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La comunidad de Otodo Gbame, un asentamiento informal levantado frente el mar hace más de ochenta años por miles de residentes en la capital comercial de Nigeria (Lagos), fue desalojado por la policía a principios del mes pasado a golpe de porras y gas lacrimógeno. Tal fue el nivel de agresividad de los agentes que cientos de residentes tuvieron que huir en canoa, mientras sus casas eran derrumbadas. Según testimonios de AlJazeera, algunos botes estuvieron hasta doce horas sin poder tocar tierra firme, amenazados por los agentes cada vez que intentaban atracar.

Los motivos oficiales: la insalubridad y peligrosidad de construir más casas hacinadas a orillas del Atlántico, una zona donde las inundaciones y el cambio climático amenazan la vida de sus residentes. Las sospechas de los vecinos y vecinas del barrio: el recurrente desalojo de población empobrecida, que no busca más que liberar los solares para facilitar la construcción de espacios de ocio y residencias para la población más adinerada.

Sin embargo, este no es un caso aislado. El pasado mes de marzo, 4.700 personas ya vieron sus casas demolidas en el mismo asentamiento. Un caso que fue denunciado por Amnistía Internacional, acusando al gobernador de lagos, Akinwunmi Ambode de violar los acuerdos aprobados por la Corte Suprema del Estado de Lagos para detener las demoliciones y comenzar un proceso de mediación entre el gobierno estatal y la comunidad. Este pacto fue acordado en enero, después de que en noviembre de 2016, otras 30.000 personas de Otodo Gbame perdieran sus casas por un monstruoso incendio que el gobierno atribuyó a "conflictos étnicos" y en el que murieron quince personas.

Hoy, 300.000 personas más de otros barrios ribereños podrían verse pronto igualmente forzadas a abandonar sus casas según informa el periódico The Guardian, convirtiéndose en población sin techo. Se trata de una dinámica llevada a cabo desde la década de los noventa, y que pone en peligro la ya de por si carente vida de los habitantes de los barrios chabolistas de capitales africanas como Lagos.

No obstante, para la clase política y la mayor parte de la clase media, proyectar una imagen de Lagos como una capital cosmopolita, repleta de centros comerciales y preparada para el lujo, para atraer a capital extranjero, parece estar por encima de los derechos de la mayor parte de su población. Y en este sentido, maquillarla se ha convertido en una obsesión a toda costa. Una vez más, las oportunidades lucrativas por parte de las inmobiliarias y la gentrificación abofetea y aparta de los planes urbanísticos a los moradores locales. 

Se estima que cerca del 70% de la población lagosense, de cerca de 21 millones de habitantes conviviendo en un espacio equivalente a dos tercios del tamaño de Londres, unos 3,000 kilómetros cuadrados, reside en barrios informales, y que cada día llegan 3.000 nuevos residentes desde otros puntos del país o de países vecinos. Lógicamente, la mayoría de estos inmigrantes urbanos acaban instalándose en los barrios donde pueden permitirse un alquiler.

Otodo Gbame, en el muelle de Lekki, era un barrio insalubre y peligroso por estar bajo riesgo de inundaciones constantes. Tal y como sucede con otros tugurios como el de Makoko, los sistemas de drenaje y canalización desembocan en el mar, cuyas aguas conforman muchas de sus calles, transitables en barca o en canoa. Las mismas aguas que sirven de carreteras y de cloacas son las que se utilizan para beber, limpiarse o cocinar, y como es de esperar, el cólera es uno de los peores enemigos de sus habitantes.

Sin embargo, tal como apuntan algunos activistas nigerianos, los desalojos no son, ni mucho menos, ninguna solución para su población, que queda en una situación de total desamparo, empeorando aun más su realidad a todos los niveles.

Si Lagos no considera proporcionar viviendas adecuadas, asequibles y sostenibles para sus habitantes más empobrecidos cada día, su futuro estará muy amenazado. Y como ya se sabe de experiencias similares, cuando la mayoría de la población urbana vive en condiciones indignas y ve sus derechos constantemente amenazados, tiene muchas más probabilidades de convertirse en caldo de cultivo para actividades delictivas o grupos criminales. Destruir un tugurio para construir un hotel, por más que sea de cinco estrellas, empobrece a la población que lo habitaba, y además no impide que se levante inmediatamente otro donde ésta pueda vivir. Si los gobiernos locales no diseñan y aplican políticas urbanísticas integradoras, la miseria y los conflictos urbanos estarán asegurados. Y a la larga, no habrá maquillajes posibles para una ciudad insostenible a todos los niveles.

De momento, los residentes más empobrecidos de Lagos cuentan con dos puntales. El primero, y quizás el más importante: su capacidad de resiliencia más que demostrada. El otro, indispensable, la Iniciativa Justice and Empowerment, una organización no gubernamental sin fines de lucro que lucha para que los pobres puedan tener un mayor acceso a la justicia y aboga por la gobernanza y políticas urbanas en su favor. Junto a la Federación de tugurios nigerianos y asentamientos informales, han querido rendir tributo a los habitantes de Otodo Gbame, que han recibido un enorme apoyo en twitter bajo los hashtags #OtodoGbame y #SaveTheWaterfronts.