El tiempo de los derechos sociales

En 1990 se publicó un libro de Norberto Bobbio titulado en italiano: L’età dei diritti, formado por diversos trabajos del filósofo italiano. Este libro fue traducido al español como El tiempo de los derechos y publicado por la editorial Sistema en 1991. El autor quería poner de manifiesto con esta expresión que, aunque los derechos humanos son una categoría histórica que se remonta al inicio de la Edad Moderna, solo después de la Segunda Guerra Mundial se han convertido en patrimonio común de la Humanidad, se han internacionalizado y, por eso, estamos en el “tiempo de los derechos”.

Ahora bien, hasta ahora, en casi todas las Declaraciones internacionales y Constituciones nacionales los derechos reconocidos con las máximas garantías son los derechos denominados civiles y políticos o derechos de libertad, mientras que los derechos sociales han permanecido como la cenicienta de los derechos, dotados de un nivel de garantías disminuido, cuando no claramente degradado. Un ejemplo de ello es el artículo 53.3 de nuestra Constitución.

Se han aportado muchos argumentos para justificar esta degradación de los derechos sociales. El más importante y repetido de estos argumentos ha sido que para satisfacerlos son precisos medios económicos muy cuantiosos por parte del Estado y, cuando hay crisis económica, los poderes públicos no disponen del dinero suficiente para hacerles frente.

Ahora bien, entre estos derechos sociales se sitúan algunos tan importantes como el derecho a la educación, a la protección de la salud, a una vivienda digna y adecuada, al trabajo, a la protección social o a un mínimo vital y a la atención a las situaciones de dependencia. Numerosos documentos internacionales han insistido en la indivisibilidad de los derechos, tanto los civiles y políticos como los económicos y sociales. Con esta expresión se quiere decir que no es posible garantizar los derechos de libertad si no se garantizan también los derechos sociales, que se caracterizan por ser, primordialmente, derechos de prestación.

El individuo moderno es un ser absolutamente dependiente del medio social para subsistir

Pero es que esto, que ha sido verdad siempre, lo es mucho más en las sociedades desarrolladas contemporáneas. Un jurista alemán, Forsthoff, hablaba en los años cincuenta de la diferencia entre el espacio vital dominado y el espacio vital efectivo para hacer referencia a los ámbitos de que dispone el ser humano para vivir y satisfacer sus necesidades vitales. Mientras que en otras épocas históricas los seres humanos podían vivir de lo que cultivaban o de los animales que criaban en sus granjas o en sus casas, el individuo moderno es un ser absolutamente dependiente del medio social para subsistir.

El ser humano actual es más vulnerable que nunca a lo largo de la historia. Es verdad que existe la posibilidad de emprender una actividad económica en el marco de la economía de mercado, pero esta opción está fuera del alcance de muchas personas.

Sin embargo, la economía de mercado se presenta como un logro irrenunciable en nuestros días. Las experiencias de otros tipos de economía han resultado un fracaso o han devenido en dictaduras que desconocen los derechos humanos. Parece que las libertades políticas y la democracia han de ir de la mano de las libertades económicas. Ahora bien, un sistema de libre mercado de nuestros días, con la complejidad que presenta el modelo económico actual, no puede olvidar la situación de vulnerabilidad en que quedan las personas. No se puede abandonar a los/las ciudadanos/as a su suerte cuando hay momentos de crisis económica.

La crisis económica no puede servir de excusa para desmantelar el Estado del Bienestar o Estado social. Es, precisamente, cuando hay crisis económica cuando se hace más imprescindible garantizar los derechos sociales básicos, que podríamos identificar como: educación, sanidad, vivienda, trabajo, protección social o mínimo vital y atención a la dependencia. Podemos afirmar, pues, que ha llegado el tiempo de los derechos sociales.

Algunos ya se garantizan de forma generalizada en nuestro país como la educación y sanidad (aunque los recientes recortes están poniendo en peligro los logros conseguidos). Otros, como la protección social o el mínimo vital, alcanzan a un buen número de personas. En cuanto al derecho al trabajo, debería asegurarse, al menos, una renta de subsistencia para quienes no puedan conseguir un puesto en el mercado laboral. Para la atención de la dependencia ya existe una ley, solo hay que aplicarla. Y no sería tan difícil garantizar el derecho a la vivienda (existen fórmulas como el alquiler social).

Los ingresos hay que extraerlos de los impuestos de las grandes fortunas y las grandes compañías

Se puede argumentar que, cuando hay crisis económica, el Estado no tiene medios para hacer frente a los gastos que supone garantizar estos derechos a toda la población. Y esto puede ser verdad cuando se produce una catástrofe natural grave o una guerra. Pero las crisis económicas debidas a crisis financieras, como la que atravesamos, no es producto de una de estas circunstancias. El dinero existe, no ha desaparecido. Lo que sucede es que está en manos de unos pocos privilegiados, probablemente en paraísos fiscales.

Los Estados deben dictar una legislación (mejor a nivel constitucional) en que se garanticen los derechos sociales mínimos en todo caso, sobre todo, cuando hay crisis económico-financiera, porque es en ese momento cuando son más necesarios, cuando hay más personas en situación de necesidad grave por el incremento de los niveles paro.

¿De dónde obtener los medios económicos? Eso ya está inventado. Es un logro clásico de la socialdemocracia. Sobre todo, de los impuestos. Y, especialmente, de los impuestos de las grandes fortunas y las grandes compañías, cuyos ingresos se incrementan exponencialmente cada año.

Esto no puede hacerlo un Estado en solitario. Es un lugar común afirmar que, si un Estado aumenta mucho sus impuestos, las grandes compañías se irán a otro o, más bien, a los paraísos fiscales. La lucha contra los paraísos fiscales se presenta, así, como el gran reto económico y social de nuestros días.

Ha llegado el momento en que tiene que abordarse este problema, al menos los partidos socialistas tienen que hacerlo porque, si no es así, se han quedado sin ningún mensaje que lanzar a la ciudadanía. Ya no sirve la propuesta de gestionar la economía de mercado de forma más social pero sin tocar los pilares fundamentales de la misma: la acumulación excesiva de capital. Esto se ha demostrado insuficiente y está en el origen de la pérdida de confianza de los/las ciudadanos/as en los partidos de izquierdas.

Si se consigue una distribución más equitativa de la riqueza, entonces será posible garantizar los derechos sociales mínimos a toda la población de un país. Es posible hacerlo y no solo es posible; es imprescindible si se quiere mantener el sistema liberal-democrático de economía de mercado. Si no se hace, el propio sistema se hará insostenible por el empobrecimiento de grandes masas de población; las grandes compañías dejarán también de obtener beneficios y será cada vez más inminente el peligro de estallido social.

Encarna Carmona Cuenca es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá.