Derecho a no decidir

El Parlamento de Cataluña sirve para legislar, controlar y elegir al Gobierno de la Generalitat. Y este, para dirigir la Administración autonómica en cada período. No para otra cosa. Así lo establecen los artículos 55 a 72 del Estatuto de Autonomía. Todo lo que sea desviar a ambas instituciones, la cámara y el ejecutivo, de las funciones en él previstas deriva en fraude de ley, en detrimento de los ciudadanos catalanes.

Cada elección en cada escalón de la (multi) gobernanza sirve para lo que sirve. Si se utiliza para un objetivo distinto, que desborda sus poderes y competencias, resulta por tanto extra vires: un abuso de poder. Así que una elección municipal no puede incautar las funciones de un Gobierno autónomo. Ni una convocatoria legislativa nacional puede anular las competencias repartidas por el Estado de las autonomías. Ni un referéndum sustituirá una elección, ni una elección equivale a un plebiscito, salvo en las repúblicas bananeras o en las antiguas dictaduras soviéticas.

Si alguien lo fuerza así, se arriesga a obliterar o cercenar los derechos de los ciudadanos (en este caso, catalanes), porque a cada derecho le corresponde un deber de una Administración determinada, no de cualquiera de ellas, y a cada deber de esta, el ejercicio de su exigencia por los ciudadanos. Todo lo que se aparte de este esquema desemboca en erosión de la democracia, el caos o la autocracia.

Esta serie de evidencias estatutarias y constitucionales es lo que olvidan Convergència Democràtica y Esquerra Republicana (acompañadas de sus organizaciones de agitación) en su alucinante hoja de ruta unitaria para la independencia de Cataluña firmada el lunes.

El mejor resumen del sinsentido de ese documento —que apenas rearmará la moral de los independentistas de buena fe una vez conocen que las encuestas les niegan la mayoría necesaria— lo ha expresado Dolors Camats, una dirigente (independentista) de Iniciativa per Catalunya, hasta hace poco adscrita al movimiento soberanista.

La especiosa hoja de ruta “niega el derecho a decidir”, denuncia Camats, porque impondría la secesión sin votación expresa específica y por quórums parlamentarios inferiores al prescrito (dos tercios de los escaños para reformar el Estatuto). Y “unas elecciones al Parlamento no pueden sustituir al referéndum” porque en aquellas se dilucidan cosas distintas, y una decisión trascendental requiere una consulta, legal y pactada, ad-hoc.

El planteamiento contradice la promesa de Artur Mas de que los ciudadanos votarían en cada paso de su peculiar proceso (lo que ahora se niega: se refrendaría una Constitución cuya elaboración no habría sido sometida a las urnas); prescribe la declaración unilateral de independencia (con negociaciones colaterales solo cosméticas); reconoce (y por tanto, impulsa) que Cataluña quedaría fuera de la ONU y de la Unión Europea; y viola flagrantemente todo atisbo de legalidad.

Es aún peor que un atentado democrático. Es un delirio sin paliativos.