El PP incumple su compromiso de transparencia

Desde que estalló el caso Bárcenas, a mediados de enero, el PP ha incumplido en al menos tres ocasiones el compromiso de transparencia al que recurrieron Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal para frenar una rebelión interna y tratar de responder a una demanda ciudadana.

El presidente del Gobierno anunció ante la plana mayor reunida en el Comité Ejecutivo Nacional del 19 de enero una “investigación interna profunda que será sometida a una auditoría externa” de toda la contabilidad del partido desde que nació el PP, en 1989. Dos meses y medio después, los populares han renunciado definitivamente a entregar a una auditora externa las cuentas afectadas por los apuntes manuscritos del extesorero Luis Bárcenas. A pesar de que la dirección mantiene que no le ha faltado voluntad, todas las empresas especializadas consultadas por el partido, entre ellas, KPMG, Price Waterhouse y Deloitte, se han negado a asumir la revisión. Se escudan en que no podrían auditar al PP porque su contabilidad ya está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, que tiene “competencia exclusiva” para esa tarea.

Tampoco la revisión interna de las cuentas pudo retrotraerse a la fundación del PP. La tesorera, Carmen Navarro, ha admitido que la documentación en su poder arranca a mediados de los noventa y que solo dispone de información “pormenorizada” desde 2004. Por esta razón, el partido no ha podido entregar al juez Pablo Ruz todos los datos sobre operaciones bancarias solicitados por la Audiencia Nacional.

El pasado 11 febrero, Cospedal, secretaria general y número dos del partido, anunció la publicación de las declaraciones de la renta de una docena de miembros de la cúpula, dos días después de que lo hiciera el jefe del Ejecutivo. La documentación, dijo, se remontaría al año de ingreso de cada uno en la dirección del partido. Esta decisión, además de a la propia secretaria general, afectaba a los seis secretarios ejecutivos y, por encima de ellos, a los tres vicesecretarios (Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons) y los coordinadores de área (Juan Carlos Vera y José María Beneyto).

Aún no se ha cumplido esa promesa, salvo en el caso de Cospedal, en calidad de presidenta de Castilla-La Mancha, y de los portavoces parlamentarios (Alfonso Alonso, José Manuel Barreiro y Jaime Mayor Oreja).