La satisfacción inicial por el rescate bancario del pasado sábado, una operación necesaria para recuperar la credibilidad del sistema financiero español, sufrió ayer dos correcciones importantes. Por una parte, tanto el ministro alemán de Economía, Wolfgang Schäuble, como el comisario Joaquín Almunia, recordaron con meridiana claridad que la ayuda europea a España, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) implica una vigilancia estricta sobre el déficit español, a cargo de la troika. Siendo la operación de rescate bancario muy positiva para España, no es incondicional: lleva aparejada una vigilancia cercana de la política económica, puesto que la deuda resulta acrecentada en 100.000 millones. Ni era creíble una aportación de capital tan cuantiosa sin contrapartidas ni, a partir de ahora, el Gobierno debería insistir en esa versión edulcorada que convierte el rescate en un simple préstamo a bajo tipo de interés. Cuanto antes abandone el negacionismo y acepte la pérdida de autonomía inherente al rescate, tanto mejor.

El segundo jarro de agua fría lo arrojaron los mercados. La prima de riego volvió a dispararse por encima de los 520 puntos. Razones de peso explican este comportamiento del diferencial de deuda, tan contrario al que intuitivamente avanzaron los primeros análisis del rescate. Pesan las dudas sobre Grecia que, tras el rescate bancario del sábado, se ha convertido en el problema más grave de la eurozona. Una eventual salida de Grecia del euro causaría un impacto importante sobre el sistema financiero de la eurozona y graves consecuencias para países como España. Pero la razón más próxima tiene que ver con el papel del Banco Central Europeo. El rescate recobra la confianza en una política conjunta y coordinada en el área euro, pero requiere que el BCE deje claro ante los inversores que actuará contundentemente ante cualquier elevación significativa del diferencial español; porque si ese respaldo no se produce, el coste de financiación de la deuda española convertirá los 100.000 millones en una losa añadida para la solvencia soberana. El BCE no es un intermediario inocente; tiene responsabilidades en la estabilidad de la eurozona y una de ellas es limitar las tensiones sobre la deuda.

Hasta ahora se desconocen los términos exactos del rescate. Solo se sabe que el FROB, del que es responsable subsidiario el Estado, dispondrá de hasta 100.000 millones para recapitalizar las entidades dañadas. Pero los mercados se mueven por los detalles. Debería informarse con rapidez del plazo del préstamo, el tipo de interés y el orden que ocupa en caso de impago. Es un error tomar una decisión y demorar su aplicación. El Gobierno debería ser consciente de que los inversores y los ciudadanos esperan disponer rápidamente de un esquema claro para distribuir la ayuda europea entre las entidades que lo necesiten. No habría que diferir la recapitalización efectiva a causa de un método erróneo o con excesivo plazo de tramitación. Cuanto antes reciban el capital las entidades, antes se iniciará el proceso de recuperación del crédito.

Quedan pues muchas tareas pendientes. Y debería aprenderse una lección fundamental: Europa necesita poner en marcha una unión bancaria. La solvencia de países tan importantes para la zona monetaria como España no puede quedar al albur de tensiones en los mercados, producidas por debilidades nacionales corregibles desde una política conjunta. Europa necesita un Tesoro único, más homogeneidad fiscal, un mecanismo global de actuación contra las crisis bancarias, similar a una inyección directa de capital desde los fondos europeos a los bancos, y un supervisor bancario único. Así, las crisis bancarias futuras serán menos traumáticas que la actual.