Las cuentas claras
Urge un Senado reformado donde los Gobiernos autónomos puedan participar de forma efectiva en la legislación estatal
La historia se repite cada cierto tiempo: mientras unos presidentes autonómicos callan, otros alzan su voz para denunciar un trato injusto a su región. Y una gran parte de ciudadanos se pierde en un debate técnico y poco transparente. Me refiero a lo ocurrido hace unos días cuando Montoro presentó las inversiones en infraestructuras previstas en los Presupuestos Generales.
Las inversiones son gastos de capital del Gobierno central en los territorios —en carreteras, telecomunicaciones, puertos o aeropuertos, por ejemplo— y no forman parte de la financiación autonómica, aunque a veces se confundan. Esta última pertenece al ámbito presupuestario autonómico y sufraga los servicios traspasados a las regiones. En cambio, las inversiones pertenecen al ámbito presupuestario del Gobierno central y, por tanto, son ampliamente discrecionales.
¿Usa el Gobierno central dicha discrecionalidad con criterios de eficiencia, solidaridad o de oportunidad política? La economista Ana Herrero revisa distintos estudios y concluye que parece existir un componente redistributivo en las inversiones, aunque no hay evidencia de tratamientos favorables o desfavorables sistemáticos.
¿Deben las regiones restringir esa discrecionalidad fijando en sus estatutos el porcentaje de inversión total que debe recibir su territorio? No parece la mejor solución para condicionar el diseño de los Presupuestos Generales, pues las diferentes cláusulas estatutarias son difícilmente compatibles entre sí y además limitan las competencias del Gobierno central.
Sin embargo, algo debería cambiar. La debilidad del Senado hace que las regiones busquen influir a través de canales que acaban siendo más opacos, como la negociación partidista, o menos eficaces, como muestra el caso de las cláusulas estatutarias de inversión.
Urge un Senado reformado donde los Gobiernos autónomos puedan participar de forma efectiva en la legislación estatal. Con capacidad de promover una mayor transparencia en la distribución de las inversiones territorializadas del Gobierno que evite discriminaciones. Cuentas claras para la rendición de cuentas. @sandraleon_
