ANÁLISIS

Menos poder a los viejos consorcios, más pluralidad de medios en México

El mercado requiere competencia, contraste y autoridades que hagan cumplir las reglas

En México una sola empresa controla el 80% de la telefonía alámbrica y otra, filial suya, el 70% de la telefonía celular -o móvil-. Dos empresas más acaparan el 94% de las frecuencias para televisión comercial. Esos consorcios tienen tanta influencia que no se puede considerar que haya un auténtico mercado en las telecomunicaciones y la radiodifusión. Pero además, el poder político que han acumulado en no pocas ocasiones ha pesado en decisiones de los principales partidos y del gobierno mismo.

Demasiados políticos en México, durante largo tiempo rehusaron desafiar el poder de Televisa y Televisión Azteca porque temían ser excluidos de las pantallas de televisión. Por eso las reformas a la Constitución que este lunes anunciaron el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos políticos nacionales han sido sorpresivas para muchos.

Esas reformas afectan también a los monopolios de la telefonía alámbrica y celular en manos de Carlos Slim. Dentro de pocos meses, si las previsiones establecidas en esas modificaciones constitucionales se cumplen, las empresas de telefonía y radiodifusión que tengan más del 50 por ciento de usuarios, tráfico en sus redes o capacidad instalada, deberán vender parte de sus activos hasta ajustarse a ese límite.

Lo que propiciarán esos cambios es que haya mercado con competencia y contraste, para lo cual siempre hacen falta reglas y autoridades capaces de hacerlas cumplir. Esa tarea estará a cargo de un Instituto Federal de Telecomunicaciones con autonomía respecto del gobierno y encabezado por siete comisionados que serán designados por el Senado, a propuesta del presidente de la República y en un complejo pero rápido proceso en el que no podrán participar quienes en los últimos cinco años hayan sido directivos en empresas de esos ramos.

Tras décadas de monotonía en televisión (las únicas cadenas nacionales pertenecen a Televisa y TV Azteca) los mexicanos tendrán otras opciones. Habrá dos nuevas cadenas nacionales en cuya licitación no podrán participar las empresas que ahora acaparan el escenario audiovisual. Y al terminar 2015 el país deberá haber concluido el tránsito a la televisión digital con un candado adicional para las actuales televisoras: el aprovechamiento de los canales digitales que puedan transmitirse en las frecuencias utilizadas hasta ahora de manera analógica, estará sometido a las reglas que establezca el nuevo Instituto, tomando en cuenta criterios de competencia y calidad. Las televisoras, que hasta ahora confiaban en explotar esos canales adicionales, tendrán que compartirlos con otras empresas e instituciones.

La televisión de paga, que actualmente llega al 40% de los hogares, también tendrá una inyección de diversidad. Hasta ahora Telmex, la empresa de telefonía fija propiedad de Slim, tiene prohibido ofrecer servicios de televisión a través del cableado telefónico. Esa limitación desparecerá, del tal manera que sus suscriptores podrán recibir telefonía, Internet y televisión en un mismo paquete.

Al mismo tiempo las empresas de televisión abierta, que acostumbraban presionar a las empresas de televisión de paga regateándoles la autorización para incorporar sus señales en los servicios de cable o satélite que ofrecen, estarán obligadas a permitir la retransmisión de sus contenidos. Hace nueve años Televisa expulsó del mercado mexicano a DirectTV al rehusarse a que esa empresa de televisión satelital retransmitiera sus canales de televisión abierta. Gracias a ello Televisa consiguió que su propia empresa, Sky, se quedara con todos los suscriptores de televisión satelital. Esas prácticas no serán posibles con las nuevas reglas.

La reforma a media docena de artículos de la Constitución mexicana incluye la creación de un organismo que desarrollará un sistema nacional de radiodifusión pública. Ese organismo tendrá recursos propios, autonomía respecto del gobierno y un consejo ciudadano que orientará su política editorial. Se trata de los tres principios básicos que animan las mejores prácticas de radiodifusión pública en el escenario internacional.

Un ambicioso programa para llevar Internet a las zonas rurales y marginadas a través de una nueva red de telecomunicaciones, comenzaría a remediar otra enorme ausencia en las políticas públicas. Hasta ahora padecimos una casi absoluta omisión del Estado mexicano respecto de la sociedad de la información.

El costo económico, pero también político y cultural que ha tenido para México el abandono de las políticas públicas en tales terrenos explica la coincidencia de los tres partidos políticos nacionales (PAN, PRD y PRI) junto con el gobierno, para apuntalar esas reformas constitucionales. También ha influido la prepotencia de las televisoras, cuyas prácticas para amagar o desconocer a los actores de la vida pública cuando no se ajustaban a sus intereses han sido bien conocidas en México. Hace no mucho tiempo Televisa borró en sus noticieros (sí, borró, como hacía Stalin en los cuadros y fotografías en donde despintaba el rostro de sus opositores) la imagen de un legislador del PAN que había respaldado una reforma legal mucho más tímida que la que ahora se ha presentado.

La propuesta de reformas constitucionales debe transitar por un proceso que incluye la aprobación de dos tercios en las dos cámaras del Congreso y luego de más de la mitad de los congresos en los estados. Luego, tendrá que elaborarse una legislación para radiodifusión y telecomunicaciones que reemplace a las leyes ahora existentes. Tales pasos sólo podrán cumplirse si los partidos políticos y el gobierno mantienen la cohesión que han mostrado en la redacción y el anuncio de esta iniciativa.

Se trata de un cambio histórico. Ese adjetivo se utiliza tan a menudo que ha perdido fuerza. Pero si reconocemos que el déficit más importante de la transición política mexicana ha sido la ausencia de cambios en el régimen legal para los medios de comunicación y si recordamos que esa ha sido la bandera de grupos sociales como los estudiantes universitarios que durante la campaña presidencial del año pasado se movilizaron por una reforma en los medios, tendremos que reconocer que la decisión de Peña Nieto y los partidos políticos es fundamental. Y, sí, histórica.

Raúl Trejo Delarbre es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ex presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) http://www.amedi.org.mx/sitio_anterior/spip.php?article1804

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