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Tribuna
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Cuentas y cuentos

Los datos que ofrecen los nacionalistas sobre el déficit fiscal catalán son falaces

A propósito del intento secesionista de los nacionalistas catalanes, resulta necesario discutir determinados posicionamientos que, lanzados con desparpajo desde esa posición ideológica, acaban convirtiéndose en verdades que se repiten para desconcierto de quienes acaban creyendo que los nacionalistas catalanes llevan toda la razón cuando aducen, en defensa de sus tesis, que el maltrato fiscal es la norma habitual de los diferentes Gobiernos españoles.

Así, por ejemplo, no ha habido sistema de financiación autonómica que no haya sido discutido, pactado y votado afirmativamente con y por Convergència y Unión de Cataluña. El resultado político y propagandístico de esos acuerdos siempre fue el mismo: cuando votaron sí en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se hizo creer a los españoles que el Gobierno de la Generalitat había salido ganando; a mitad del partido se hacía creer, al mismo público, que, de nuevo, Cataluña había resultado perdedora con unos modelos de financiación que parecía que se habían hecho a su medida, pero que, sin embargo, resultó que se habían elaborado para perjudicarla.

Se oyen, de cuando en cuando, frases en boca de políticos y de informadores que proclaman que “hay que reconocer que Cataluña no está bien tratada en el sistema de financiación autonómica”, sin que ninguno de ellos recuerde que cuando se aprobó no tuvieron empachos en reconocer la astucia de los negociadores catalanes para llevarse la parte del león en la negociación. Algunos, al objeto de no darles todas las bazas, argumentaban la ventaja que suponía que los votos de CiU fueran necesarios para dar estabilidad al Gobierno de España o para eliminar la sensación de que ese Gobierno apareciese como aislado ante la opinión pública.

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Cuando se aprobó el sistema de financiación no tuvieron empachos en reconocer la astucia de los negociadores catalanes

Cuando la Generalitat necesitó aportar más recursos a sus políticas, lanzó lo de las balanzas fiscales con el objetivo de apabullar al resto de las regiones, con cifras que analizaremos a continuación para demostrar lo incierto de la teoría nacionalista del maltrato centralista. Y ahora se despachan con el llamado principio de ordinalidad, haciéndonos creer a todos que ese principio es el que rige en los llamados Estados federales.

Según la Generalitat, el déficit de su balanza fiscal con el Estado (tomando los últimos datos de 2009) demuestra que está siendo expoliada por el resto de España. Y en efecto, algunos lo creen así porque, con cualquiera de los métodos con que se calcule, parece existir un déficit importante. Según el método de “flujos monetarios” (euros contantes y sonantes), el déficit sería de 16.409 millones de euros, y según el método de “cargas-beneficios” (más económica y menos monetaria) sería de 11.261 millones de euros. Primer error: ¿alguien se ha parado a preguntarse, para empezar, quién realiza esos cálculos? Porque el Gobierno central no ha sido (no lo hace desde 2007). La verdad es que son datos de la propia Generalitat. El Estado (el Instituto de Estudios Fiscales) no los calcula porque no existe consenso en la metodología y se utilizan políticamente los resultados que convienen a cada uno.

Según la calculadora que se utilice, las polémicas balanzas fiscales arrojan cifras para todos los gustos. La presentación de las balanzas fiscales de 2009 ha terminado siendo muy confusa. Si en ese año Cataluña hubiera sido un país independiente y no hubiera entregado un solo euro al Estado, las arcas de la Generalitat habrían tenido 791 millones de euros más que los que realmente tuvieron. Esta cifra es la diferencia entre los ingresos de la Administración central en Cataluña (46.195 millones) y los gastos del Estado en territorio catalán (45.403 millones). Cataluña aportó en 2009 el 19,3% de los ingresos de la Administración, mientras que recibe el 14% del gasto del Estado. Pero hay que precisar que el 14% lo es sobre una cantidad mucho mayor que el 19%, porque el gasto público es bastante mayor que los ingresos (por eso hay déficit), que además se cubre con endeudamiento.

El Estado no calcula las balanzas fiscales porque no existe consenso en la metodología

Segundo error: cuantificar todas las cargas y beneficios que Cataluña obtiene y soporta por pertenecer al Estado. Resulta que los beneficios que obtienen del Estado superan a las cargas en 4.015 millones de euros. ¡Sorpresa! Tendrían saldo positivo. ¿Pero eso es posible? Según la Agencia Tributaria, entre 2007 y 2009, la recaudación de los ingresos estatales cayó en Cataluña un 33%, mientras que los gastos y subsidios pagados por el Estado aumentaron (todo ello por efecto de la crisis). ¿Los demás datos están bien calculados? Para muestra un botón, o dos: el Estado gasta en política exterior 864 millones de euros. Si imputamos estos gastos a Cataluña en función de su población (16%) saldrían 138 millones. Parece lógico ¿verdad? Pues ellos, sin ninguna literatura que lo sustente, se imputan 1 millón (y así podríamos seguir un buen rato con Justicia y todo lo demás). Y en cuanto a los ingresos, más de lo mismo: se imputan como ingresos de Cataluña todos los impuestos sobre la renta, IVA, especiales, etcétera, pagados allí por no residentes en Cataluña.

Para terminar de arreglarlo resulta que, a diferencia de lo que hacían antes, ya no tienen en cuenta el saldo de ingresos y gastos de la Seguridad Social en Cataluña (¡qué olvido!), donde curiosamente tienen un saldo positivo de 1.890 millones.

No es cierto que todos los Estados federales acepten el principio de ordinalidad

Lo de la ordinalidad no debe tratarse de un error sino de ignorancia. Principio de ordinalidad, versión nacionalista: una comunidad autónoma debe mantener el mismo lugar en el ranking por impuestos recaudados per capita en dicho territorio que en el ranking por gastos per capita realizados posteriormente por la Administración General del Estado en esa comunidad. Dicen que ocurre en todos los Estados federales; en todos menos en muchos, entre ellos en EEUU, donde ese principio brilla por su ausencia; Internet permite averiguar con rapidez qué pasa en el mundo, cualquiera que sea el tema sobre el que se quiera estudiar. Basta con asomarse al informe de la Tax Foundation, agencia que se dedica desde 1937 a analizar la fiscalidad estadounidense, para saber que en ese Estado federal ese principio no solo no es como nos cuentan los nacionalistas, sino que la solidaridad entre los Estados federados es mucho mayor de la que se practica en el Estado autonómico español.

Esa agencia publica año a año, desde 1981, la tabla de Impuestos Federales Pagados vs Gasto Federal Recibido. El último dato disponible corresponde al año 2005. Aleatoriamente he sacado las posiciones que ocupan los diferentes Estados en función de lo que contribuyen a las arcas de la Unión y de lo que reciben del Gobierno federal. Por citar algunos ejemplos, el Estado de Alabama, que en la contribución per capita ocupa el puesto 42º, tras las aportaciones federales pasa a ocupar el puesto noveno en ingresos per capita federales. Alaska pasa del puesto 18º al puesto número 1. California, que con su aportación per capita se coloca en el puesto noveno, se sitúa en el 38º en el ranking federal de ingresos per capita. Connecticut, que resulta ser el mayor contribuyente per capita de EEUU, pasa a ocupar el puesto número 13º en ingresos federales. Misisipi, que ocupa el último lugar en contribución personal, pasa al puesto número 10º tras la solidaridad interestatal norteamericana.

De lo reflejado en el informe se puede ver cómo Alabama aporta 5.434 dólares por persona a la Hacienda Federal, mientras que de esa Hacienda, ese Estado recibe per capita 9.263 dólares. California contribuye con 8.028 dólares por persona y recibe 6.709. Connecticut entrega 11.522 dólares y recibe 8.795.

No es cierto que las cosas sean como nos las quieren pintar o colar.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.

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