Alguna vez pudimos creer...

Alguna vez pudimos creer que este era un país sobrio, escarmentado y serio, que sabía a quién quería parecerse y adónde llegar. Produce opresión comprobar hasta qué extremo algunos representantes de nuestras instituciones han entrado en un mundo de corrupción, unos económica y otros intelectual, capaz de ponerse por montera esas mismas instituciones que integran y de pisotear el respeto que deberían a los ciudadanos con gestos de fanfarronería insoportable. La actitud de los miembros del Consejo General del Poder Judicial es necia, torpe y falta de inteligencia y nos están asombrando con su arrogancia. ¿Siete vocales a favor de que dimita Gómez Benítez, y cinco, de que lo haga Dívar? ¿Dónde se han creído que están? ¿Recuerdan que son los responsables de organizar el Poder Judicial en España?

La mayoría de los ciudadanos de este país son respetables porque cumplen la ley, pagan impuestos y procuran comportarse con consideración con sus vecinos. No deberían dejarse acoquinar ni anestesiar ante lo que ven y padecen. En el campo económico, por ejemplo, no debería existir tampoco discusión sobre la creación de una comisión parlamentaria que investigue lo ocurrido en Bankia.

El Gobierno nos ha exigido que dediquemos a reflotar un banco bastante más dinero del que ha considerado necesario retirar de la sanidad y de la educación. No es demagogia. Es la realidad. Seguramente es necesario destinar unos 19.000 millones como mínimo al saneamiento de Bankia, porque de ello depende la salud del sistema financiero en su conjunto. De acuerdo. Pero que se pretenda hacerlo sin que el Parlamento investigue lo ocurrido es un escándalo, algo que merece la indignación pública.

¿Cómo confiar en que las cuentas de Bankia se van a llevar bien a partir de ahora y en que se recuperará el dinero invertido por los ciudadanos en su reflotamiento? El ministro de Economía asegura con seriedad que ambas cosas están garantizadas, pero la cuestión es que en las cajas que componen Bankia (y en otras muchas entidades) se han cometido anomalías que han repercutido, y están repercutiendo, sobre nuestras vidas. El propio Guindos afirmó en el Congreso que Bankia es “un caso paradigmático” de los errores cometidos por las entidades financieras y que tanto la fusión de Caja Madrid y Bancaja como la salida a Bolsa de la nueva entidad resultante “no fue adecuada”.

Si Bankia es el mejor ejemplo de los “errores” cometidos, ¿por qué no se permite una investigación que aclare lo sucedido, determine si además de errores hubo vulneración de la ley y ayude a establecer pautas para que esos casos no vuelvan a producirse? ¿Pretende alguien que los ciudadanos nos conformemos con el hecho de que ha llegado a la cúpula de la entidad un nuevo equipo y que ese equipo es más profesional? ¿Con la promesa de que el Banco de España y el Ministerio de Economía estarán ahora más atentos y sus análisis serán más finos? ¿En serio?

Insistamos sin miedo. En este país, los servicios públicos, la educación, la sanidad o las pensiones no han tenido nada que ver, absolutamente nada, con la crisis, que ha nacido, se ha alimentado y ha estallado en el mundo financiero. Seguramente es cierto que la educación, la sanidad, las pensiones y la legislación laboral debían ser objeto de profundas reformas que permitieran a la economía española ganar competitividad y eficiencia. Pero una cosa es reformar, y otra, recortar a toda prisa y casi a bulto para que las cuentas cuadren. Si hay que recortar así, es como consecuencia de un agujero creado por los gestores de las inversiones, españolas e internacionales; si no todo ellos, sí al menos en parte. Y está claro que esos gestores volverán a hacer lo mismo si no se les impide. Basta con comprobar lo que sucede en Estados Unidos, donde JP Morgan acaba de destapar un nuevo escándalo (¡cuatro años después de Lehman Brothers!).

Para no sufrir una y otra vez las mismas situaciones, hay que dejar aclarado lo sucedido en España. No es posible salir de esta situación sin una comisión de investigación sobre Bankia. Tampoco sin la dimisión de Carlos Dívar. Digamos no, de ninguna manera, y busquemos la palanca para desatrancar esas puertas, que no tienen que ver con mayorías parlamentarias ni con la oposición, sino con la calidad del hecho de ser ciudadano. solg@elpais.es