Proceso arriesgado en Brasil

La apertura del proceso de destitución contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por parte del Congreso es una arriesgada maniobra política que puede perjudicar gravemente la estabilidad del país, con lo que ello supondría a la hora de tratar de resolver la profunda crisis en la que se encuentra la principal economía latinoamericana.

La destitución del jefe del Estado en una república presidencialista es un mecanismo jurídico que permite juzgar, y condenar en su caso, a quien tiene la legitimidad de la voluntad popular. No debe ser usado como arma en la refriega partidista, pero eso es exactamente lo que está sucediendo en Brasil, en donde un Congreso atomizado ha facilitado el estancamiento de la vida política y económica sin que el Gobierno sea capaz de adoptar las drásticas medidas que hacen falta para frenar la caída libre de la economía. No se trata únicamente de que la presidenta haya perdido la iniciativa apenas un año después de comenzar su segundo mandato; es que cualquier medida gubernamental queda bloqueada de manera automática.

Al país se le acaba el tiempo, y el impeachment es un proceso que puede prolongarse varios meses, lo que aumentará el retraso en el inaplazable combate contra la crisis que ya está afectando a la vida de los brasileños.

Lo único positivo que podría tener el proceso de destitución es que contribuyera a desbloquear lo que ahora se presenta como un callejón sin salida, y que permitiera decisiones radicales, un gran pacto de reformas básicas y la apertura de una nueva etapa. Si el proceso sigue adelante, y Rousseff lo supera, tendría vía libre para gobernar; si fuera sustituida, la oposición deberá abandonar su actividad de bloqueo. En todo caso, es necesario que la clase política esté a la altura de la situación, que abandone intereses espurios y que ponga por delante la imprescindible responsabilidad de Estado.