Que hablen los hechos

Utilizar el Parlamento para martillearse mutuamente con los casos de corrupción es un derecho al alcance de la oposición y del Gobierno, pero de ese pozo se saca poca agua. Mariano Rajoy se encuentra en desventaja en este tipo de debates, porque ha sido y es responsable de un partido afectado por muchos escándalos, mientras que Pedro Sánchez parte con la ganancia anticipada de no haber desempeñado papel alguno en las direcciones anteriores del PSOE. Aun así, ambos representan a siglas políticas mezcladas con casos de corrupción y de abusos, de forma que ninguno de ellos está en condiciones de mejorar sus posiciones simplemente sobre la base de enzarzarse en reproches mutuos.

El peligro de cegar la búsqueda de soluciones eficaces es que se produzca una explosión de ocurrencias para la galería y sin verdadera efectividad práctica. La responsabilidad de sanear la vida pública corresponde a todos los partidos parlamentarios y singularmente a los dos más importantes. El jefe del Ejecutivo no puede rehuir una explicación amplia respecto a los asuntos que afectan a su partido —que preside desde hace 10 años—, ni tampoco la limpieza interna de su organización. Pero ahí no se agotan las tareas pendientes del PP ni las del PSOE, principales responsables de los asuntos de gobierno —junto con algunos partidos nacionalistas—, y los primeros necesitados de ganarse la confianza de los ciudadanos.

Este periódico ha sugerido que las Cortes constituyan una comisión independiente para diagnosticar a fondo las razones por las que la corrupción se cuela con tanta facilidad en la política. El tantas veces evocado “pacto anticorrupción” —el PP se lo ha ofrecido a la oposición— debería referirse al compromiso de adoptar las medidas emanadas de esa comisión y transformarlas cuanto antes en legislación eficaz y en órganos de aplicación y control despolitizados.

Entretanto, los partidos tienen la ocasión de demostrar su verdadera voluntad de cambio desterrando el método de recuperar a los implicados por corrupción en las próximas candidaturas electorales. Mientras se mantenga el sistema de listas cerradas y bloqueadas, en las que los ciudadanos no pueden cambiar nombre alguno, es un verdadero abuso afirmar que las urnas absuelven o blanquean a los sospechosos. El político no solo tiene que ser honrado, sino que ha de merecer la confianza de los electores; cualquier duda fundada sobre esto obra en contra de su continuidad en la vida pública, sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia y del restablecimiento en sus funciones si es exculpado.

Que la política se aplique a cerrar las brechas por las que se cuelan los corruptos implica también continuar con la investigación de los casos descubiertos. Si los partidos no facilitan la tarea de los jueces, decepcionarán más a la ciudadanía y darán facilidades a la antipolítica.