Estrasburgo pide dación en pago o renegociación para familias en quiebra

Los golpes a la política hipotecaria del Gobierno español procedentes del Parlamento Europeo y de otras instituciones parecen no tener fin. La semana pasada fue la concesión del premio Ciudadano Europeo 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El tirón de orejas viene ahora de un informe sobre vivienda social que el pleno de la Cámara tiene previsto aprobar hoy. El documento, que ya obtuvo el sí de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara en abril, incluye una serie de recomendaciones, entre las que se incluye la petición de que la normativa europea “incluya procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago [que la entrega del bien hipotecado baste para saldar la deuda] para los deudores o familias en situación de quiebra”.

Este documento no tiene implicaciones legales, pero sí una fuerte carga política en países como España, en los que en los últimos años decenas de miles de familias han perdido su casa por impago. Muchos de estos desahuciados siguen adeudando parte de la cantidad pedida al banco. Y, pensando en este colectivo, el informe pide a los Estados miembros “que impidan que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios”.

El galardón de la Eurocámara a la PAH ya despertó la furia del PP —“Hoy ha sido Ada Colau, mañana pueden premiar a Arnaldo Otegi”, llegó a decir el eurodiputado Carlos Iturgaiz—, que exige que se revoque el premio a una organización que reclama la dación en pago con carácter retroactivo para los deudores que se hayan quedado sin su residencia habitual.

El pleno de la Eurocámara votará mañana el documento, redactado por la diputada ecologista francesa Karima Delli. El apartado más polémico, añadido a propuesta del socialista español Alejandro Cercas, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que “aborden la solución del drama social que plantea la pérdida de la vivienda para los más afectados por la crisis y el desempleo”. El texto recuerda también que los desahucios “se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destinadas al saneamiento del sistema financiero europeo”.

Esta iniciativa del Parlamento llega varias semanas después de que el Banco Central Europeo pidiera al Gobierno español “un conjunto de medidas más amplio que aborde las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias”.

Pero el mayor revés a la ley hipotecaria llegó el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la normativa española violaba la directiva europea de protección a los consumidores, de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros. Con este paso se abrió la puerta a que cualquier juez español pueda paralizar de forma cautelar un desahucio para ver si hay cláusulas abusivas.

El Parlamento Europeo dará el visto bueno a este informe después de ponerse de acuerdo con el resto de las instituciones europeas para sacar adelante una directiva sobre créditos hipotecarios que garantiza condiciones más favorables para los prestatarios en casos de pago anticipado y de ejecución hipotecaria. Esta nueva norma, que los Estados deberán trasladar a sus legislaciones nacionales, contempla la dación en pago siempre que deudor y acreedor estén de acuerdo. Pero este aspecto tendrá un escaso impacto en España, donde la legislación ya contempla esa posibilidad, siempre en caso de acuerdo previo.

Organizaciones como la PAH piden que la dación en pago se aplique con efectos retroactivos, algo a lo que se opone el Gobierno por los perjuicios que ocasionaría a la banca. La nueva directiva europea no se pronuncia sobre esa posibilidad en concreto.

Expertos como José García Montalvo también tienen sus reservas con la dación en pago retroactiva y generalizada. Este catedrático de Economía de la Pompeu Fabra considera que, de aprobarse, cualquier comprador que viera que su piso ha perdido valor podría devolverlo al banco; se generarían así unas pérdidas en el sistema financiero que en última instancia deberían ser compensadas con dinero público. “Sería más justo una ley de segunda oportunidad, en la que el juez viera caso por caso cuándo hay que hacer reestructuraciones de la deuda”, concluye García Montalvo.