Madrid vota

Madrid vota esta semana. Si desde el inicio de la actual legislatura municipal Madrid despuntó como uno de los Gobiernos locales que más apostaba por escuchar a la ciudadanía, la votación de esta semana supone la puesta de largo de esta trayectoria. La adopción de todo el ritual que acompaña a un referéndum (campaña, censo, urnas) ha dotado al proceso participativo de una visibilidad política y mediática muy considerable.

Escuchar a la ciudadanía no es una política local extraordinaria, muchos Ayuntamientos llevan años practicándola. Hacerlo dotando al proceso de buenas condiciones sí es bastante más excepcional. ¿Qué significa buenas condiciones? ¿Se dan en la consulta madrileña? Sin duda, está lejos de ser perfecta, pero se acerca mucho más a un buen proceso que la gran mayoría de los que se hacen en las ciudades de nuestro país. Veamos.

Como en otros procesos participativos recientes, Madrid ha optado por una interpretación generosa de quién tiene derecho a participar: el demos habitual se amplía a los jóvenes de 16 a 18 años y a personas extranjeras empadronadas. Hasta aquí, Madrid no se desmarca de lo que viene siendo habitual en otros casos. Donde Madrid ha ido sin duda más lejos que otros es en crear las condiciones efectivas para que el número real de participantes pueda ser mayor. Muchas de estas consultas en ciudades grandes apenas son visibles para la gran mayoría de la ciudadanía, de manera que la participación se queda en los muy movilizados (el 3% habitual). No sabemos cuál será la cifra de participantes en Madrid, pero la considerable campaña publicitaria, la simultaneidad de varias consultas relevantes o la posibilidad de votar física o electrónicamente son piezas importantes que podrían movilizar votantes más allá de esos sectores. Permitir que voten todos los madrileños, aunque los vecinos de Plaza España o del centro estén mucho más afectados por algunas de las decisiones a tomar, es una decisión difícil y que se podría discutir, pero la alternativa fácil (que pudieran votar solo personas de la zona) sería sin duda peor.

Un dilema habitual en estos procesos es la tensión entre la relevancia de los temas y la voz que se da a la ciudadanía: referéndums vinculantes para temas menores y negociaciones secretas entre actores poderosos para los grandes temas. Los más críticos pueden ver algo de ello también aquí: unos hubieran preferido votar sobre las restricciones al tráfico debido a la contaminación y otros sobre las grandes operaciones inmobiliarias de la ciudad. Pero los temas sobre los que se debate no son tampoco marginales (como ha ocurrido en otros sitios): el futuro de la Gran Vía está siendo objeto de un amplio debate público y las dos propuestas que se votan podrían tener un considerable impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Sin embargo, la manera como se ha ido forjando el debate de cada uno de los temas es muy desigual. Aunque la consulta sobre la reforma de la Plaza España empezó con una encuesta muy confusa, hoy en día ese proceso parece bastante ejemplar, con espacios secuenciales que han permitido incorporar preferencias ciudadanas y consideraciones técnicas en la elección final: los madrileños eligen entre dos alternativas viables y en igualdad de condiciones. Esto no ocurre claramente en las otras consultas. ¿Quién va a votar contra integrar el transporte público en un único título si en ningún sitio aparecen los costes que esta decisión podría tener? ¿Quién va a decir que está contra un Madrid 100% sostenible si no se explican las potenciales consecuencias negativas de algunas de las 14 medidas que hay detrás de esa propuesta? Se trata de dos ideas sugerentes y que surgen de la ciudadanía, pero tal como están planteadas, y sin un debate público sobre los efectos de aprobarlas, no son el mejor ejemplo de cómo educar en la ciudadanía responsable. En el caso de la Gran Vía el debate público sí está existiendo, aunque las preguntas algo cargadas (¿quién vota contra “mejorar”, que es la expresión que aparece en tres de las cuatro preguntas?) denotan las tensiones entre un Gobierno que quiere escuchar pero que tiene claras preferencias sobre la decisión a debate.

En definitiva, una consulta perfectible, pero que representa la visibilización de la fuerte apuesta por la participación del Ejecutivo municipal y que, si en lugar de compararlo con el ideal democrático lo comparamos con la mayoría de las consultas municipales realmente existentes, estaría entre las alumnas apañadas de la clase.

Joan Font es investigador científico del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC).