación postal cuesta 2,5 euros, una electrónica 0,19 euros".  Rajoy puso este ejemplo para abordar la necesidad de que se avance en la administración electrónica. "No es un ahorro menor", recalcó, en su idea de que "menos ventanitas", ofrecen "menos coste y más ahorro". 

Parque móvil.

En el último año el Estado ha pasado de tener 1002 conductores para 930 vehículos a 852 chóferes para 630 vehículos. En Madrid, el recinto que ocupan los coches oficiales alcanza los 26.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad. El Gobierno trasladará el aparcamiento a zonas donde el suelo sea más barato. 

Sueldo de los directivos.

Los políticos han dejado de ocupar, según el Gobierno, 268 puestos en consejos de administración de empresas públicas y han dejado de cobrar por ello. El ahorro que se ha conseguido con esta y otras medidas similares alcanza los 30 millones. Se han suprimido empresas públicicas, agencias y fundaciones.