El Gobierno dará una moratoria de dos años ante desahucios extremos

La presión social, política y, sobre todo, la conmoción por hechos tan abrumadores como dos suicidios en las últimas semanas, el segundo el viernes, ha llevado al Gobierno y al PSOE a moverse más rápido. Ambos aceleraron los contactos para avanzar hacia un acuerdo para frenar los desahucios más extremos que, en todo caso, no se materializará hasta la próxima semana. Ese acuerdo, no obstante, no tendrá carácter retroactivo y sería aplicable a hipotecas firmadas, pero no a las que están en proceso de ejecución. Es decir, no serviría para casos como el de Amaya Egaña, la mujer que se suicidó en Barakaldo. A lo más que podría llegar el acuerdo es a obligar a los bancos a poner un porcentaje de su parque de inmuebles para alquiler social y realojar a personas desahuciadas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solemnizó la idea durante un mitin electoral en Lleida: “Estos días vemos cosas terribles, situaciones inhumanas, una persona se ha suicidado cuando la iban a desahuciar. Es un tema difícil, que hay que tomárselo con toda la seriedad y humanidad. El Gobierno está hablando con muchas personas, hemos hablado esta mañana con el PSOE. Espero que podamos hablar el lunes de la paralización temporal de desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Y de los umbrales de exclusión, para aplicar mejor el código de buenas prácticas, para que se pueda renegociar la deuda y permanecer en la vivienda. Es un tema difícil, espero que pronto podamos darle buenas noticias al conjunto de los españoles”.

Las opiniones que se oyen pidiendo el cambio de leyes procedieron de jueces, del Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y hasta la Iglesia. Así, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, abogó por hallar solución al “problema angustioso de los desahucios”, y el obispo de Bilbao, Mario Iceta, pidió urgencia.

Empujado por esta presión y el clamor social por los desahucios, el PSOE, a través de su número dos, Elena Valenciano, llamó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ambas se mostraron “conmocionadas” por el suicidio de Barakaldo. También ha hablado estos días la secretaria socialista de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero, con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, para perfilar las “medidas urgentes” que se podrían poner ya en marcha.

En paralelo, desde La Moncloa se impulsaron contactos entre los ministerios de Presidencia y de Economía para cerrar una propuesta concreta y difundir esos preparativos. De esos contactos salió el adelanto de que el Gobierno propondrá una moratoria de dos años para las ejecuciones de hipotecas en casos extremos, tal y como se pedía también en la proposición de ley del PSOE. Esa iniciativa la llevará el Ejecutivo el próximo lunes a la comisión creada con el PSOE para buscar soluciones. En todo caso, ya tenían previsto reunirse el lunes y lo que se hizo ayer fue reafirmar la voluntad de acuerdo, dar imagen de actividad (ayer fue festivo en Madrid) y avanzar algunos detalles desde el Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno y del PSOE explican que, inicialmente, había resistencia en algunos ministerios a acometer una reforma legal y se mantenía únicamente la opción de modificar el Código de Buenas Prácticas, flexibilizando los umbrales de exentos de desahucios. El Ejecutivo trasladó la opinión negativa de los bancos, que consideraban que al generalizar la limitación de los desahucios se corría el riesgo de provocar contagio de impagados que lastrara su situación. Ahora, el Gobierno acepta cambios de leyes, pero buscando la forma de evitar esa generalización de impagos.

El PSOE mantiene la necesidad de modificar cinco leyes por entender que es preciso equilibrar una situación que, en este momento, favorece al banco muy por encima del deudor. Los socialistas se volcaron ayer en pedir a los bancos que frenen las ejecuciones de los desahucios, informa Vera Gutiérrez Calvo. Para eso, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, remitió sendas cartas a los responsables de la Asociación Española de la Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para pedirles “que procedan a la paralización de todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta tener una nueva regulación sobre esta materia”. Rubalcaba, ante estos “dramas humanos muy dolorosos que provocan alarma en una sociedad democrática” se pone a disposición de Miguel Martín, presidente de la AEB, y de Isidro Fainé, presidente de la CECA, para reunirse y “profundizar tanto como sea necesario (...) con el fin de evitar nuevas ejecuciones hipotecarias”.

El coordinador de IU, Cayo Lara, exigió tanta celeridad para cambiar esa ley como la que tuvieron PP y PSOE para modificar la Constitución en 15 días: “Si no se hace lo mismo en este trágico problema es que algunos pretenden tomar el pelo a la sociedad”.