Madres comunitarias, guarderías para construir el futuro

Hace unos meses, en Colombia, compartí una nueva experiencia vital con el equipo regional de Buenaventura de Alianza por la Solidaridad. Estaba allí como voluntaria de la Agencia Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO), que financia proyectos que ayudan a la construcción de la paz en una zona inmersa en un conflicto que no acaba de ver el fin.

Dicen que Buenaventura es un experimento de lo que pasa en el país, con un 88,5% de la población afrocolombiana. Es el municipio más extenso del Valle del Cauca y cuenta con el principal puerto marítimo del país, aunque un 80% de sus habitantes son pobres, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En Buenaventura hay presencia de grupos armados posteriores a la desmovilización y, a causa del conflicto, solo entre el 2012 y el 2013 los desplazamientos masivos se incrementaron en un 50%.

Admiré los paisajes de este rincón del mundo rodeado del infinito océano Pacífico, pero sobre todo en ese viaje conocí gentes sonrientes que llevan en la mochila historias duras, llenas de superación; el latir de las personas que viven en medio de un conflicto que se recrudece en las zonas rurales, que toma matices y expresiones diversas.

Y por todos lados, niños y niñas. Decenas de pequeños llenos de futuro que jugaban sobre el regazo de sus madres. Mi percepción fue que el índice de natalidad en la zona es alto; la falta de incentivos laborales y sociales puede ser una razón, pero además está relacionado con la lucha de las comunidades afro por no desaparecer de la faz de la tierra, ya que son una minoría.

En Colombia, más de 69.000 mujeres trabajan en programas de cuidado infantil en hogares gestionados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ellas son las llamadas madres comunitarias. Cuidan de pequeños grupos de niños, normalmente en situación de pobreza y de hasta seis años, de la vereda (asentamientos de casas junto al río), a veces, en sus propios domicilios como se hacía inicialmente. Son reconocidas en sus comunidades por su solidaridad, convivencia y compromiso.

Junto al río Mayorquín, tuve la oportunidad de conocer a dos de ellas: Luz Mery Rentería Gamboa y Graciela Rentería Vivero. Irradiaban vitalidad. Graciela me contó que trabajaba desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde. "Mi labor consiste en enseñar a los más pequeños lo usos y costumbres de su zona, además de transmitir valores y el buen trato con los demás", me explicaba. Ella es madre comunitaria desde 1985; cuando comenzó, lo hacía gratis, como todas las demás, hasta que en 1997 accedió a una beca, que poco a poco ha ido creciendo, aunque no supera el salario mínimo del país.

Todas las madres comunitarias han luchado duro por sus derechos laborales frente a las políticas neoliberales del Gobierno. Recordaba Graciela que la bonaverense Dionila, compañera suya, es la líder que ha encabezado estas protestas durante muchos años a nivel nacional, y que se ha convertido en un referente. De hecho, esta forma de organización popular fue considerada ilegal por el Estado colombiano hasta que en 1988 el Gobierno lanzó un programa oficial y las madres comunitarias se convirtieron en "trabajadoras voluntarias". Hoy, siguen organizadas para conseguir más estabilidad en el empleo y prestaciones sociales.

Alianza en los hogares comunitarios

En Buenaventura, me explicaron cómo es su día a día. Cada una de ellas tiene a su cargo entre 12 y 14 niños, y afrontan el coste de los cuidados (alimentos, utensilios de cocina y materiales educativos). Estas mujeres también reciben formación para la atención a la población infantil y, aunque es una labor del ICBF, en muchos casos esta institución no logra llegar a las comunidades más lejanas. Por ello, desde hace 10 años, Alianza por la Solidaridad respalda este trabajo de formación. También apoya las visitas de funcionarias del ICBF para el acompañamiento a estas mujeres.

Además, el Gobierno exige a las madres comunitarias un mínimo de condiciones de salubridad en sus viviendas —que las cocinas o los baños estén enchapados o que sean seguros— y hay algunas con años de experiencia que no pueden pagar las reformas y deben abandonar su labor. También en este asunto trabaja Alianza. Desde 2008, esta organización ha contribuido con la construcción, remodelación o dotación de materiales en 20 hogares comunitarios de la zona urbana o fluvial de Buenaventura, a la vez que contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las comunidades con diferentes infraestructuras de agua y saneamiento básico, así como con programas de apoyo social e impulso de actividades económicas.

Luz Mery trabaja en uno de estos nuevos hogares, pues el ICBF le había prohibido utilizar su domicilio porque no cumplía los mínimos requisitos. Me contaba que la comunidad se implicó en la construcción del centro, especialmente las madres. "Un día hicimos arroz con leche y limonada para todos los que estábamos trabajando. Todos colaboramos transportando arena, balastros y tablas. Fue un trabajo duro pero muy gratificante, y ahora doy gracias a todos por tener esta nueva guardería", relataba. "La casita estaba muy mal", reconocía su compañera Gabriela.

Durante mi visita, me enteré de que el aumento del número de personas desplazadas internas, que no ha dejado de subir desde mediados de los 90, enfrenta a las madres comunitarias a un reto mayor. Familias recién llegadas se establecen en barrios en los que todavía no existen servicios básicos. Niños y niñas deben pasar parte de su jornada en los hogares comunitarios, mientras sus progenitores buscan trabajo para el sustento familiar.

El nuevo hogar comunitario de María Elida Ramos, que está a cargo del hogar infantil de la vereda Redondito, en el río Naya, es otro de los que Alianza construyó. Orgullosa, rodeada de los pequeños, me contaba que ahora los padres se van "tranquilos" desde primera hora del día porque saben que este servicio garantiza el cuidado de sus hijos. A pesar de las dificultades, veía en la cara de María Elida que disfrutaba con su trabajo. Ella y los 12 miembros de su familia también han contado con el apoyo de la ONG para mejorar su vivienda y para fortalecer el negocio familiar agrario.