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Arranca con bronca la ponencia para reformar el reglamento del Parlament

Junts pel Sí quiere sancionar a los grupos de la oposición que no asistan a los debates

Sesión en el Parlament el pasado día 8 de marzo.
Sesión en el Parlament el pasado día 8 de marzo.efe

La llamada ponencia conjunta que ha de servir para aprobar la reforma del reglamento del Parlament que permitirá aprobar la ley de ruptura en apenas dos horas y sin debate ha arrancado este jueves con polémica. Carme Forcadell, presidenta de la cámara y que lo es también de la comisión del Reglamento, había convocado una reunión para constituir la ponencia conjunta y a la cita han acudido representantes de los seis grupos parlamentarios.

Toda la oposición no independentista (Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es Pot y el PP) se han presentado en la reunión para mostrar su disconformidad por el trámite empleado y por la pretensión que esconde la reforma del reglamento para facilitar la estrategia independentista. Han sido apenas treinta minutos, en los que el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha anunciado ante la sorpresa de todos y para replicar a la oposición que consultaría a la Mesa del Parlament si se les podía sancionar a los grupos parlamentarios que no acudieran a las reuniones de la ponencia, al considerar que estaban obligados a ello.

El anuncio ha indignado a los grupos de la oposición, que suman 62 de los 135 diputados de la Cámara. "Lo que plantea Turull me parece una aurora boreal", ha dicho el diputado socialista David Pérez para referirse a la insólita petición. Por su parte, Joan Coscubiela (Catalunya sí que es Pot) ha recordado que la participación de los grupos en una ponencia es un derecho, no una obligación.

Las ponencias conjuntas que hasta ahora ha creado el Parlament tenían 12 miembros (dos por cada grupo) y nacían con la unanimidad de las fuerzas políticas. Nada que ver con este caso, en que los cuatro grupos no independentistas venían anunciando desde hacía días que no participarían en esas reuniones, por lo que difícilmente podría hablarse de "ponencia conjunta”.

Jordi Turull y Roger Torrent por parte de Junts pel Sí y Anna Gabriel, de la CUP serán finalmente los tres diputados que presenten la proposición de ley para reformar el reglamento de la cámara. La oposición entiende que de esta forma se está reproduciendo el escenario del año pasado, cuando se crearon las ponencias para aprobar tres leyes de desconexión y solo participaron los dos grupos independentistas.

Ciudadanos, PSC y PP recurrieron y el Tribunal Constitucional sentenció el pasado mes de diciembre que elaborar leyes sin su presencia supone una vulneración de los derechos de los diputados y les dio la razón. Estos grupos se están planteando de nuevo recurrir en amparo.

Con la ausencia de la oposición en la ponencia, Junts pel Sí y la CUP podrán acelerar aún más la reforma del Reglamento, pues ambos grupos se pondrán fácilmente de acuerdo y se evitará la habitual negociación de enmiendas. Junts pel Sí ya tiene redactadas las enmiendas de los artículos que pretende reformar, pues las presentó hace tres semanas por error cuando reclamó que modificara el reglamento del Parlament.

Serán diversos artículos los que se modificarán, pero la reforma está pensada con un objetivo muy claro: cambiar el redactado del artículo 135.2 para permitir que un solo grupo pueda presentar una proposición de ley ante la Cámara y se pueda aprobar por el procedimiento de urgencia de lectura única. Esta vía está reservada ahora al acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios o cuando se trate de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno catalán.

Ese hecho, unido a que el reglamento ya permite modificar sobre la marcha el orden del día del Pleno del Parlament, facilitará la aprobación de la ley de ruptura sin el debate habitual. La elección del día para aprobar esa ley que seguramente servirá también para convocar el referéndum de independencia quedará al albur la estrategia independentista.

Con este procedimiento se pretende esquivar que la ley de ruptura que ya está pactada entre Junts pel Sí y la CUP y que ambos grupos esconden sea impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de su aprobación.

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