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Dolce y Gabbana deben pagar más de 340 millones al fisco italiano

El Tribunal Fiscal de Milán condena a los creadores a devolver el dinero defraudado a Hacienda

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Los diseñadores Stefano Gabbana y Domenico Dolce, el pasado 21 de marzo en un desfile de su última colección.

Tan italianos a la hora de aprovechar los tópicos sicilianos para publicitar sus prendas, pero a la vez tan poco patrióticos cuando toca pagar los impuestos. Finalmente, la justicia ha dictaminado que Domenico Dolce y Stefano Gabbana, dos de los diseñadores más famosos del mundo, tienen que devolver a Hacienda ni más ni menos que 343,4 millones de euros. Se trata de una sentencia en la que el sábado el Tribunal Fiscal de Milán confirmó la decisión de la primera instancia, que condenó a los padres de la firma Dolce & Gabbana por evasión fiscal en noviembre de 2011. En aquella ocasión, ambos diseñadores no dudaron en apelar el fallo, pero la jugada, de momento, les ha salido mal.

La guerra de los reyes del made in Italy contra Hacienda se viene librando desde hace varios años. En 2004, ambos modistos crearon dos sociedades en Luxemburgo, con las que se compraron a sí mismos por un precio de 360 millones de euros gran parte de su imperio de la moda. Sin embargo, acabaron gestionando las ganancias de igual manera, solo que bajo las leyes fiscales de aquel pequeño estado, donde el impuesto de sociedades es muchísimo más bajo que el italiano, uno de los más caros del mundo. El chollo era evidente. Tanto, que las operaciones, aunque bien encubiertas, despertaron las sospechas de la policía fiscal. En 2010, los diseñadores fueron acusados de haber montado “una caja fuerte” en el extranjero, para “generar una planificación fiscal internacional ilícita con el único objetivo de ahorrarse impuestos”. La Fiscalía de Milán vio en sus operaciones delitos de fraude fiscal y de estafa contra el Estado.

La sesión preliminar del juicio, sin embargo, se cerró con la suspensión de los cargos: “La transferencia se desarrolló a la luz del día”, escribió entonces el juez. Tras meses de batalla en los tribunales, a finales de 2011 el Supremo volvió a abrir el juicio, al considerar que sí existían motivos suficientes para que los dos creadores se sentaran en el banquillo. En noviembre de aquel año llegó la sentencia de la primera instancia: la operación en Luxemburgo era ilícita porque los diseñadores pagaron apenas 360 millones, cuando, según los investigadores, la parte de la empresa que compraron valía más de 730. Ahora Hacienda gana su segunda gran batalla y pide su dinero de vuelta. Para evitar meterse la mano al bolsillo, Domenico y Stefano solo tienen una opción: jugar su última carta ante el Supremo.