Dilema en Bankia

La quiebra de Bankia fue el cénit de la crisis financiera española. La caída estrepitosa de la entidad exigió una inyección de 22.000 millones de euros para mantener abiertas las oficinas, un esfuerzo de capital avalado por todos los contribuyentes después de actuaciones más que discutibles de los Gobiernos y del regulador bancario. El recordatorio es oportuno para encuadrar correctamente la decisión del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) de vender el 7,5% del capital de Bankia dos años después de la crisis, a un precio de 1,51 euros la acción, operación por la que el Estado recaudará 1.304 millones. La venta, y sobre todo el volumen de la demanda de acciones, demuestran que el cambio de gestores en Bankia y sus decisiones empresariales han rendido sus frutos.

El Gobierno, que es finalmente el impulsor de la venta, esgrime razones de mercado para defenderla. La buena gestión de Bankia y el anuncio de resultados favorables (beneficio de más de 600 millones) ha elevado el valor de la acción; este podría ser un argumento de oportunidad. También sugiere que es necesario acelerar la venta (la maquinaria de asesores puesta en marcha para ejecutarla es muy aparatosa) para convencer a los mercados de que las intenciones reprivatizadoras son sólidas. En este sentido, la táctica a seguir consiste en nuevas ventas parciales en un plazo relativamente breve de tiempo si el ánimo de los inversores es el adecuado.

En resumen, estamos ante una venta con valor simbólico. Quiere transmitir o confirmar la idea de que la salvación del sistema bancario no solo ha concluido sino que la banca recapitalizada vive ya en una etapa de plena normalidad. La operación transmite a España y Europa que el caso Bankia está financiera y políticamente resuelto por efecto de medidas políticas de gran efectividad. Un problema menos.

Pero las interpretaciones nunca son unívocas. No son pocos los analistas, incluso directivos de la propia Bankia, que se preguntan (con razón) cuál es el coste de esta premura. El gestor público ha vendido las acciones a 1,5 euros, pero es muy probable que si hubiera dejado madurar el programa de reflotamiento del banco hubiera obtenido —y con él todos los contribuyentes— una remuneración superior.

La presunción es sólida. Bankia tiene proyecciones de crecimiento en las que se registra un aumento significativo de los beneficios hasta 2016, ejercicio en el que prevé llegar a los 1.200 millones. No hay razones para suponer que el valor de las acciones no llegue a los 2,8 euros, precio límite para recuperar los 24.000 millones aportados, en ese periodo. De hecho, hay una razón más a favor de la espera: el equipo de gestión de Bankia ha demostrado su capacidad; y el apalancamiento del capital aportado es relativamente barato, como en su día explicó el propio ministro de Economía. Así que debe reconocerse, al menos, que también había razones poderosas para esperar.