Julian Assange: fraude al Estado de derecho

La algarabía en torno a la concesión de asilo por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, oculta las esenciales incoherencias subyacentes. Sólo examinando éstas entenderemos lo que realmente está en juego.

Para empezar, Ecuador, cuya política en materia de libertades en general y libertad de prensa en particular, es todo menos abierta, enarbola la bandera del Estado de derecho y el respeto a la libertad de expresión, al tiempo que arroja dudas sobre Suecia, un país líder en materia garantías procesales y el derecho internacional.

Esta incongruencia se completa con Baltasar Garzón, quien debe su proyección internacional a la exitosa petición de extradición de Augusto Pinochet, basada en una interpretación estricta del asilo político, que ahora, a la cabeza del equipo jurídico de Assange, defiende una posición radicalmente opuesta.

El rechazo de Assange de la extradición a Suecia para ser cuestionado por acusaciones de agresión sexual, se basa en la supuesta interferencia en el caso por parte de los Estados Unidos, sin perjuicio de que ésta no se haya materializado en forma ni manera algunas. Así, mientras Ecuador ondea la bandera del colonialismo británico, lo esencial reside en que tanto Assange cuanto Garzón o el presidente Rafael Correa de Ecuador están utilizando la vieja y conocida consigna de “echar la culpa a los Estados Unidos” para evadir la Orden de Detención Europea dictada con plenas garantías procesales en contra del primero, y con firmada por el Tribunal Supremo de Reino Unido.

La transcendencia de este asunto reside, más allá de los datos concretos que lo integran, en el ascenso de un cierto tipo de populismo que se envuelve en el Estado de derecho a la vez que, invariablemente, socava su alcance y respeto. Las altisonantes recientes declaraciones de Ecuador relativas al caso, de las que se ha hecho especial eco la organización internacional ALBA, que integra al país andino con otros regímenes bien conocidos por situarse en los márgenes de la comunidad internacional, como Venezuela y Cuba, desvían la atención respecto de la realidad en materia de libertad de prensa y, en general, de garantías legales. Ecuador ocupa el número 104 de 179 en la lista elaborada en 2011-2012 por Reporteros sin Fronteras (RSF), y es etiquetado como “parcialmente libre” con tendencia a la baja por el Índice de Freedom House (FHI) correspondiente a 2012.

Garzón defiende una posición opuesta a su petición de extradición de Pinochet

Merece también la pena señalar que Venezuela, el principal miembro de ALBA, no recibe mejor clasificación (número 117 en la tabla de RSF y también “parcialmente libre” según FHI). En marcado contraste, Suecia es uno de los dos Estados que consiguen excelentes puntuaciones tanto en lo referente a libertades políticas como sociales, a la vez que encabeza el grupo más distinguido de la tabla de RSF.

Prescindiendo de las cifras, las mencionadas organizaciones de control denuncian cómo Ecuador viene padeciendo un deterioro de las libertades debido a la constante campaña de su presidente Rafael Correa en contra de los medios de comunicación que les son críticos, al uso por parte del gobierno de recursos estatales para influir en el resultado de un referéndum, y a la reorganización de la judicatura en flagrante violación de las disposiciones constitucionales. Entretanto, el reciente informe del International Crisis Group sobre Venezuela, de junio de 2012, se extiende en comentarios sobre la organización de las próximas elecciones plagada de irregularidades, al tiempo que destaca la inexistencia de una igualdad de condiciones en los medios de comunicación.

Assange, Garzón y Correa utilizan la vieja y conocida consigna de “echar la culpa a Estados Unidos” para evadir la Orden de Detención Europea

Todas estas contradicciones quedan reflejadas, con alarde de lógica populista, en una declaración del mismo presidente —de mayo de 2012— en la que afirma “saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación tratando de decir la verdad; y tiranos, autócratas, dictadores tratando de evitar aquello. No es verdad. Es al revés. Los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías somos perseguidos por periodistas que creen que, por tener un tintero y un micrófono, pueden desahogar hasta sus desafectos. Porque muchas veces es sólo por antipatía que se pasan injuriando, calumniando, etcétera. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. […] Se imagina usted, si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España […].Que no nos engañemos. Saquémonos esas falsedades y estereotipos de gobiernos malvados persiguiendo angelicales y valientes periodistas y medios de comunicación. Frecuentemente es al revés...”. Causa estupefacción añadida que esta manifestación surgiera en un encuentro televisado, nada menos que con Julian Assange, el autoproclamado “cruzado” de la libertad de expresión, emitido por un canal ruso propiedad de Vladimir Putin.

Lamentablemente, la caricatura del Estado de derecho pergeñada por Assange, Correa y otros populistas gana adeptos en amplias franjas de las opiniones públicas del globalizado mundo de hoy. Y el peligro radica en la aplicación contradictoria y selectiva de principios y preceptos jurídicos o cuasi jurídicos que constituye el sello distintivo del fenómeno al que nos enfrentamos, y su radical incompatibilidad con la previsibilidad y generalidad en que se funda el imperio de la ley. Mediante la distorsión de la realidad y la presentación deformada del sistema legal sueco, reconocido portaestandarte de la seguridad jurídica y la imparcialidad, así como del profesionalismo, los paladines de esta subversión socavan los cimientos de un sistema internacional que actúa de barrera contra los impulsos totalitarios.

Sin perjuicio de lo anterior, el aspecto más sorprendente del caso Assange reside en el estruendoso silencio de aquellos actores e instituciones cuya existencia y legitimidad dimana de la integridad del concepto del Estado de derecho. Empezando por la Unión Europea, cuyo mutismo no cabe más revelador. La página Web oficial del Servicio Europeo de Acción Exterior recoge una superabundancia de pronunciamientos y condenas relativos a cuestiones que van de Siria a Madagascar pasando por Tejas, pero una búsqueda de la voz “Assange” muestra una única entrada de abril de 2012 sobre la reacción de Hassan Nasrallah a Wikileaks.

Nadie, ni el a menudo prolijo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ni el siempre escurridizo presidente del Consejo, Hermann von Rompoy, ni la cautelosa Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, han considerado que valga la pena salir al paso de infundadas críticas lanzadas contra dos de sus Estados miembros, ni defender un instrumento pregonado cómo fundamental de la Unión —la Orden de Detención Europea—, origen de la detención de Assange por las autoridades de Reino Unido.

¿Cómo es que la Unión Europea, criticadísima por su proclividad a realizar declaraciones y manifestaciones, permanece muda acerca de este asunto, en el que su voz no sólo tiene sentido, sino que podría también tener influencia? Es, pues, hora de que las voces del liderazgo europeo se alcen altas y claras, marcando una dirección que, así lo esperamos, inspire a otros dirigentes y organizaciones internacionales.

Ana Palacio es miembro del Consejo de Estado.

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