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LA CUARTA PÁGINA

Nacionalismo y dinero

Lo que buscan las élites político-culturales que impulsan la consulta en Cataluña es monopolizar una parcela de poder y ascender a la cumbre del escalafón, aunque este domine un territorio más reducido

Tantos años luchando contra el “economicismo vulgar”; tantos años repitiendo a mis estudiantes que, para entender el nacionalismo, buscaran más los factores culturales y emocionales, como la lengua y la bandera, que los económicos; que, en vez de lucha de clases, predominaba el interclasismo; que quien impulsaba el proceso no era ninguna burguesía, sino élites intelectuales y profesionales; que los seguidores no perseguían recompensas materiales, sino satisfacción moral (el ingenuo “aquí mandamos nosotros”)… Tantos años insistiendo en estas cosas, y ahora llega la familia Pujol y me lo desbarata todo. ¿Ves cómo era el dinerito, el dinerito?, leo en la mirada sardónica de mis colegas.

En el caso catalán, además, el estereotipo economicista tiene solera. “Es la pela”, se decía, en cuanto obtengan el dinero que piden todo eso de la lengua pierde importancia. Incluso el nacionalismo radical lo ha reforzado recientemente con su insistencia en el expolio y el “Espanya ens roba” (aunque supongo que les habrá descolocado saber, de repente, que había robo, sí, pero que este procedía del corazón del catalanismo).

No creo, sin embargo, que se haya desmoronado el esquema político-cultural sobre el nacionalismo dominante entre los teóricos sociales de las últimas décadas. Por mucho que lamente contradecir al joven Solé Tura, el nacionalismo catalán no fue creación de su burguesía. El capitalismo es internacionalista. Le interesa expandir el negocio, derribar barreras aduaneras, crear mercados cada vez más amplios. En el siglo XIX, cuando estaban en boga los nacionalismos expansivos, como el italiano o el alemán, las respectivas burguesías, deseosas de liquidar las mil aduanas que caracterizaban al Antiguo Régimen, los apoyaron. Pero los pequeños nacionalismos secesionistas del XX-XXI no gustan al capitalista genuino. En el caso catalán, el empresariado no siente ningún entusiasmo, sino mucha alarma, ante el actual clima independentista, que podría aislarles del mercado con el que negocian.

A las élites político-culturales, en cambio, trocear el mercado les reporta beneficios inmediatos. Tienen intereses en el proyecto nacional, aunque no económicos, sino políticos. Lo que buscan es monopolizar una parcela de poder, eliminar la competencia, ascender a la cumbre del escalafón, aunque este domine un territorio más reducido. Y el empobrecimiento cultural les importa poco.

El empresariado no siente entusiasmo, sino mucha alarma, ante el actual clima independentista

Las sociedades atraídas por los movimientos identitarios tienden a ser tribales, familiares. Son relativamente pequeñas, todos se conocen, todos saben si este es o no de los nuestros, y es difícil infiltrarse o triunfar socialmente si se es foráneo. En el caso catalán, se trata de una élite, predominantemente barcelonesa, de conocidos y muchas veces emparentados, que se siente con derecho a ser dueña (política; pero no solo, como demuestra la familia Pujol) de toda Cataluña, para lo cual ha conseguido imponer un discurso que achaca todos los males a las interferencias de “Madrid”.

El nacionalismo se combina mal con el capitalismo y se explica difícilmente en términos de clase, pero, en cambio, se combina y se explica muy bien, como tantas otras pugnas identitarias, en términos de corporativismo y clientelismo.

Llamamos corporativismo a la tendencia de un grupo o sector social a reforzar su solidaridad interna y defender sus intereses y derechos particulares, anteponiéndolos a los principios de justicia, al interés general de la sociedad y a los perjuicios que puedan ocasionar a terceros. Es un fenómeno típico de núcleos humanos con lazos de parentesco, como clanes y etnias; y es muy común en el mundo mediterráneo, así como en amplias zonas de América Latina, Asia y África; son casos de “sociedad civil” fuerte, pero no beneficiosa.

En política económica, el corporativismo significa la reglamentación de la producción, el comercio y los precios por parte del Estado, que atribuye a grupos o cuerpos profesionales el control y la explotación exclusiva de cada sector productivo. Es lo más opuesto al libre mercado. Fue la organización típica del Antiguo Régimen, articulada alrededor de gremios y cofradías, y en tiempos modernos un corporativismo autoritario fue defendido por el catolicismo social, los fascismos y los populismos, que han pretendido superar la lucha de clases integrando a trabajadores, técnicos y empresarios en corporaciones unificadas, bajo control estatal. El corporativismo es también muy del gusto de los sindicatos y en el capitalismo moderno persisten importantes fenómenos neocorporativos.

Los nacionalismos, por definición, están imbuidos de espíritu corporativo: no solo porque las corporaciones dan identidad sino porque aseguran la estabilidad y la permanencia de las mismas élites en las posiciones de poder. A cambio, perjudican la libertad individual y la creatividad. Temen, al contrario que el capitalismo ideal, la libre competencia, la innovación y el futuro abierto.

El caso de la familia Pujol es una prolongación del corporativismo y el clientelismo

El catalanismo propiamente político se inició precisamente con un movimiento corporativo, como fue la pugna contra el Código Civil, a finales del XIX, dirigida por el Colegio de Abogados de Barcelona, asustado ante la posible competencia de letrados del resto de España (v. Catalonia’s Advocates, de Stephen Jacobson). Hasta entonces, ni la Renaixença ni los Jocs Florals habían tenido un contenido propiamente político: eran algo cultural y romántico, centrado en la lengua y los mitos históricos medievales. La batalla contra la codificación significó el despegue político; de ahí se pasó al Memorial de Greuges, las Bases de Manresa y la Lliga Regionalista, triunfadora electoral en 1901 (con el apoyo, por cierto, de los empresarios, que acababan de perder el apetitoso mercado cubano por la incompetencia del Estado español; los empresarios, por definición, son oportunistas políticos).

Pasemos al clientelismo. Este es un intercambio extraoficial de servicios y favores —básicamente, prestaciones a cambio de lealtad política— entre el Gobierno y ciertos grupos sociales (formales, como los sindicatos o las asociaciones profesionales, o informales, como segmentos de edad o de niveles de renta). Para asegurar su posición de poder, el patrón toma decisiones y asigna recursos a favor de sus clientes y estos le compensan con apoyo político. En la Roma clásica, de donde viene el término, cada patrón recibía la salutatio matutina de sus protegidos. Wikipedia lo compara, con razón, con la gran escena de El padrino en la que Don Vito, Marlon Brando, va recibiendo las peticiones de favores, y las expresiones de respeto, de los protegidos por la familia. En el Antiguo Régimen, los patronos fueron los terratenientes o sus adláteres —llamados en España caciques— y los clientes eran sus arrendatarios o peones.

Hoy día, el clientelismo es típico de los partidos políticos; es un patronazgo menos personal, más colectivo, y emplea recursos públicos. En el caso de los partidos nacionalistas, la recompensa para el cliente es la vinculación con la causa, la integración en el grupo; aunque el que recibe el marchamo de leal también se beneficia con becas, prestaciones o subsidios. El partido que le apadrina tiene una visión tan patrimonial del Estado como los viejos caciques; el Estado es mío, piensa, como si fuese su finca. Y como necesita financiación, recurre a fórmulas como la recalificación de terrenos o comisiones (el 3%, por ejemplo) por adjudicaciones de obras. Al ser todo clandestino, algún intermediario empieza a quedarse con parte del dinero que pasa por sus manos. Y se pasa del clientelismo a la corrupción.

El nacionalismo no es, pues, ni “burgués” ni capitalista. Su principal objetivo: asegurarse de que este trozo de pastel es solo nuestro, de los de aquí de siempre, de los que tenemos ocho apellidos, catalanes o lo que sea. Nada de libre mercado, excluyamos de la competencia a la mayoría de los posibles concurrentes. De ahí esas curiosas distorsiones que se producen en la política catalana: una sociedad en la que los apellidos más comunes son Pérez o García, que apenas existen en el Parlament representativo (véase Nacionalismo y política lingüística, de Thomas J. Miley).

El caso de la familia Pujol no es, pues, excepcional, como pretenden Mas o quienes quieren salvar el nacionalismo. Es una prolongación del corporativismo y el clientelismo practicados sin escándalo por CiU (y por cualquier Gobierno apoyado en políticas identitarias, sea catalán, vasco o andaluz). Y del clientelismo —favores por apoyo político— a la corrupción —favores por dinero— no hay más que un paso. Un paso difícil de evitar.

José Álvarez Junco es historiador. Su último libro es Las historias de España (Pons / Crítica).

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